Querellantes reunieron más de 14 testigos para la investigación de Caso Anaís

Más de 14 testigos ha reunido la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) para esclarecer el caso de Anaís Godoy. Esto, luego de presentar una querella por el bullado caso de violación que terminó en el suicidio de la niña en Vicuña, y que la Fiscalía reabrió tras de la presión mediática contra la decisión de archivarlo por “falta de pruebas”.

“Hemos aportado con más de 14 nombres de personas que van a declarar y que van a contar qué fue lo que vieron, escucharon y les contaron. Cómo fue la historia”, indicó Carolina Tello, directora regional de Abofem, en conversación con El Día TV.

Dentro de estas voces, existen familiares y compañeras de colegio de la víctima, además de profesionales “que pueden aportar datos muy relevantes” y una profesora, a quien Anaís contó lo sucedido un mes después de la agresión sexual. A ello se suma la carta de suicidio de la niña y audios de WhatsApp como medios de prueba material.

Tello afirmó estar en conocimiento de que “se están efectuando las diligencias y se están tomando declaraciones” a las personas que señalaron en la querella. Con esto, esperan que “en poco tiempo se produzca la formalización” al imputado y el Tribunal de un plazo de investigación para seguir realizando acciones.

Chile en deuda, una vez más

Las abogadas confían en que se llegue a una sentencia del imputado, quien actualmente se encuentra privado de libertad por otros delitos. Sin embargo, reconocen que “aun cuando logremos una sentencia, la pérdida de la vida de Anaís siempre va a quedar la impunidad”, debido a que “en Chile no existe la figura de suicidio feminicida”.

En la entrevista por streaming de El Día, la profesional sostuvo que el caso de Anaís Godoy da cuenta de “el poco interés o la poca prioridad que el Estado de Chile, a través de sus distintos órganos, pone en la persecución de delitos contra las mujeres”.

La niña tenía 14 años cuando en plena celebración de Fiestas Patrias fue agredida por un hombre mayor. Según relató posteriormente a la Fiscalía, decidió guardar silencio “por miedo  y por vergüenza”, hasta poder contar a cercanos lo que había vivido.

Acudió junto a su madre a declarar ante el Ministerio Público y desde entonces vivió un doloroso proceso de revictimización a través de las entrevistas y su relato fue considerado como insuficiente por este organismo, que luego de siete meses decidió archivar el caso provisionalmente por falta de pruebas, sin tomar más declaraciones que la de Anaís y sin realizar otro tipo de diligencias.

Con un proceso trancado y una depresión a cuestas, la niña se quitó la vida en junio de 2020, días antes de cumplir los 17 años. Tras su muerte, la familia alegó que no habían sido informados de que el caso se había archivado y la muerte de la víctima puso nuevamente sobre el tapete el deficiente actuar del Estado, levantando masivas manifestaciones pidiendo justicia.

“Anaís acusa de que cada vez que va a una sesión se le revictimiza. Se le pregunta una y otra vez qué fue lo que le sucedió, cuestión que profundiza su depresión, que la lleva a suicidarse. Su agresor queda privado de libertad, pero por otros delitos y el de ella ni siquiera llegó a tener una investigación seria”, alegó Tello.

Perspectiva de género y estándares internacionales

Para la Abofem “no debiera ser la presión mediática lo que haga que estos casos se reabran”, por lo que apunta a la necesidad de contar con “una política de Estado seria, que capacite a sus funcionarios y no tengamos que estar conversando de esto una vez más”.

Uno de los principales problemas, profundizó, es “la famosa prueba biológica que dicen, es la única que se puede considerar para condenar a una persona por este tipo de delitos”, algo que ha sido ampliamente abordado por Abofem, que apunta a la necesidad de “incorporar esta la perspectiva de género en la litigación”.

“Nosotras consideramos que existen muchas otras formas de probar un delito. Los peritajes que se pueden hacer al cuerpo (…) seguramente que puede quedar alguna evidencia en el cuerpo,  que pueda llevar a convencer al juez de que efectivamente hubo una agresión sexual y las investigaciones de testigos pueden ser periciadas para saber que son verídicas. Eso es algo que no tenemos incorporado en la investigación, tampoco las normas de tratados internacionales de derechos de las Mujeres, que es derecho aplicable en Chile y que en muy pocas ocasiones se ha tomado en consideración”, explicó la abogada.

El proceso está recién comenzando y aún no hay investigación formal por parte del Ministerio Público.