Damnificados de Baquedano siguen viviendo en carpas tras el tsunami

El desconsuelo y los problemas que causó a los damnificados el terremoto y tsunami del año 2015 están lejos de finalizar, y de ello dan cuenta más de una veintena de vecinos del sector Baquedano de Coquimbo, que a la fecha no reciben las viviendas de emergencias al estar paralizadas las demoliciones de sus domicilios dañados, teniendo así que vivir por más de 9 meses bajo el peligro y la vulnerabilidad social.  

En este contexto surgen una serie de críticas hacia la labor que lleva adelante el Gobierno Regional y el municipio de Coquimbo para enfrentar la emergencia en la llamada “zona cero” del destructivo evento natural. Principalmente por la lentitud en definir los procesos de reconstrucción de este sector, la escasa implementación de medidas para ayudar a las familias a volver a habitar en domicilios dignos; y lo último, el doble pago de bonos Enseres entregados por el gobierno, que hoy les pide a los afectaos restituir los recursos.

REALIDAD.

En lo inmediato, es imperante que las familias que requieren acceder a una vivienda de emergencia y conexión a los servicios básicos puedan concretarlo, tras constatarse la precariedad en la cual viven adultos y menores que habitan casas al borde del derrumbe, y sin las condiciones mínimas para vivir.

Este es el caso de Miriam Espinoza, quien después de vivir por más de dos meses a las afueras de su domicilio ubicado en la Avenida Baquedano #420, provista de carpas tuvo que ingresar a su dañado inmueble junto a su hijo enfermo y una nieta de 9 años de edad. A sabiendas que ante un evento sísmico de mediana intensidad podrían ceder las estructuras y caer sobre ellos.

Así, diario El Día llegó hasta su hogar y pudo constatar su lamentable realidad. “Hace nueve meses que estamos viviendo en pésimas condiciones, y en una vivienda que en cualquier momento se podría venir abajo, lo cual, es respaldado por el decreto de demolición que llegó meses atrás. Aunque nos han prometido la instalación de viviendas de emergencia desde el municipio y el Gobierno Regional, nada se cumple, mientras que la desesperación crece”, señaló la mujer visiblemente afectada.

Miriam además manifestó la preocupación de quienes viven en similar condición a la de ella y su familia, considerando que “estamos entrando al invierno donde se producen grandes lluvias y la situación es muy compleja. Si bien recibimos el bono Enseres, no se puede arreglar nada ya que la demolición se realizará”, finalizó la damnificada.

Similar situación vive en la Avenida Baquedano Carlos Trigo, quien perdió su domicilio tras el tsunami y a la fecha vive en una carpa al fondo del terreno, hoy cercado por un precario cierre perimetral. “Mi madre y hermanos tuvieron que irse y arrendar en otro lugar, porque no teníamos como vivir dignamente acá. Gracias a particulares tengo una carpa, pero de la vivienda de emergencia no se sabe nada. Es algo lamentable para quienes fuimos afectados por el tsunami”, consignó.

MUNICIPIO Y GOBIERNO.

Como se indicó, los afectados por la no demolición de inmuebles en mal estado y la nula entrega de viviendas de emergencia en el sector Baquedano responsabilizan de ello al municipio de  Coquimbo y al Gobierno Regional.

En este contexto y para clarificar, el proceso requerido por los damnificados inició con el catastro y evaluación de su situación, y se identificó a quienes calificaban para una  vivienda de emergencia. Tras ello, el municipio dio la orden de demolición de los inmuebles para llevarla a cabo, y continuar con la instalación de las nuevas estructuras.

Sin embargo, esto no continúo avanzando debido a la prohibición de instalar viviendas de emergencias en una zona de inundabilidad, lo cual, es una decisión de gobierno ante la legislación vigente. Esto fue clarificado por el Secretario Comunal de Planificación de Coquimbo, Luis Henriquez, quien aseguró que “el Estado en ninguna instancia autoriza o se hace responsable de instalar viviendas de emergencia en lugares inundables. Pese a ello instalamos algunas, pero hoy nadie nos deja continuar. Así, desde hace 6 meses estamos con las estructuras en nuestro poder sin poder instalarlas”.   

Según continuó detallando el SECPLAN, en Baquedano existían alrededor de 50 decretos de demolición de inmuebles inicialmente, “pero muchas familias demolieron por su cuenta y actualmente quedarían 27 viviendas pendientes. Para ello contamos con los recursos entregados por el gobierno, pero no se puede avanzar”, concluyó Luis Henríquez, quien también criticó el accionar de las autoridades centrales en esta materia.