Descontento con Reforma de Agua continúa: agro exige reajuste de camiones aljibes

El paro de los camiones aljibes en Monte Patria y el decreto de escasez hídrica por la baja recarga de acuíferos que dificulta la entrega de agua en los APR, alertó a los agricultores quienes insisten en que el cambio en la ley que reforma el Código de Aguas, y que actualmente se discute en el Senado, no solucionará problemas de fondo. “Me parece poco oportuno que salgan a la vista en la prensa problemas que deberían estar resueltos de otra manera. Que haya un decreto de escasez hídrica a pesar de tener los embalses llenos es preocupante”, señaló María Inés Figari, presidenta de Sociedad Agrícola del Norte.

FALTA INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE AGUA A SECTORES RURALES

La Presidenta de SAN agregó que buscan demostrar lo que con tanta fuerza han tratado de decir, que el problema no es la ley, es el recurso agua, y ninguna ley solucionará problemas de infraestructura que el Estado no está resolviendo. “Que los camiones aljibes tengan problemas de financiamiento no se debe al uso que los agricultores hacen del agua, a los que se nos ha acusado incluso de robar agua, sino que se debe a la falta de infraestructura para dotar del recurso hídrico a las personas”.

En tanto, Pelayo Alonso, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, explicó que con embalses que hoy tienen más de 80% de su capacidad con agua y buenos caudales en los ríos de la región, claramente el problema no es de falta de agua, sino que de grandes carencias de infraestructura. “Ésta es evidentemente un área de responsabilidad del Estado, quien no la ha asumido íntegramente”, confirmó Alonso. El también empresario señaló que los camiones aljibe fueron un paliativo para solucionar temporalmente una grave situación, originada por una aguda sequía. Pero su existencia no puede considerarse como solución definitiva: son ineficientes y de alto costo para el problema que buscan resolver. “Estos camiones han sido manipulados para intentar empujar, en grupos desinformados, una reforma altamente ideologizada”, dijo.

LA NUEVA LEY NO INCLUYE INVERSIONES INDISPENSABLES

Los dirigentes gremiales reclaman, en tanto, que la propuesta impulsada por el gobierno para reformar la ley que rige el uso del recurso hídrico no incluye las indispensables inversiones en infraestructura necesarias para administrar el agua disponible. Según el gremio, precisamente gracias a la gestión de las Juntas de Vigilancia, que han sido las que han velado por su aprovisionamiento prioritario para uso bebestible y de saneamiento, el agua hoy ha podido llegar a todas las personas.

Por otra parte, la adecuada provisión de agua a la población también exige de racionalidad en los asentamientos rurales. “Es una de las funciones del Estado establecer los lineamientos generales y los incentivos para que estos asentamientos se ubiquen en lugares a los que sea factible llegar con las redes de agua potable, o bien financiar su extensión”, agregó Pelayo Alonso.

Por último, Marcela Jeneral, presidenta de la Junta de Vigilancia de Río Ilapel, recalcó que el Estado a través de la Dirección de Obras Hidráulicas es la encargada del desarrollar las obras de infraestructura de los Comités de Agua Potable Rural y entregar cobertura total a la población rural, abasteciéndola. “Con esta Reforma al Código de Aguas, el gobierno no garantiza que realizará las inversiones para entregar agua a la población y continuará la entrega a través de camiones aljibes que implican un alto costo”, culminó.62-01