Prisión preventiva para los representantes de empresa Parcons por caso loteos brujos

La Fiscalía de Coquimbo formalizó la investigación a dos personas, Juan Miranda y Jimena Burdiles, en calidad de imputados en la investigación que se sigue por estafas reiteradas y loteos irregulares en el sector de Pan de Azúcar en Coquimbo, desde el año 2014.

Según la Fiscalía, los imputados habrían efectuado toda una puesta en escena para la venta de loteos mediante avisos publicitarios.

Sobre 50 víctimas registra está causa y los montos estafados ascenderían a 640 millones de pesos.

En una concurrida audiencia, la pareja de imputados fue formalizada en la investigación y la fiscalía solicitó la prisión preventiva por las causales de peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. En tanto, la defensa pidió otras cautelares.

El juez de garantía de Coquimbo, Diego Rubí, determinó la prisión preventiva para los sujetos y 120 días para la investigación.

El fiscal de Coquimbo, Nicolás Nicoreanu, quien realizó la formalización junto con el fiscal Juan Rubén González, argumentó que "el engaño se ve reflejado en el llamado que se hacía a las víctimas a comprar, con luz, agua, requisitos que no se cumplían y las propiedades no sé pudieron inscribir en el conservador de bienes raíces", dijo.

La imputada Burdiles no se había presentado anteriormente a las audiencias del caso, argumentando razones de salud. Sin embargo, tras una orden de detención cursada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, fue detenida por la PDI en el aeropuerto internacional de Santiago, desde donde pretendía viajar a Lima, Perú.

La orden de detención fue motivo de un recurso de amparo presentado por su defensa, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de La Serena. "Ella fue detenida en Santiago hacia Lima con fines recreativos, sabiendo que tenía una orden de detención y la causa vigente", dijo el fiscal Andrés Gálvez, quien alegó por el Ministerio Público.

La segunda sala de la Corte de Apelaciones, integrada por el ministro Fernando Ramírez, la ministra Marta Maldonado y el abogado integrante Claudio Fernández, consideraron que la orden de detención pedida por la Fiscalía y otorgada por el magistrado Pablo Lizama, resultó procedente.