Durante la semana pasada, crecieron las versiones sobre la idea de la UDI y algunos sectores de Chile Vamos, de posponer para 2021 las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, programadas para 2020, intención que quedó plasmada en un proyecto de ley.
Sin embargo, tanto el ministro del Interior, Andrés Chadwick como el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (ambos militantes de la UDI), confirmaron que tal idea no prosperará y que las elecciones se mantienen para 2020.
Los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara, Raúl Saldívar Auger (PS) y Pedro Velásquez Seguel (Ind), confirman en que las elecciones se mantendrán y que se debe continuar adelante con la ley, aun cuando hay sectores en la derecha que no se sentirían cómodos.
DIPUTADOS REAFIRMAN LA IMPORTANCIA DE LA LEY
Saldívar expresa que “si bien es cierto hay voces que señalan que es imperfecta y que hay algunos inconvenientes prácticos, porque desde el punto de vista político no se le da un verdadero poder a los gobernadores regionales, en la ley hay una entrega progresiva de atribuciones”.
Para el socialista, no hay justificación para que la ley se detenga o se retrasen las elecciones, a causa de lo que califica como “el interés de un sector de la derecha para que no haya más democracia, que no quiere y le incomoda más participación ciudadana”.
Mismo punto de vista sostiene Velásquez, quien expresa que la idea formulada por un grupo de diputados de la UDI fue rechazada por la oposición y añade que “el subsecretario Salaberry nos dijo que efectivamente, las elecciones van, ese es el compromiso entre el anterior gobierno y el actual gobierno. Por lo tanto, hay que dejar preciso que la ley señala que se realizarán el año 2020 y una de las leyes que se deben desarrollar es la del reglamento”.
El parlamentario expresa que en la ley hay elementos contradictorios que deben ser resueltos, sobre todo competencias del delegado presidencial como designar a los seremis y supervigilar su gestión, las que a juicio de Velásquez, debiesen ser funciones del gobernador.
LA PRINCIPAL DUDA
El actual gobierno tiene un plazo de cuatro años, desde febrero de este año, hasta febrero de 2022, para realizar el proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales y para la ley establece dos mecanismos.
Uno, es que el Gobernador Regional y el Consejo Regional que asuman en 2021, soliciten al Presidente de la República que se les transfiera competencias. La otra modalidad es que, en este primer cuatrienio, el Primer Mandatario realice dicho proceso.
20 competencias incluye el proceso de transferencias desde los ministerios a los Gobiernos Regionales.
“La ley, como quedó aprobada a principios de este año, genera un dispositivo para la transferencia de competencias. Algunas competencias que hoy están definidas para el gobernador regional están definidas en la ley y otras tienen que ser transferidas por el Presidente de la República”, explica el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes Lillo.
Cifuentes afirma no entender la razón que lleva a Chile Vamos a oponerse a esta iniciativa, aunque expresa que es posible que haya “un impacto electoral que ellos quieran evitar. Quizás quieren tener a sus autoridades un mayor tiempo en el territorio, de manera que se fogueen un poco más y sean conocidos”.
Asimismo, explica que se busca que el Ejecutivo transfiera competencias radicadas hoy en los ministerios, a los Gobiernos Regionales, competencias que irán aparejadas de los respectivos recursos.
Este es el caso, por ejemplo, de servicios centralizados como la dirección de Arquitectura del MOP, además de pequeñas obras de riego y caminos interiores de esta cartera; Serviu, con la política habitacional, de pavimentación y planificación territorial, además de servicios como FOSIS o INDAP.6501i
Competencias y atribuciones
En el gobernador recaerían como principales tareas, coordinar, supervigilar y fiscalizar los servicios públicos, formular las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional y el presupuesto regional y someterlos al Consejo Regional, órgano que además preside. Por su parte, en el delegado presidencial, figura designada por el Ejecutivo a nivel central, recaerían las funciones de ejercer el gobierno interior de la región, en conformidad con las órdenes del Presidente de la República y el Ministerio del Interior, resguardar el orden público, proponer al Presidente la nómina de seremis y adoptar medidas de emergencia en caso de catástrofe.