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Alejandro Pizarro Ubilla
Debido a la crisis que ha movilizado a las autoridades nacionales por la situación que se vive en Colchane, es que sigue latente la inquietud por hechos que se hacen repetitivos, como el frustrado ingreso de ciudadanos venezolanos al país, que por poco se concreta en el peaje de Tongoy. Al respecto, actores claves aseguran que se está trabajando “coordinadamente”.

La situación migratoria es preocupante en el país, debido a las complicaciones que se han generado en puntos críticos utilizados como pasos de carácter ilegal para el ingreso de extranjeros. En efecto, las autoridades nacionales anunciaron el “Plan Colchane”, con la advertencia de expulsión para quienes entren por pasos no habilitados.

De esta manera, en el marco de la visita realizada a la Región de Tarapacá por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de Defensa, Baldo Prokurica y de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se determinó que Chile deportará hoy a Colombia y Venezuela a un grupo de 100 migrantes que ingresaron al país por un sector irregular, precisamente en una zona que vive una crisis sin precedentes.

Pero esta problemática no sólo ha reportado novedades en el extremo norte, ya que en nuestra región de Coquimbo se han producido algunas situaciones irregulares, como la que tuvo lugar en el sector del peaje de Tongoy, donde el domingo se impidió el ingreso a siete ciudadanos venezolanos que se trasladaban en un camión de carga. Una vez que se dio cuenta de esta situación al Ministerio Público, se concretó la concurrencia de la PDI para efectuar las primeras diligencias.

Luego, se solicitó la llegada de personal de la Gobernación Provincial de Elqui, para el traslado de las personas hacia una residencia sanitaria, para así cumplir con el aislamiento preventivo mientras se toman los cursos de acción por parte de la Fiscalía.

LAS CIFRAS



El gobernador Provincial de Elqui, Marcelo Gutiérrez, en conversación con diario El Día, se refirió al trabajo que están realizando para contener la inmigración ilegal. En ese contexto, entregó algunos datos de relevancia en cuanto a acciones formales de ingreso.

 “En el  2020 entregamos 3.496 visas. Este año, han sido solicitadas 183, y a la fecha hemos entregado 391, las que estaban rezagadas desde el año pasado”, detalló.

Respecto de expulsiones administrativas, acotó que “cinco se realizaron durante el 2020 a través de la Intendencia. La PDI informó de 20 más, de las cuales 16 fueron por resolución judicial y cuatro por ingresos clandestinos por pasos no habilitados”.

Hasta el momento, durante el 2021, no se han materializado expulsiones. 

Sobre las coordinaciones, Gutiérrez recalcó que “me he puesto a la cabeza en este tema, por lo que pasó el domingo. Ese día, recibimos la denuncia anónima de un camionero e inmediatamente me puse en contacto con la Policía de Investigaciones, para que se apersonara la Brigada de Extranjería e Inmigración. En ese contexto, son claves los puntos de control dinámico en forma aleatoria, lo que facilitó por ejemplo impedir el acceso de esos siete venezolanos y así poder acudir al procedimiento en sólo diez minutos”.

A juicio de Gutiérrez, la mayor preocupación en cuanto a los extranjeros es la presencia de personas pidiendo en las calles, disponiendo incluso de niños que utilizarían con fines netamente monetarios, con todos los peligros sanitarios que eso significa. 

LA POLICÍA ES FUNDAMENTAL  



La PDI es vital en materia de control. En ese escenario, el subprefecto Cristian Müller, jefe del Departamento de Inmigración, Extranjería y Policía Internacional de La Serena, señaló que “en la Región de Coquimbo se realizan fiscalizaciones semanales  para detectar ingresos irregulares. Todos quienes son sorprendidos son denunciados a la autoridad administrativa, en este caso a la Intendencia”.

Respecto de denuncias propiamente tal, indicó que “han recibido una gran cantidad de denuncias por el ingreso de ciudadanos venezolanos, principalmente. Por esto, se deben destacar los esfuerzos que se están haciendo en la zona fronteriza de Colchane, que ha sido reforzado por personal nuestro, también”. 

En el caso de las personas irregulares, puede  tratarse de turistas a los que se les vence el tiempo de estadía,  por lo que deben pagar una multa y solucionar su problemática. “En la eventualidad de que la comunidad tenga denuncias, lo puede hacer al 134 o pueden acercarse al cuartel más cercano”, subrayó el subprefecto Müller.

Críticas desde las mismas comunidades

Laura Guedez, vocera de la agrupación de venezolanos de La Serena, VeneSer, en conversación con diario El Día, aseguró que “nos estamos organizando para ayudar a quienes están ingresando de manera irregular, más no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en ciertos casos, porque estamos seguros que muchos no vienen a trabajar. Estoy segura que el índice delictivo ha aumentado gracias a la llegada de muchos venezolanos que vienen a vivir de la lástima y que no tienen escrúpulos”.

Lo que más les inquieta, a su juicio, es que la autoridad ha permitido en forma “alarmante la mendicidad, porque ser migrantes no significa que no estemos capacitados para trabajar. Porque lamentablemente, hay aprovechadores”, concluyó.

 

 

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