La Contraloría dio a conocer el informe final que establece una serie de irregularidades al interior de la Municipalidad de Coquimbo, cuyo preinforme se había filtrado hace unas semanas.
Dentro de las principales conclusiones emanadas desde el ente contralor se indica un déficit de caja al 31 de diciembre de 2019 de $24.255.258.968, sobresueldos a funcionarios de planta con boletas de honorarios, acreditación de labores, documentación no proporcionada sobre procesos sumariales y cuestionamientos al pago de horas extras, entre otras anomalías.
Además, se solicita clarificar el funcionamiento de varios programas comunitarios y de cómo fue su financiamiento.
En detalle, el informe señala que la Municipalidad de Coquimbo, al 31 de diciembre de 2019, mantenía deudas sin devengar en su sistema contable, correspondiente a facturas no registradas por la suma de $8.312.593.248; sentencias ejecutoriadas sin contabilizar por $69.287.897; deuda por transacción extrajudicial correspondiente al proyecto de construcción del edificio consistorial, por un monto de $1.487.500.000 y deuda por el edificio consistorial con el Gobierno Regional de Coquimbo por $3.467.694.525. Lo anterior, generó que la deuda flotante del año 2019 se encontrara subvalorada, a lo menos, por el monto de $13.337.075.671, situación que incidió en la determinación de un déficit de caja que asciende a $24.255.258.968 en la casa edilicia.
Verificar labores
Se suman las observaciones sobre las acreditaciones de labores y sobresueldos en algunos funcionarios de planta de alto rango y jefatura. La Contraloría estableció que el municipio deberá ejercer un mayor control sobre estas materias que le permita prevenir y detectar oportunamente situaciones como la falta de acreditación de las labores desarrolladas por los prestadores de programas comunitarios, debilidades en el proceso de visación de informes de actividades, inconsistencia en medios de verificación de realización de las labores encomendadas a personal de contrata y planta que se desempeñan como servidores en dicho tipo de programas en modalidad media jornada, personal a honorarios que desarrolla funciones de coordinación y jefatura, entre otros.
Devolución de recursos
El escrito, de más de 300 páginas, apunta que referente a las asignación de horas extraordinarias no justificadas, la entidad edilicia deberá adoptar las medidas pertinentes para que la asignación de este tipo de labores se realice oportunamente a través del respectivo acto administrativo, individualizando al personal que las desarrollará, el número de horas a efectuar y el período.
Además el municipio porteño deberá acreditar mediante los respectivos comprobantes de ingreso y cartolas bancarias el reintegro a las arcas municipales los montos de $12.779.389, $4.844.444 y $6.743.332, de tres funcionarios, lo que tendrá que comunicar documentadamente en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la total tramitación del presente informe final.
Registros editados
Sobre los registros editados en la marcación de ingreso y salida en el pago de horas extraordinarias, se deberá realizar el reintegro por las sumas pagadas indebidamente, aspecto que deberá ser acreditado fundadamente en el Sistema de Seguimiento y Apoyo Contraloría General de la República en un plazo de 60 días hábiles.
Además, el municipio tendrá que mantener una adecuada supervisión sobre las claves de acceso de esa aplicación, a través de procedimientos formales de intervención en los registros, en los que por cierto quede constancia de quienes accedieron y modificaron datos.
Municipio descarta falta de probidad
Respecto al informe, el alcalde (S) Patricio Reyes, señaló que se encuentran conformes con el documento final de la Contraloría, porque es más acotado que el difundido hace unas semanas y que tenía un carácter preliminar y confidencial.
Según el administrador municipal, el nuevo documento reduce las observaciones que se hizo en el preinforme, esto porque el municipio dio una pronta respuesta a estas informaciones.
“La gran mayoría fue subsanada o está en vías de subsanarse, y por ende fueron levantadas del informe final. Son temas procedimentales y de gestión administrativa. Agradecemos a la Contraloría que nos haya hecho esos contrapuntos para mejorar nuestra gestión de la manera más transparente posible”, explicó el edil (S).
Reyes descartó de plano que existiese algún tema de índole penal, expresando que “estamos muy tranquilos, no hay referencia algún delito, falta de probidad o de corrupción”.
La autoridad reitera que el déficit de caja se debe claramente a múltiples factores que provocaron el aumento de gastos en el municipio.
“Presentamos a la Contraloría una nueva dotación de planta y contrata a partir del 2019 y 2020, que significan 4 mil millones de pesos adicionales de lo que se pagaba ya antes por año. Esto se pensaba compensar con los mayores ingresos que pensábamos percibir con el nuevo contrato del Casino Enjoy, que ingresaba el año 2020. Hemos dejado de percibir estos ingresos , en este tiempo por el estallido social y pandemia, el casino ha estado cerrado dejando de percibir el municipio unos 6.500 millones de pesos”, detalla Reyes.
En este sentido, manifiesta que esta problemática con el Casino se suma a la no entrada de otros ingresos propios como patentes.
“Recibimos menos pago de patentes comerciales, de alcoholes, permisos de bienes de uso público. Hemos dejado de percibir alrededor de 11 mil millones de pesos, por esto se explica el déficit de caja. Si agregamos que el nuevo contrato del Casino debiese haber comenzado el año pasado, estamos a marzo de 2021 y todavía no comienza, que permitía ingresar 15 mil millones por año. Esos ingresos aún no forman parte de las arcas municipales ,porque la Superintendencia le ha dado dos prórrogas para el no pago a esta empresa. Por eso solicitamos que no se le entregue una nueva prórroga y comience este 29 de mayo, con esto en un año y medio tendríamos este déficit de caja resuelto”, finaliza Reyes.
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