¿Quién responde? Hombre apeló y continúa en vivienda ocupada ilegalmente

El pasado lunes personal de Carabineros hizo efectivo el desalojo de Humberto Collao, quien se encontraba hace un año y medio ocupando ilegalmente una vivienda ubicada en el sector de San Joaquín, en La Serena, sin pagar alquiler ni servicios básicos.

Si bien esto parecía terminar con la pesadilla que estaba viviendo  Mariela López, la dueña de la casa afectada, no fue así, ya que el hombre apeló a la resolución del Segundo Juzgado de Letras de La Serena.

Una medida que lamentablemente, con la actual legislación, le permite al ocupante ilegal del inmueble poder incluso ampliar su estadía pese a no tener fundamentos.

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Al respecto, Nelson Gallardo, abogado y académico de Derecho Civil de la Universidad de La Serena, explicó a El Día que existe una sobrecarga que tienen los jueces de letras en lo civil, que perjudica los tiempos.

“En el código pareciese que los problemas de arrendamiento pudiesen solucionarse de 2 a 3 meses, pero lo normal, sobre todo si van acompañados de un tipo de apelación incluida, es que no se solucionen en un plazo inferior a un año. Y eso es mucho”, afirmó.

Un verdadero calvario

El origen de esta situación, cuenta la dueña de la propiedad, ocurre cuando suscribe un contrato de arrendamiento – vía corredora de propiedades – con una persona, que a su juicio, “era un palo blanco de Collao, ya que él no fue quien se fue a vivir a la casa, sino que este hombre. Además, el que firmó el contrato de arriendo murió en julio del año pasado”.

Al no pago del arriendo, deben sumarse los gastos básicos que también dejó de pagar el ocupante y que en la actualidad llegan a una deuda que supera los 2,3 millones de pesos.

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¿Violación de morada?

Por tal motivo, López solicitó la restitución de la casa y en marzo del 2021 realizó la demanda. En consecuencia, el pasado 28 de diciembre salió la resolución donde se dictaminó que la persona debía hacer abandono de la vivienda y pagar las costas del juicio.

“El Tribunal de Primera Instancia falló a nuestro favor, pero la legislación permite apelar, aunque no tenga fundamentos”, indica la afectada.

López sostiene que deben seguir todos los pasos legales, aunque sea injusto que la normativa favorezca a estas personas inescrupulosas.

“Si lo hacemos a la fuerza, podríamos ser acusados de violación de morada, de tomarnos la ley en nuestras manos o de alguna leguleyada así”, expresó.

La propietaria, lamenta que mientras se resuelve la apelación no pueda ocupar su casa, y deba seguir soportando este calvario que la tiene prácticamente en la calle.

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