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Para el parlamentario Juan Manuel Fuenzalida, el fenómeno del aumento de la violencia asociada al narcotráfico se ha expandido por todo el territorio, afectando no sólo a poblaciones, sino también espacios públicos.

Ante el sostenido aumento de los delitos vinculados al tráfico de drogas en el país y el aumento de la violencia asociada al narcotráfico, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) en conjunto con otros diputados oficialistas, presentaron un Proyecto de Ley que busca que las penas asociadas a los delitos de la Ley Nº20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, sean cumplidas de manera efectiva y sin atenuantes. De esta manera, estos delitos podrán ser sancionados con mayores penas.

Del mismo modo la iniciativa pide que se prohíba la aplicación de la Ley 18.216 que establece penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad. Es decir, con este proyecto de Ley se busca que se apliquen penas de cárcel efectivas y que el cumplimiento de la condena sea total.

“Si antes éramos un país de tránsito para el narcotráfico, con destino final Europa, hoy se ha vuelto uno de destino, lo que ha traído un significativo aumento en el consumo de estupefacientes y delitos asociados. Lo anterior, apunta principalmente como se ha instalado este tema en tres macrozonas del país, que incluyen Arica, Tarapacá y Antofagasta, donde el temor, la necesidad y las amenazas son pan de cada día en poblaciones particularmente vulnerables”, dijo el diputado Juan Manuel Fuenzalida.

Ante este escenario, es que el parlamentario asegura que se debe actuar con más fuerza contra las personas y organizaciones que están detrás de estos delitos y descubrir las bandas criminales que operan al interior de las poblaciones, convirtiéndose en los proveedores de los microtraficantes. 

“Por ellos se debe impedir la aplicación de las atenuantes que permitan modificar una responsabilidad penal, sancionando así a los delitos de tráfico con mayores penas. Seguidamente, introducir una modificación a la ley 18.216, prohibiendo la aplicación de penas sustitutivas a aquellas personas que se encuentren condenadas por la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Combatir el narcotráfico es una tarea de todos, sin distinción política o clase social, permitiendo entregar herramientas de apoyo a las policías y por ende aplicar penas ejemplares”, afirmó Fuenzalida.

 

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