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Lautaro Carmona
La mujer, que fue imputada por parricidio e incendio tras los fatídicos hechos sucedidos el 26 de noviembre del año pasado en la Villa Talinay, está aún en dependencias del Área de Salud del complejo de Huachalalume. Esto, como medida preventiva para evitar cualquier tipo de rencillas hacia ella. El 28 de noviembre finaliza el plazo de investigación de parte del Ministerio Público.

No cabe duda que se trató de uno de los hechos más estremecedores de los últimos años en la Región de Coquimbo. Ocurrió el 26 de noviembre del año pasado, cuando en el Pasaje San Anacleto de la Villa Talinay en la comuna puerto tuvo lugar la muerte de Melissa Chávez Ardiles, de 12 años, presuntamente a manos de su propia madre, Mirta Ardiles. Asimismo, tratando de generar nuevas coartadas, ella habría intentado incendiar la vivienda para no dejar evidencias.

Pese a que en un primer momento negó toda posibilidad de haber perpetrado la muerte de su hija, diversas diligencias terminaron con su detención, hasta ser formalizada por el Ministerio Público en febrero de 2021, iniciando con ello una investigación que se estableció en principio por  180 días. En paralelo, Ardiles, debía cumplir prisión preventiva en la Unidad de Salud del Complejo Penitenciario de La Serena.

Una vez transcurrido ese tiempo de investigación, la Fiscalía solicitó ampliar el plazo de las indagatorias por 120 días, lo que fue concedido por el Tribunal de Garantía. Según indicó en aquella oportunidad el fiscal regional, Adrián Vega, “hubo dificultad para acceder a la evidencia tecnológica (las especies incautadas, como teléfonos o computadores) y también quedaron algunas dudas respecto del informe histológico del SML para afinar las conclusiones de la autopsia de ciertos elementos que interesan a la Fiscalía para establecer los hechos”.

 

La vida de Mirta

Mientras sigue la investigación, que continúa hasta la fecha, Mirta Ardiles prosigue en prisión preventiva, de acuerdo a lo fijado por las autoridades correspondientes.

Si bien en un momento su defensa reclamó que no se le ofrecían condiciones “dignas” ni que tampoco habría podido comunicarse con su abogado, Nicolás Pavez, finalmente tras un recurso de amparo se ordenó a Gendarmería coordinar contacto entre Mirta y su representante. Todas esas dificultades se habrían subsanado.

El director regional de Gendarmería, Rubén Pérez, comentó a El Día que “la semana pasada me entrevisté con la interna en dependencias del Área de Salud. Ella se encuentra sola en ese sector y se ha mantenido ahí desde el inicio de su reclusión por orden judicial, esto como una medida preventiva”.

En esa línea, Pérez subrayó que su contacto con el resto de la población penal puede, “en el contexto carcelario, donde los ánimos son evidentemente tensos, generar problemas, debido a la naturaleza del crimen que se le imputa”.

Pérez aseguró que “la imputada se encuentra tranquila y está recibiendo atención psicosocial. También se han tramitado los contactos telefónicos cada vez que ella los ha requerido con el medio externo, lo que ha tenido lugar de forma esporádica”.

En ese sentido, los llamados telefónicos de Mirta Ardiles son exclusivamente de familiares.

Cabe destacar que también se han producido visitas presenciales de los suyos, en la medida que estos allegados se han interesado en asistir al centro penitenciario. “Esto, entendiendo que en esencia una visita es un acto voluntario, y por lo tanto, muchas de éstas no están determinadas por la administración penitenciaria, sino por el interés y la posibilidad que tengan los familiares de asistir a ese lugar”, comentó.

De acuerdo a la autoridad penitenciaria, Mirta Ardiles “se encuentra bien, se le aprecia lúcida, no está de mal ánimo, y hasta que la autoridad judicial lo determine la mantendremos en ese lugar. Cuando se determine que debe pasar a patio común, así se dará cumplimiento. Nosotros somos una institución obediente de los dictámenes de los tribunales y también es nuestro deber desde el punto de vista humanitario proteger a las personas, reduciendo las posibilidades de que se concreten hechos de violencia”, concluyó Rubén Pérez.

 

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