Juzgados han revisado 80 prisiones preventivas y 30% han sido modificadas

Más de 80 prisiones preventivas ha revisado la Defensoría Penal Pública (DPP) desde que se desató la crisis sanitaria por la propagación del Covid-19 en el país. De entre esos casos –que corresponden a personas en situación de riesgo, como adultos mayores y pacientes crónicos- cerca del 30% ha quedado en libertad.

Según indicó a El Día la jefa regional, Inés Rojas, el objetivo que quienes se encuentran enfrentando un proceso penal puedan optar a otras medidas cautelares, como el arresto domiciliario total, para prevenir que se vean afectados por eventuales focos de contagio.

“Esta es la primera etapa (…) el resto se ha mantenido privados de libertad, pero les damos la tranquilidad de que estamos cautelando sus derechos y preocupados de la situación que se vive al interior de los penales. Esta es la primera etapa, en la segunda se van a revisar todas las otras prisiones preventivas de la región”, señaló Rojas.

En cuanto a los controles de detención, la defensora indicó que “los delitos que han ocurrido en este tiempo de pandemia han bajado mucho y los fiscales han privilegiado pasar a control los delitos graves, que en realidad son bastante pocos” y en el mismo sentido “son pocas las nuevas prisiones preventivas que se han decretado”.

Cabe señalar que quienes se encuentran con este tipo de medidas aún no han recibido veredictos ni sentencias por parte de un tribunal y se encuentran en pleno proceso de investigación por parte de la Fiscalía.

Indulto conmutativo

Este fin de semana comenzó a ponerse en marcha también la ley de indulto conmutativo, que permite a condenados por delitos menores y en población de riesgo, acceder a otras formas de condena para descongestionar las cárceles.

Según las cifras de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en la Región de Coquimbo son 77 los internos beneficiados, que tendrán un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual deberán dar cuenta de su cumplimiento con el arresto domiciliario cuatro veces al día, además de “llamadas sorpresa” que realizará Gendarmería.

En la DPP valoran la ley y recalcan que “lo importante es que las personas tengan claro que le indulto no está referido a delitos graves. No estamos hablando de que van a salir personas que hayan cometido delitos violentos, sexuales y otros graves”, señaló Inés Rojas

“Acá se beneficia a personas que son adultos mayores, mujeres con hijos menores o embarazadas y personas con enfermedades crónicas, condenadas por delitos de baja penalidad, que hayan cumplido bastante tiempo de su condena, por tanto, no hay que tener temor por estas personas que van a salir en libertad”, agregó la abogada.

Situación de las cárceles

La Defensoría ha mantenido las visitas a los penales de la región a través de su jefa de Estudios y “la situación que vemos por ahora es de calma, porque ha habido un gran trabajo de gendarmería de poder ir comunicándoles (a los internos) la situación que se va dando día a día y las medidas que se van tomando”, dijo Rojas.

Actualmente el Centro Penitenciario La Serena (Huachalalume), así como los otros penales de la Región de Coquimbo, no se encuentran con hacinamiento y se están tomando medidas para prevenir focos de contagio, partiendo por la suspensión de visitas de familiares, que ya no se están realizando.

En sus visitas la DPP constató que se han realizado otras acciones como garantizar el agua y jabón para el lavado de manos y la instalación de un centro de salud y módulos especiales con equipamiento necesario para mantener a personas contagiadas. “Lo otro que se ha hecho, y que nosotros valoramos mucho, es que se segregó a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas a módulos especiales donde están protegidos”, añadió.

Traslado de internos

El problema que advirtieron desde la institución es el traslado de internos desde otros penales, que “podría provocar algún problema con la población penal de nuestra región”, aunque el único movimiento anunciado es el de tres jóvenes que llegan a la cárcel de Huachalalume desde la sección juvenil del penal de Puente Alto, en la capital.

“Por lo que nos han señalado, no tendrían peligro de contagio, sin embargo creemos que es necesario que se les haga los test respectivos para que, tanto la población penal como los funcionarios de Gendarmería, puedan estar tranquilos”, sostuvo la defensora regional.

Inés Rojas insistió en que “la labor que estamos realizando encada uno de los penales es para la defensa de los derechos de las personas” y pese a que reconoce que “aún falta” comprensión ciudadana del trabajo de la Defensoría, “ha tomado relevancia en el sentido de que defendemos personas, no delincuentes”.