Contraloría detecta uso indebido de viviendas fiscales en la región de Coquimbo

Viviendas fiscales ocupadas por exfuncionarios  públicos y que no han sido restituidas, no pago de arriendos de estos inmuebles y falta de control interno desde el Gobierno Regional y la Seremía de Bienes Nacionales en la entrega y catastro de estas viviendas son algunas de las observaciones de la auditoría realizada por la Contraloría Regional al proceso de asignación y uso de bienes inmuebles del Gobierno Regional de Coquimbo y los ingresos por concepto de arriendo de ellos a funcionarios de diversos servicios, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Del informe final entregado  a fines de agosto de 2016, que buscaba conocer el proceso de asignación y verificar si las transacciones por estos inmuebles cumplen las disposiciones legales  y están debidamente documentadas, se obtuvo  que hay varias viviendas asignadas sin ingreso por concepto de arriendo; dos viviendas, una en la comuna de Ovalle y otra en La Serena, ocupadas por exfuncionarios, que aún no son devueltas al servicio o institución correspondiente y viviendas que fueron cedidas por la Seremía de Bienes Nacionales al Gobierno Regional, pero que no están debidamente inscritas y no pertenecerían a ninguno de los dos organismos. 

La normativa sobre Estatuto Administrativo 18.834 en su artículo 91 señala que los funcionarios tienen derecho a ocupar con su familia, de forma gratuita, la vivienda que exista en el lugar que funcione la institución, cuando la naturaleza de su labor sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él. De no ser obligatorio vivir en el inmueble destinado al servicio, puede ser cedida al funcionario y su familia pagando una renta equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo, suma que debe ser descontada mensualmente.

En el proceso de investigación de la Contraloría, según detalla el informe  se auditaron 67 inmuebles fiscales pertenecientes al Gobierno regional, revisados en su totalidad. También se examinaron  18 viviendas adicionales, 10 de las cuales se informaron como demolidas. De este total, las verificaciones en terreno alcanzaron a 32 viviendas.

DEBILIDAD EN REVISIÓN DE ANTECEDENTES. Según lo expuesto por el informe 381-2016 de la Contraloría, el Gobierno Regional  no efectúa revisión de los antecedentes respecto de los funcionarios a los cuales se les asignará la vivienda fiscal, para así detectar inhabilidades, como, por ejemplo, el tener una propiedad a nombre de el o su cónyuge en el lugar que prestan servicios  o que, efectivamente, estén siendo utilizadas por funcionarios públicos. Por otra parte, la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional no mantiene registro de los deudores de uso de viviendas fiscales, como, por ejemplo, la casa utilizada en el año 2015 por un actual funcionario de la Corporación de Fomento Productivo, que dejó sin cancelar varios meses, usufructuando gratuitamente de un inmueble fiscal y tampoco el Gore ha presentado acciones para obtener el dinero adeudado.

Además, el informe acusa que desde el GORE no existe un catastro actualizado de la totalidad de inmuebles fiscales que han sido transferidos por la Subsecretaría de Bienes Nacionales  para realizar la correcta cobranza de éstos. Así no se encuentran reconocidos seis roles de viviendas. De Cinco de éstos,  el  Gobierno Regional ha manifestado su intención de desistir de la transferencia de dominio desde Bienes Nacionales, proceso que aún está en trámite. La otra vivienda se encuentra en proceso  desde la seremía para renovar el decreto de transferencia y ser inscrita a nombre del Gobierno Regional. Desde el Gore aseguran que existieron errores por parte de la Seremía de Bienes Nacionales al traspasar estos inmuebles, como por ejemplo, en el número de rol, lo que no ha permitido el traspaso adecuado y su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Tampoco existe un catastro desde la Seremía de Bienes Nacionales respecto a la cantidad de viviendas transferidas al GORE, esto porque existen tres inmuebles, uno en el sector  de Cañada Vieja en Illapel designado al Gobierno Regional, pero del cual no hay registro, y dos de La Serena asignadas al Servicio de Vivienda y Urbanismo con un decreto de trasferencia de 1978, pero estas viviendas no pertenecen ni al GORE ni están en el catastro de Bienes Nacionales.

En respuesta, la Seremía de Bienes Nacionales explica en el informe “que la situación planteada obedece a la forma en que operaba su sistema informático relativo al catastro de los bienes raíces  de propiedad fiscal”, que fue renovado en el 2009. Agregan que desde el 2015 se está trabajando para realizar un catastro completo de inmuebles que continúan siendo fiscales para reincorporarlos al servicio.

VIVIENDAS  FISCALES MAL UTILIZADAS. El informe agrega que existen dos viviendas fiscales entregadas a  SERCOTEC y CONAF, pero cuyos  habitantes “no poseen la calidad de funcionarios”, para lo cual el GORE y el correspondiente servicio deben realizar las trámites correspondientes para solicitar la restitución de los inmuebles.

Por otra parte, en la comuna de Ovalle, un departamento ubicado en calle Alejandro Jofré es utilizado por un exfuncionario de la PDI que “dispuso su retiro absoluto de la institución a partir del 31 de diciembre de 2015” y según información extraoficial, recién en marzo de 2016 habría desalojado el lugar.
Por otra parte , otro exfuncionario de la Intendencia Regional “mantiene uso de la vivienda fiscal de la ciudad de La Serena pese a haberse acogido a retiro a partir del 31 de marzo del año 2015”, infringiendo con ello la normativa que establece que la asignación de estos inmuebles se realiza sólo a funcionarios activos.

El informe agrega que “sobre el particular ese GORE informa que mediante ordinario Nº 2.424 de 2015 dirigido a la Seremía de Bienes Nacionales, se desistió de aceptar la transferencia de la vivienda en comento, por lo tanto corresponde a ese servicio solicitar la restitución de la vivienda”. Desde la Seremía se respondió a la Contraloría que se le pidió al gobernador de la Provincia de Elqui, el desalojo del ocupante de la vivienda y se espera que esto se produzca a la brevedad. 

Respecto al cobro mensual de arriendo de las viviendas, el examen determinó que en varias no se advierten ingresos por este ítem. Así, por ejemplo, en la vivienda de La Serena que está en proceso de desalojo no hay pago desde junio a diciembre del 2015 y sólo fueron cancelados en abril de 2016. Respecto a un departamento de Ovalle fue asignado a un funcionario de la Dirección General de Movilización Nacional y sólo tras el inicio de la investigación de la Contraloría se depositaron los arriendos, desde junio a diciembre del 2015, en abril  de 2016.

Un departamento de calle Los Carrera en La Serena no presentaba pago de arriendo  desde julio a septiembre del 2015 y el 25 de mayo fueron cancelados sólo los meses de julio y agosto, quedando impago septiembre. Un departamento de Illapel no presentaba pagos desde agosto a diciembre de 2015 y sólo fue cancelado en marzo de 2016.

“En relación a lo anterior, puede apreciarse que el pago de las morosidades identificadas en el presente apartado se gestionó durante el año en curso, ratificándose que esa entidad (Gobierno Regional) no realizó las acciones de cobranza en forma mensual en el año 2015, pese a contar con la información para ello”.

Por último, el informe también destaca que el cálculo respecto a la tarifa  de arriendo de  los funcionarios que realizaron los inmuebles  se hizo en base a un sueldo base distinto al que correspondía a sus grados, “generando una diferencia de $128.125. El Gore se defiende y señala que no existen tales diferencias, pero no entregó documentación que pudiera dar respaldo a sus cálculos, por lo cual la Contraloría mantiene la observación.

A pesar que el Gobierno Regional presentó antecedentes que permitieron subsanar varias observaciones, la Seremía de Bienes Nacionales debe realizar diversas acciones para desalojar las viviendas utilizadas por exfuncionarios o quienes no acreditan  pertenecer a los servicios públicos a los que fueron entregados los inmuebles y además para descontar mensualmente el respectivo pago de arriendo de cada una de las viviendas fiscales. 

VULNERABILIDAD DEL SISTEMA. Otra de las observaciones realizadas por la Contraloría al Departamento de Finanzas, dependiente del Departamento  de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, es la vulnerabilidad en el uso de contraseñas y perfil de usuarios de quienes trabajan en el sistema de remuneraciones. Entre las críticas se encuentran  cuentas de usuarios que aún están vigentes, pero cuyos funcionarios no trabajan en el Gobierno Regional o claves genéricas como las conocidas 123456, que vulneran las normas de seguridad de la información.

Según el informe, desde el Gobierno Regional se informó que esta situación fue subsanada asignando  perfiles de usuarios con distintos privilegios, según la labor que corresponda; eliminando los perfiles de exfuncionarios  o bloqueando a quienes han cambiado de tarea dentro del Gobierno Regional. Por otra parte, el Departamento de Informática entregó recomendaciones y realizó capacitaciones a los trabajadores del GORE enfatizando en el uso seguro de claves. Sin embargo, la observación no es levantada por la Contraloría, debido a que  aún se advierten contraseñas vulnerables.