familiares

La mujer, que fue imputada por parricidio e incendio tras los fatídicos hechos sucedidos el 26 de noviembre del año pasado en la Villa Talinay, está aún en dependencias del Área de Salud del complejo de Huachalalume. Esto, como medida preventiva para evitar cualquier tipo de rencillas hacia ella. El 28 de noviembre finaliza el plazo de investigación de parte del Ministerio Público.

En la jornada de hoy, podría entregarse un testimonio fundamental, de parte de la doctora Carmen Cerda, quien realizó un metaperitaje sobre la autopsia, las fichas clínicas y los informes toxicológicos. Esta visión contrasta con la defensa, que sostiene que David Espinoza “nunca tocó” a la joven el día que perdió la vida en forma dramática

El caso del pequeño Tomás Bravo (3) en el Bío Bío es el último que figura en los reportes de la PDI a nivel nacional. En la Región de Coquimbo existen tres casos que han entrado en el registro de individuos que desaparecieron sin dejar rastro, con la categoría de “extraviados permanentes”. Se trata de Marco Roldán (29), perdido desde el 2013; José Luis García (27), inubicable desde el 2016, y Carlos Díaz Gálvez (23), a quien se le vio por última vez el 7 de diciembre del 2020. Todos ellos constituyen una excepción a la norma, ya que en el 92% de las denuncias por presunta desgracia, la gente vuelve en menos de 48 horas, sin embargo, para estas familias, pasan los meses, o los años, y no hay respuestas. ¿Un factor común? El accionar “negligente”, dicen, de los entes encargados de investigar, llevando a los consanguíneos a pasar por tristes episodios que incrementan el sufrimiento y la incertidumbre.

La joven ovallina padece una condición que le ha afectado las piernas y la piel, y su tratamiento no está considerado en el abanico de ayudas médicas otorgadas por el Estado. Con casi 20 años padeciendo la enfermedad, aún su diagnóstico no está completamente claro.

Los 11 casos positivos, y cerca de 70 internos en cuarentena preventiva en el penal de La Serena han generado preocupación entre funcionarios de Gendarmería y familias de los aproximadamente 1800 reclusos que pagan por sus delitos. Los contagios corresponden a reos provenientes de la Región Metropolitana, por lo que piden a la dirección de la institución que no continúe con estos traslados. Algo que, según aclara la máxima autoridad regional de la entidad, el coronel Leoncio Hidalgo, no depende de él. Mientras tanto, afuera, los seres queridos de los presos que no han podido visitarlos en más de dos meses, parecen cumplir otra condena sin haber cometido ningún crimen: vivir con miedo a que el virus se expanda y “nadie quede libre”.