Solo uno de los detenidos en operación “Torre de Control” quedó en prisión preventiva

Ayer se realizó la audiencia de control de detención de los cuatro sujetos involucrados en la operación “Torre de Control” que realizó la PDI y que buscaba desbaratar a una banda que sembraba el miedo entre los vecinos de los “Departamentos Rojos”, ubicados en calle Gaspar Marín, entre Nicaragua y Brasil, en el sector de Las Compañías.

El Tribunal determinó que uno de los sujetos quedara en prisión preventiva y para los otros ordenó diferentes medidas cautelares, como arraigo nacional y reclusión nocturna.

El fiscal de focos, Freddy Salinas, comentó que “se realizó la audiencia de formalización de los cuatro sujetos que fueron detenidos por personal de la PDI y que tenían en su poder diferentes armas y drogas. Uno de ellos, quien era el principal investigado, tenía en su poder cuatro armas de fuego, por lo que fue sometido a prisión preventiva, por considerar el Tribunal que su libertad era peligrosa para la sociedad”, indicó Salinas.

El persecutor del caso señaló que se estableció un plazo de 80 días para la investigación correspondiente.

Salinas recordó que este procedimiento se efectuó el pasado jueves en diversos domicilios de la comuna, donde operaban los imputados, quienes incluso utilizaban varios departamentos, que habían sido tomados por ellos para realizar sus actividades ilícitas.

En estas viviendas fue hallado el armamento y las municiones, además de drogas correspondientes a cannabis y cocaína base. 

Procedimiento

Cabe señalar que los policías ingresaron a un total de siete viviendas, seis de ellas emplazadas en el sector de Las Compañías. 

Además, según detallaron desde la PDI, la banda contaba con una gran sofisticación para sus operaciones, ya que desde esos bloques de departamentos controlaban todo lo que pasaba en las calles. Incluso, uno contaba con cierres metálicos y protecciones en el acceso de estos blocks.

Desde octubre del año pasado se había iniciado una investigación en conjunto con la Fiscalía local, por infracción a la Ley de Armas, lo que permitió reunir las evidencias necesarias para la labor de inteligencia policial a través de la Oficina de Análisis Criminal (OFAN).

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