ANEF analiza llamar a paro nacional por desvinculaciones

Este lunes continuó la paralización de labores y la manifestación de funcionarios del FOSIS, apoyados por la ANEF (Asociación Nacional de Empleados Fiscales) luego de conocerse, el pasado viernes 3, de la notificación de despido de diez funcionarios de la institución.

Recordemos que la mayor parte de los funcionarios cumplen tareas de trabajo con la comunidad y de llevar a terreno algunos de los principales programas que ofrece el FOSIS en materia de superación de la pobreza, habitabilidad y auto sustentabilidad y no son de confianza política, razón que lleva a Clara Olivares Araya, presidenta regional de la ANEF, a denunciar  que los despidos son injustificados.

La dirigenta describe que “el viernes se vivieron escenas macabras, de mucho dolor, porque los funcionarios estaban en el primer piso y se les iba llamando.  Por un tema que llega a ser tragicómico, a una trabajadora la llamaron por teléfono, se desmayó, tuvo que ir al SAPU a estabilizarse. Es ése el nivel de terror que se está viviendo”.

Asimismo, la dirigenta gremial recalca que ninguno de los funcionarios notificados de despido en FOSIS cumplía labores que pudiesen atribuirse a confianzas políticas, sino que son gestores territoriales y tienen contacto directo con las familias: “es trabajo en terreno. Dos funcionarios están a cargo de generar alternativas para las familias más vulnerables que no tienen acceso a otra red del Estado y otros, de generar alternativas de autoconsumo. Eso no tiene relación con confianzas políticas”.

“ES BRUTAL, NO HAY RAZONES”

La presidenta regional de la ANEF asegura que, de acuerdo a lo que han expresado los propios funcionarios afectados, no se les han dado las razones del despido, sino que simplemente se les ha notificado.

“La directora (Loreto Molina) llamó a dos funcionarios y les dijo que tenía sólo un cupo y que entre ellos eligieran quién se quedaba. En el caso de otras dos funcionarias, les dijo que una le caía mejor, pero la otra tenía mejor currículum. Esa es la brutalidad de la falta de capacidad de gestión”, expresa Olivares.

Asimismo, plantea la duda respecto de si los menos de dos meses de gestión de Molina en FOSIS (asumió el 19 de junio) son suficientes para haber realizado un diagnóstico de la situación del servicio y en base a ello, tomar decisiones de desvincular a funcionarios.

“Lo que es más raro, es que algunos funcionarios incluso son militantes de RN y la UDI. Entonces, uno piensa si es una venganza de Evópoli (partido en que milita Molina), que quieren más cupos o que quieren convertir al FOSIS en una procuradora de mano de obra para la campaña de su presidenta regional (Jocelyn Lizana, concejala y precandidata a alcaldesa por La Serena)”, expresa Olivares.

Junto con ello, manifiesta que en la región la situación es desmedida, pues incluso en la dirección nacional de FOSIS, que cuenta con 200 funcionarios, se ha desvinculado sólo a seis personas, que se desempeñaban como jefes nacionales de programas.

Olivares afirma de manera categórica que “las familias más pobres de la región no tienen quien las visite, porque al contacto que tenían para acceder a algún programa, lo desvincularon. La persona que los visitaba para ver cómo generaban autoconsumo o ver mejoras a su vivienda, ya no está”.

UN ESCENARIO COMPLEJO

La presidenta de la ANEF expresa que otro caso grave se ha dado en la Gobernación de Elqui, en que los cinco funcionarios de la Unidad de Extranjería fueron desvinculados y notificados mientras atendían público (y al recién entrar en vigencia la nueva Ley de Migraciones), de la misma manera en que sucedió en FOSIS. Incluso, argumenta que las “reestructuraciones internas” que pueden impulsar los servicios, no pueden ser determinadas única y exclusivamente por los directores, sino que deben quedar establecidas por ley.

Es importante detallar que varios de los funcionarios que fueron desvinculados, especialmente en el caso de la Gobernación de Elqui, iniciaron demandas contra el Estado y en algunos de estos casos, se encuentran en la etapa de presentación de pruebas o declaración de testigos.

DESPIDOS “MÍNIMOS Y JUSTIFICADOS”

Respecto de la manera de abordar los casos de despidos, el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto Retamal, comenta que “hay caminos judiciales y legales a los que cualquier funcionario puede recurrir si siente que el despido es injustificado y obviamente, eso lo han hecho muchos funcionarios que han sido desvinculados en los últimos meses”.

Asimismo, menciona que, de acuerdo a información entregada por abogados del Consejo de Defensa del Estado, las demandas por despidos en el sector público han aumentado exponencialmente (cerca de un 1.000%) desde que se inició este gobierno y acota que “esto no significa que haya subido en un 1.000% la cantidad de personas desvinculadas”.

El seremi destaca que la mayoría de los funcionarios públicos sigue trabajando normalmente y llama a no generar alarma en cuanto a posibles despidos, pues “en la medida que cuenten con el apoyo de sus jefaturas seguirán desarrollando el trabajo que han hecho durante muchos años” y agrega que las desvinculaciones se deben ya sea a reestructuraciones de los equipos de trabajo o bien, a razones de confianza política.

En este último punto, Pinto agrega que “son personas que tenían un rol político determinado, que tenían una responsabilidad asignada con algunos parlamentarios o partidos en particular. Esas personas han dado un paso al costado o han sido desvinculadas de sus cargos”.

WALKER: SE DEBE RESPETAR LA CARRERA FUNCIONARIA

El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Matías Walker Prieto, ha participado de reuniones en el Congreso junto a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), en las que han evidenciado este mismo tema y asegura que el gobierno de Sebastián Piñera ha caído en una contradicción.

Walker recuerda que un dictamen de Contraloría estableció que un nuevo gobierno sólo puede remover a funcionarios que cumplen tareas de exclusiva confianza del director o jefe de turno, como es el caso de los jefes de gabinete.

Sin embargo, el parlamentario manifiesta que se ha desvinculado a profesionales con magísteres o doctorados, para dar espacio a operadores políticos y recuerda que al iniciarse el segundo gobierno de Michelle Bachelet, él intercedió por funcionarios que ingresaron durante la primera administración de Sebastián Piñera y que cumplían tareas de jefes de comunicaciones,  asistentes sociales, entre otras y solicitó a las autoridades de ese tiempo que los mantuvieran en sus cargos.

Según el parlamentario, el gobierno actual debe respetar la carrera funcionaria y señala que “es absolutamente desproporcionado el despido de más de mil funcionarios (…) para hacer paso a operadores políticos de los partidos de Chile Vamos”.6501i