"Sorprende que el Magisterio ponga cortapisas para aprobar Aula Segura, un proyecto tan necesario"

Los docentes calificaron de "bofetada" la propuesta de la administración de Sebastián Piñera, al petitorio tras la última reunión entre el Colegio de Profesores y representantes del Ministerio de Educación, que culminó con la entrega de la petición con 11 puntos al Gobierno. Por esta razón el magisterio hizo un llamado a un paro nacional por 48 horas y advirtió una huelga indefinida en el caso de que posteriormente no haya pronunciamiento satisfactorio desde La Moneda.

No obstante, el subsecretario visitó la Región de Coquimbo no solamente para referirse a la paralización nacional, sino también, a los desafíos más importantes que tiene pendiente en su agenda, enfatizando que los objetivos para la región son los mismos que para el resto del país: poner a la calidad en el centro de la política educacional, donde el aprendizaje sea el elemento central de lo que ocurre en la escuela.

En relación a ello, Figueroa manifestó que el primer paso para cumplir el desafío está en la desmunicipalización, ya que esto permitirá mejorar la gestión financiera de cada establecimiento y que cada uno enfoque sus aprendizajes en las insuficiencias de la zona donde esté ubicado “pero para ello resulta muy importante que cada proyecto educativo reconozca las  necesidades de cada comunidad”.

El presidente Sebastián Piñera en conjunto a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmaron el Proyecto de Ley “Aula Segura”. Este busca fortalecer las facultades de los directores de colegios, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a los alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia. ¿Cuál sería la ventaja de poder implementar la ley?

“Este proyecto tiene por objetivo erradicar la violencia extrema de los establecimientos educacionales, y en ese sentido, se le entregarán a los directores mayores atribuciones para poder expulsar al estudiante que ha sido sorprendido, ya sea con porte o uso de armas en contra de algún miembro de la comunidad educativa.

“Me llama la atención que el gremio de profesores se haya manifestado en contra de esta iniciativa, siendo que el mismo Colegio ha solicitado que se tomen medidas de resguardo para los docentes”

Es un proyecto que se hace cargo de situaciones excepcionales y el objetivo es que la violencia se normalice dentro del sistema educacional”.

Por hechos de violencias graves será expulsado un alumno, pero también por porte o almacenamiento de armas. ¿Esto último es considerado también un acto de violencia?

“Para empezar, son conductas constitutivas de delito que están condenadas en cualquier ámbito de la sociedad, y con mayor razón, consideramos que esas actitudes van en desmedro de generar un ambiente seguro para la comunidad y convivencia escolar”.

El Colegio de Profesores acusa que es un proyecto populista por que surge en base a los actos de violencia causados por los overoles blancos en el Instituto Nacional, pero mantienen que es un problema que se arrastra desde hace varios años. ¿Por qué surge verdaderamente este proyecto?

“Es una medida necesaria que apunta a entregar elementos de reacción frente a hechos violentos, es más, me llama la atención que el gremio de profesores se haya manifestado en contra de esta iniciativa, siendo que el mismo Colegio ha solicitado que se tomen medidas de resguardo para los docentes. Estamos hablando de casos graves como los que ocurrieron en el Instituto Nacional en el que se roció con bencina a una profesora, y si consideramos que este acto es algo que debe ser discutido en profundidad por si amerita la expulsión de quien ejecuta ese acto, la verdad es que me sorprende que el Colegio de Profesores, que dentro de sus funciones está proteger a sus asociados, ponga cortapisas a la aprobación de un proyecto tan simple pero tan necesario como este”.

¿Y por qué no mejor incentivar la prevención mediante la enseñanza cívica, en vez de castigar directamente a los alumnos?

“Obviamente que la violencia y los problemas de convivencia tienen diversas causas que son profundas y deben ser abordadas, y en eso desde el Ministerio estamos trabajando principalmente en el perfeccionamiento de manuales de convivencia que apunten a hacerse cargo de esta situación. Ahora, eso no significa que tengamos la obligación de reaccionar frente al riesgo de que la violencia extrema se comience a normalizar en el sistema. Por lo tanto el proyecto lo que hace es complementar una acción mucho más compleja”.

¿Qué pasa con la reubicación de los alumnos expulsados? ¿Qué establecimiento los querrá recibir con dichos antecedentes?  

“Este proyecto compatibiliza adecuadamente las siguientes situaciones: el derecho de toda la comunidad educativa a tener acceso a un ambiente escolar en situaciones normales, por otro lado, también garantiza el debido resguardo que requieren, y el derecho a la educación de quien ejecuta estos hechos asegurándole un debido proceso para defenderse y por otro, la reincorporación al sistema educacional en otro establecimiento pero con el acompañamiento psicosocial que el Mineduc entrega para estos efectos”.

La expresidenta Michelle Bachelet no cumplió con el compromiso de elaborar una propuesta de solución y sólo entregó un catastro de los profesores afectados por la llamada deuda histórica al terminar su mandato y desde el Colegio de Profesores acusan que la actual administración desconoce este asunto. ¿Este Gobierno piensa adoptar un compromiso respecto a este contexto?

“Acá hay varias consideraciones que hacer. Específicamente a lo que se refiere a la llamada deuda histórica, distintos gobiernos no han reconocido esa deuda. Efectivamente el Colegio de Profesores insiste en su petitorio y lo ha hecho sistemáticamente, y a mi juicio eso debe compatibilizarse con el hecho de que diversas administraciones no le han hecho ningún reconocimiento, y por otro lado, las necesidades del país en materia económica son múltiples y es fundamental priorizarlas. En ese sentido la inversión que Chile ha hecho en los profesores en el último tiempo ha sido considerable, ya que sólo el sistema de desarrollo profesional docente implica una inversión de 2.800 millones de dólares al año y por lo tanto, vemos que el Estado y este Gobierno en particular, ha puesto siempre la calidad de la educación como principal objetivo, y en la misma línea, los profesores que son pieza fundamental para alcanzar esa calidad han tenido un trato preferente respecto a otros profesionales”.   

No hay persona más indicada para señalar los problemas al interior de las aulas de clases que los mismo docentes, no obstante, siempre se ve que el Colegio de Profesores discrepa con los proyectos o leyes que se impulsan. ¿Cómo es que se quiere fomentar la carrera docente si los profesores no se sienten respaldados por el Gobierno?

“Creemos que los profesores son una pieza clave en el sistema educacional, y por ello estamos implementando nuevas políticas que los ponen en el centro de las prioridades. Y desde el Ministerio estamos trabajando en fomentar los aprendizajes de los docentes para que tengan un mejor desempeño, y por consecuencia, mejores remuneraciones.

Creemos que en general, que los profesores están satisfechos con la labor que realizan y hacen una clara distinción con lo que son las exigencias gremiales con el reconocimiento a políticas de Estado cuyo propósito es mejorar la calidad de la educación”.