Damnificados que recibieron doble pago de Bono Enseres se niegan a devolver dineros

“La gente damnificada pensó que los recursos eran ayuda del Gobierno, que ahora los amenaza para cobrar lo que gastaron en levantar sus casas”. En la frase de Betty Santander, secretaria del comité Baquedano Unido que agrupa a más de 100  familias de la llamada zona “cero” del terremoto y tsunami del año 2015 en Coquimbo, se resume la problemática que enfrentan los afectados por la emergencia tras recibir el doble pago del Bono Enseres que entregó el Gobierno Regional debido a un error, desde donde hoy se les obliga al reembolso de los dineros.

En la  zona se identificó un total de 84 casos de duplicidad en el acceso a la cancelación de beneficios, de los cuales un 80% se concentra en el sector Baquedano de la ciudad de Coquimbo. Inicialmente el  aporte era de $1 millón para las personas afectadas por el tsunami, y de $500 mil para quienes perdieron sus bienes por el terremoto.

Este proceso se efectuó vía transferencia electrónica y  principalmente a cuentas R.U.T. del Banco Estado en el mes de septiembre. Sin embargo, el día 11 de diciembre del 2015 y según informó la entidad financiera al Gobierno Regional, se volvió a hacer efectivo el depósito, dando paso a un doble pago.
Desde el Gobierno Regional y por medio de una misiva dirigida a las personas que recibieron el doble pago del llamado Bono Enseres, se comenzó a hacer el cobro de los recursos argumentando que por error fueron cancelados de nuevo. 

Pero los damnificados involucrados, en su mayoría, alzaron la voz señalando que no es posible restituir los dineros ante la difícil situación que atraviesan sus familias. A la vez, argumentan que el error es del Gobierno, desde donde sólo tras 9 meses de acontecida la emergencia identificaron lo sucedido, a sabiendas que la gente utilizó los recursos para comprar sus enseres y poner de pie sus hogares.

En su hogar de Baquedano, Luis Flores, poblador damnificado, quien recibió la doble cancelación del Bono Enseres por $1 millón   argumentó que ellos no tenían culpa de lo ocurrido. “No es culpa de nosotros que hayan depositado de más. Siempre pensamos que fue ayuda y no tenemos cómo devolver tal cantidad de dinero, al ser en su mayoría personas pensionadas las que vivimos acá, y con lo mínimo. En mi hogar está la evidencia del gasto del dinero, con el que también poco a poco he podido levantar mi casa nuevamente”, argumentó. 

Betty Santander, secretaria del Comité Baquedano Unido, indicó que en su sector, más de 40 personas a la fecha han acusado recibo de la misiva del Gobierno Regional que les exige restituir los dineros en cuestión; por lo cual están buscando asesoría legal al considerar que el error fue del Gobierno. “Al intendente le decimos que la desinformación es grande y que el error fue de ellos. Esto es una total falta de criterio de las autoridades y se nota que prácticamente están jugando con la gente, en un proceso que debió ser serio. Nos asesoraremos legalmente para proteger a nuestra gente que lleva sufriendo más de 9 meses, y que ahora es perseguida por dinero”, aseguró la dirigente social a El Día.

 GOBIERNO REGIONAL.

Desde la intendencia, el seremi de Gobierno, Bernardo Salinas, precisó  que se instruyó un sumario administrativo para identificar cómo se produjo este error. Enfatizó que con este proceso se investigará a todos los involucrados en  la asignación de beneficios tras el terremoto y tsunami, incluyendo al Gobierno Regional, la entidad bancaria y el Ministerio de Desarrollo Social.  

“Puede ser que el sistema automáticamente haya duplicado los R.U.T., o bien que las listas provenientes del Ministerio de Desarrollo Social presentaran el error. Sólo hay 84 bonos en esta condición, centrándose el 80% en el sector de Baquedano”, precisó  Salinas.

También admitió que un 30% de las personas que recibió el dinero ya lo devolvió “y enviamos una carta para que la gente se acerque y puedan concordar la forma de pago. Eso se verá caso a caso”, detalló la autoridad. Lo anterior, según Salinas, se sustenta en que el Gobierno Regional, por ley posee la responsabilidad de perseguir penal y judicialmente a quienes no quieran solucionar el problema. “No queremos llegar a la judicialización”, finalizó.