Hasta la oficina regional de la Contraloría General de la República llegó el alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón, para requerir al organismo que examine una resolución de la Dirección General de Aguas (DGA) respecto a la autorización de un pozo de captación de aguas subterráneas.
Esto porque más de 80 habitantes del sector Valle de Rapel acusan falta de rigurosidad de la DGA y una supuesta ilegalidad en la extracción de agua desde el Canal El Huerto por parte de un empresario local.
Canal que prácticamente quedó sin nada del vital recurso hídrico, lo que estaría secando sus predios.
“Muy temprano en la mañana generamos un requerimiento en la Contraloría General de la República porque creemos que podrían existir ciertos vicios de ilegalidad en la autorización de un pozo y le hemos solicitado que revise el proceso y la resolución aprobada por la Dirección General de Aguas (DGA)”, indicó.
El edil manifestó que el procedimiento administrativo que aprobó este pozo, se sustentó en el informe de un profesional que señaló que no le iba a ocasionar perjuicios a terceros, sin embargo, “eso sí ha sido así. Tenemos 80 agricultores aproximadamente que se están viendo perjudicados directamente”.
En consecuencia, reveló que el equipo jurídico de la Municipalidad de Monte Patria y la Junta de Vigilancia del Río Rapel están en reuniones y se prepara un recurso de amparo para proteger el derecho de los afectados a acceder al agua.
Personal insuficiente
Pero también la máxima autoridad comunal deslizó una crítica a la entidad encargada de promover la gestión y administración del recurso hídrico, afirmando que carece de “personal e instrumentos” para situaciones como esta.
“Nos hemos encontrado con una fiscalización que determinó que de los 1,5 litros autorizados por parte de la Dirección General de Aguas, se están extrayendo 10. (Además) la resolución que aprueba el pozo indicaba que había que colocar un caudalímetro, que es un instrumento de medición del agua y no existía tal instrumento. Entonces, hay una serie de vicios que, claro hoy día se notan más producto de que no tenemos agua…esa es la realidad y que exista una empresa que esté actuando fuera de lo que tiene aprobado y que incluso sospechamos nosotros que pueda tener vicios de legalidad en ese acto”, complementó.
Asimismo, indicó que “la gente hoy en día está ocupada de salvar su cultivo y con una poca presencia de la Dirección General de Aguas, con una poca presencia del Estado, en poder intermediar, regular las relaciones humanas respecto a eso, porque esto es un bien pero que en el fondo lo administran los seres humanos. Por lo tanto, si la Dirección General de Aguas y el Estado no hacen su pega, lo que vamos a tener es violencia”.
Es así como aseveró que ya ocurrió la quema de una caseta y una cañería de riego de pequeños agricultores.
“He tenido conversaciones no muy agradables con el director (de la DGA) (…) yo creo que falta capacidad para anteponerse a los problemas”, agregó.
Cambio climático
Finalmente, Ossandón afirmó que el proceso de cambio climático que tiene entre sus consecuencias la falta de precipitaciones, no solo está afectando a las personas sino que también modificando la biodiversidad local.
“Tenemos avistamientos de gatos colo-colo muy cerca del ámbito urbano, avistamientos de pumas que han estado en zonas muy cercanas a Monte Patria, lo que no es muy común ¿Por qué? por qué los animalitos andan buscando agua, alimentos. (Conjuntamente) tenemos más presencia de vectores, tenemos más moscas, más presencia de vinchucas. De hecho, hemos tenido que pedirle a la Seremia de Salud mejor presencia y mayores programas para pode erradicarlas”, añadió.
Por consiguiente, el edil aseveró que se está viviendo un proceso de cambio en varios aspectos. Proceso en el que se requiere que el Estado vaya liderando.
“Y aquí el Estado ha ido quedando al último. Ha quedado atrás por falta de fiscalización. Imagínense que tenemos uno (fiscalizador de la DGA) para toda la Provincia del Limarí, cuando la fuerza productiva, el desarrollo económico social y el empleo están basados en actividades extractivas”, dijo.
Por último, la autoridad señaló que si el aparataje estatal no está preparado, si la DGA no tiene los móviles suficientes o instrumentos para fiscalizar, es difícil mediar en escenarios como el que ocurre en la comuna.
“Y evitar situaciones que vayan a solucionar este tema en formas que la gente conoce o (sino terminarán) a balazos o a pelea u otras formas”, finiquitó.