Molestia en la familia de Marité por la libertad condicional del homicida de la niña de 8 años

La muerte de Marité Campusano, asesinada en La Pampilla de Coquimbo en 1989, es por lejos el crimen local que más impacto ha causado en la comunidad regional, y pese a que con la condena del autor se esperaba cerrar un capítulo doloroso para la familia de la víctima, hoy el tema vuelve a estremecerlos, dejándolos llenos de indignación y rabia.

El caso volvió a instalarse en la opinión pública, luego que una fuente, que pidió reserva de su identidad, se contactara con El Día para asegurar que Gustavo Justo León había sido beneficiado con la libertad condicional y estaría en Perú, causando “mucho dolor en la familia”.

Precisamente, tal como indica la fuente, tras dos postulaciones rechazadas, en noviembre de 2017 la Corte de Apelaciones de Arica concedió la libertad condicional al condenado. Sin embargo, este no cumplió con las condiciones del tribunal, según confirmó Gendarmería, por lo que se habría ordenado su detención.

EL DÍA DEL CRIMEN

La madre de la menor llorando desconsolada y una muchedumbre de espectadores en el lugar son algunas de las imágenes más recordadas del crudo caso policial, que se conoció a nivel nacional, llegando incluso a ser una de las historias más recordadas del programa “Mea Culpa” de Televisión Nacional de Chile.

La madrugada del 18 de septiembre, cuando culminaban los festejos patrios en La Pampilla de Coquimbo, la pequeña María Teresa Campusano, “Marité”, como era llamada con cariño por sus familiares, fue encontrada muerta en la ladera de uno de los cerros del recinto.

“No puede ser que quien ha cometido abuso sexual se someta al mismo parámetro que quien ha cometido un robo”, CARLOS GALLEGUILLOS, exseremi de Justicia

La niña dormía junto a su hermano al interior de un vehículo, frente al puesto de venta de comestibles de la familia, cuando un sujeto la despertó y mediante engaños la convenció de salir, llevándola a un sitio solitario en el que consumó los crímenes.

Ella intentó huir, pero él la estranguló y la abusó, causándole además la muerte.

Tras el hecho comenzó una intensa búsqueda, en medio de la consternación social y el dolor de la familia.

El peruano Justo León estaba situado en el sitio del suceso. Con las descripciones del entonces sospechoso, testigos aseguraron que lo habían visto con la víctima horas antes de consumado el hecho, e incluso hubo quienes lo reconocieron entre los espectadores que llegaron a ver las primeras indagaciones de la policía a La Pampilla.

 “Él (Justo León) debió estar preso de por vida, no puede salir, porque le puede hacer daño a otras personas”, ANA ALQUINTA, madre de María Teresa

Se desplazó a Ovalle, donde permaneció de manera temporal, con el objetivo de dirigirse hacia el sur, y finalmente fue capturado en Cauquenes en el mes de octubre, tras un rastreo que rindió frutos una vez que habría intentado robar el automóvil de un amigo, lo que alertó a los policías.

CONDENADO A PRESIDIO PERPETUO

La gente exigía justicia. Fue trasladado por personal de la Policía de Investigaciones hasta el entonces Primer Juzgado del Crimen de Coquimbo, con los mayores resguardos ante la enfurecida muchedumbre que recibió el carro de Gendarmería con gritos pidiendo justicia y arrojando piedras al móvil que lo trasladaba.

Estuvo cinco días en completa incomunicación en la cárcel de La Serena, a la espera de la decisión del tribunal y el 20 de octubre fue declarado reo por el juez Jaime Meza, “la madre de Marité, al conocer ya la resolución, empezó a llorar desconsoladamente en las afueras del tribunal”, consignan los medios en ese entonces.

29 Años han pasado desde que ocurrió el homicidio de María Teresa Campusano, de 8 años de edad.

Tras la investigación fue declarado culpable del delito de abuso sexual con resultado de muerte, ilícito sancionado por el Código Penal con la pena de presidio perpetuo. Fue trasladado hasta el Complejo Penitenciario de Acha, en Arica, donde cumplió la totalidad de la condena efectiva.

LIBERTAD CONDICIONAL.

El presidio perpetuo mantiene a una persona con una condena de por vida. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a la forma de cumplimiento. El “presidio perpetuo simple” implica cumplir veinte años de esa condena privado de libertad, y cuarenta años cuando se trata de “presidio perpetuo calificado”. Solo una vez cumplidos esos plazos, el interno puede solicitar la libertad condicional.

El beneficio no cambia la condena, pero sí el medio en el que se cumple. Permite al interno seguir pagando por su crimen fuera de las rejas, pero establece algunos requisitos y fija medidas estrictas para mantener este derecho, ya que en caso de perderlo por incumplimiento de las condiciones, no se puede volver a solicitar y el condenado debe cumplir nuevamente con la totalidad de la pena efectiva impuesta por el tribunal.

A esta forma legal accedió Gustavo Justo León, según pudo comprobar El Día, tras informaciones de fuentes que prefirieron mantener reserva de su identidad. Pasados los veinte años de presidio efectivo, Justo León postuló en dos oportunidades a la libertad condicional. Pero las dos veces fue rechazada por la comisión de la Corte de Apelaciones de Arica.

“Sin perjuicio de cumplir con los requisitos para postular a la libertad condicional, la Comisión está facultada para concederla o no, pudiendo considerar que habiendo transcurrido sólo una fracción del tiempo de la condena y la extrema gravedad del delito por el que fue condenado, por voto de mayoría se consideró que resultaba carente de elemento de proporcionalidad que establece el Decreto Ley N° 321, estimando que requiere un mayor tiempo de evaluación para comprobar que se encuentra corregido y rehabilitado”, se indica en el informe enviado a la Corte por la jueza de Garantía de Arica, Paulina Zúñiga, integrante de la Comisión de Libertad Condicional.

Tras este último rechazo, el interno recurrió nuevamente a la Corte con un recurso de amparo, para revertir la resolución, alegando que “se me discrimina por la postulación a dicho beneficio”. El recurso fue acogido y con un voto en contra, Gustavo Justo León logró obtener la libertad condicional.

REVOCADO POR INCUMPLIMIENTO.

Aunque en diciembre y marzo un usuario de Twitter había alertado el impacto que significaba que Justo León estuviera libre, no fue sino hasta la semana pasada que se encendieron las alarmas. A la redacción de El Día llamó un cercano al entorno de Marité, mostrando su contrariedad y repudio que Justo León hubiese accedido a la libertad condicional. Simplemente no lo podía aceptar. Explico que estaba impactado por lo que había visto en una página de Facebook, luego que se advertía claramente que el asesino estaba en libertad y en Perú.

Sin embargo, lo que más le preocupaba era la reacción que existiría en Coquimbo por todo el dolor que provocó hace 29 años. Es por ello que este entorno familiar pide que la situación se aclare y las autoridades eviten que pueda tener el beneficio de la libertad.

A pesar de los esfuerzos por verificar la situación actual del asesino de La Pampilla, hasta el cierre de la edición había posiciones contrapuestas. Si bien en Gendarmeria se admitió la libertad condicional de noviembre de 2017, no hubo un pronunciamiento claro si hoy Justo León estaría en Perú como se nos indicó luego de no haber cumplido las condiciones que significa este beneficio.

En la cárcel de Acha en Arica declinaron entregar una información concreta y nos derivaron a Gendarmería de la misma ciudad. Sin embargo, en esta última repartición nos remitieron a la institución central y pese a confirmar la revocación del beneficio, aún no hay pronunciamiento de si reingresó al penal, sólo el aviso al tribunal, “la libertad condicional le fue revocada el 5 de enero de este año, luego de que no cumpliera con el control de firma semanal, situación que fue informada por Gendarmería al tribunal respectivo, según lo establecido para este tipo de situaciones”, indica Gendarmería de Chile en su declaración sobre el caso.

Desde la Corte de Apelaciones de Arica, por otro lado, indicaron que el sentenciado sí se encuentra recluido en ese lugar y que incluso “se fijó una audiencia a solicitud de la defensa para el 09 de noviembre a las 8:30 horas, donde se verá la competencia de este tribunal”. El Día intentó tomar contacto ayer nuevamente con Gendarmería para confirmar su reingreso y la fecha de este. Sin embargo hasta el cierre de esta edición no fue posible.

MADRE PREOCUPADA

Llegamos hasta la comuna de Coquimbo para conversar con quien más ha sufrido el crimen de Marité. Desde su vivienda, Ana Alquinta, madre de la menor de 8 años, indica que estaba al tanto de la liberación del homicida.

Con algo de resignación, relató que se encontraba comprando cuando una vecina le comentó que había leído a través de Facebook que Gustavo Justo León había salido en libertad, eso sí, indica que pensaba que era libertad total, sin condiciones.

Se mostró sorprendida con el hecho de que el hombre no haya cumplido con la firma mensual y que Gendarmería haya informado la falta para que el tribunal ordenara su detención. Para ella la cosa es clara, “si no hay pena de muerte, él debería estar preso de por vida por lo que hizo, porque le puede hacer daño a otras personas”, señala Ana.

Asegura que por ella no teme, “ya no nos puede hacer daño, porque estamos más fortalecidos”, aunque admite que en su minuto se preocupó, por la posibilidad de que llegara nuevamente a Coquimbo, “sí tenía miedo de que viniera para acá y le pudiera hacer algo a mis nietas”, advierte.

Sin embargo, luego se quedó tranquila, ya que los comentarios que rondaban a la familia indicaban que el hombre estaba en Lima, Perú, “si está en Chile no debería estar libre, en su país que haga lo que quiera, pero no acá”, dijo, admitiendo que el hecho le produce “mucha rabia y dolor”.

Ana desconoce su actual paradero y asegura que no se interesó en averiguarlo, tampoco en tomar acciones para revertir su liberación.

¿FALENCIAS DEL SISTEMA?

Quien fue seremi de Justicia en la Región de Coquimbo al momento de la resolución de la corte del norte, Carlos Galleguillos, indicó estar al tanto del caso, incluso, pese a estar fuera de su jurisdicción, la misma familia de Marité lo contactó cuando llevaba dos años en el cargo, para solicitar apoyo por indemnizaciones pendientes e intentos de obtener beneficios carcelarios por parte del condenado.

“Cuando yo ejercí como seremi, la familia se contactó conmigo a través de su abogado, porque tenían algunas aprensiones respecto a que este sujeto estaba pidiendo ser trasladado a su país. Sin embargo, nosotros tomamos contacto con las autoridades del Ministerio, para que no se le otorgaran ciertos beneficios, principalmente porque existían algunas deudas pendientes, porque no había pagado lo que correspondía, por concepto de responsabilidad civil, las indemnizaciones que se habían establecido”, indicó el abogado.

Pese a no estar al tanto de la libertad condicional de Justo León, al conocer que este no había cumplido con los requisitos del tribunal, generando preocupación en la familia, Galleguillos aseguró que “este es un caso más que demuestra que acá, en el sistema hay ciertos factores que no han sido abordados adecuadamente”.

En este sentido criticó que los requisitos para los condenados por estos graves delitos sean los mismos que los establecidos para los sentenciados por delitos comunes, “ellos en realidad necesitan otros procesos de reinserción, que tienen que ver con procesos psíquicos y psicológicos, y las personas que cometen delitos sexuales rápidamente se reinsertan, porque cumplen con los requisitos de trabajo, no tienen consumo problemático de drogas y generalmente tienen estudios”, por lo que llamó a revisar esta instancia de la legislación chilena. 6301iR