Empleados públicos dicen no estar dispuestos a aceptar presiones mientras atención en salud es cuestionada

En la ciudad de La Serena, así como en los principales centros urbanos de nuestro país, ha sido la tónica  en los últimos días la gran cantidad de marchas y manifestaciones variadas de los empleados públicos, que están en medio de un conflicto que los tiene en primera líneas del debate nacional. Sobre todo, tras la determinación de la Confederación de Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), que confirmó que el paro nacional que comenzó el pasado 2 de noviembre continúa este lunes y martes.

Más aún, cuando el movimiento a nivel nacional acusó “amenazas” por parte del Gobierno, ante el instructivo que habría sido entregado a dependencias estatales para descontar días no trabajados por el paro de funcionarios del Estado. En ese contexto, no descartaron avanzar hacia un paro indefinido si el Ejecutivo insiste en mantener el incremento salarial en 3,2% y más se si aplican medidas de castigo.

Con la amenaza de “fortalecer” el movimiento, enfatizaron su rechazo a la presentación de este martes del veto aditivo del gobierno para insistir en el 3,2% de reajuste salarial para funcionarios del Estado.

En esto, hay un respaldo total desde las bases mismas del movimiento regional, aunque con matices. 

Clara Olivares, presidenta regional de la ANEF, en conversación con El Día, señaló que efectivamente han recibido amenazas y de esas presiones han sido protagonistas los jefes de servicios. “Instruyen a las jefaturas a labores de control, solicitando firmas periódicas y registros objetivos de que los trabajadores están cumpliendo con sus labores. En ese contexto, creemos que los jefes de servicio se transforman en agentes de seguridad, prácticas que pensábamos habían quedado en la dictadura”, subrayó Olivares, quien agregó que “los dirigentes gremiales no tenemos miedo. El problema es que el Gobierno no ha querido dialogar con nosotros y sólo cuentan con los parlamentarios como interlocutores válidos.

Por su parte, desde la Confusam La Serena, y a través de su presidenta, Alejandra Leiva, se indicó que “ellos no han recibido presiones en particular”, pero sí están al tanto de acciones contra el sector público. “Creemos que el Gobierno está tratando de apagar un incendio con bencina. Mantendremos el paro hasta la jornada de mañana con toda seguridad. Con este nivel de represión no es mucho lo que podemos hacer”, señaló.

Desde el Gobierno, indican que el nivel de adhesión al paro nacional, durante este lunes en la Región de Coquimbo, llegó a un 27%, lo que equivale a cerca de 2 mil funcionarios.

Preocupación del Colegio Médico

Sin embargo, existe preocupación por parte del Colegio Médico regional, en concordancia con los varios días de paralización que ha tenido el sector público, sobre todo relación al funcionamiento de los hospitales de La Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel, los más importantes de la región. En efecto, el presidente regional de este cuerpo colegiado, Jaime Bastidas, afirmó que “hasta antes de este paro teníamos una carencia bastante importante producto de la falta de infraestructura, de camas, de servicios, exámenes; con hospitalizaciones en el Servicio de Urgencia, hacinamiento en los boxes, en las salas de espera, entre otros. Pero con la prolongación de este paro podemos decir claramente y con todas sus letras: la situación en los tres grandes hospitales de la región es muy grave”, subrayó.

Bastidas agregó, para ejemplificar, que “hoy son más de cien personas con fracturas que en estos momentos están en sus casas porque no han podido ser atendidas. Pacientes con patologías vesicular para ser operadas y que ya se les está pasando el plazo, con cánceres gástricos, entre otros. Insisto, la situación es realmente muy grave. Por lo mismo, emplazamos nuevamente al Gobierno a solucionar a la brevedad este conflicto, buscando dar respuesta favorable que permita terminar con esta paralización y sus graves consecuencias para la ciudadanía en general”.

La presidenta regional de la ANEF, Clara Olivares dice comprender lo que sucede y la natural molestia de los usuarios. Sin embargo, subraya que “es el Gobierno el que tiene que dar respuestas para entregar una mayor dotación y condiciones de empleo para que los usuarios reciban la atención que merecen”.

En tanto, desde la salud municipal, Alejandra Leiva de la Confusam señala que “estamos trabajando con turnos éticos, entregando los medicamentos que las personas necesitan y se les están haciendo curaciones si es que las requieren. Esto no es contra la gente, sino por reivindicar a compañeros que ganan una miseria. Al menos en La Serena, los sindicatos están unidos pero atendiendo a la comunidad, los Centros de Salud Familiar están atendiendo desde las cinco de la tarde”.

La autoridad de Gobierno responde

El director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, señaló a El Día que el paro, desde la perspectiva de la atención primaria, que “los SAPUS están funcionando desde las 08:00 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los medicamentos para los enfermos crónicos siempre están disponibles y también los programas de alimentación complementaria para niños y adultos mayores”, afirmó.

Respecto a las urgencias de baja complejidad, Jorquera afirmó que “están en funcionamiento y entregando los medicamentos a quienes corresponda. Además, los pacientes hospitalizados siguen siendo atendidos como se debe, en el marco de los denominados turnos éticos”.

Sobre el nivel de adhesión al paro, el director del Servicio de Salud comentó que en los tres principales hospitales éste llega al 34%. “En La Serena, llega a un 18%, en Ovalle un 46% y en Coquimbo un 25%. En Illapel, llega a un 59%”, aseguró.

Si bien reconoce y concuerda con el Colegio Médico que “las condiciones actuales de trabajo al interior de los hospitales no es nada de fácil, con esto se complica más y nos obliga a tener que ver las complicaciones que se nos van a venir, para regularizar lo que dejamos de hacer en este período”.

Tratativas del gobierno y cifras

Cabe destacar que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reunió este lunes en La Moneda con los presidentes y jefes de bancada de los partidos de la Nueva Mayoría para revisar el proyecto del Ejecutivo que busca destrabar el conflicto en torno al reajuste al sector público para el 2017.

Con esta reunión que se extendió por más de dos horas, se pretendía que el oficialismo se alineara y apoyara el veto aditivo que se revisará este martes en el Congreso.

La propuesta del Ejecutivo mantuvo el reajuste en 3,2%, pero mejoró las asignaciones con bonos para los funcionarios públicos con ingresos más bajos.

Cabe recordar que en la votación del tercer trámite constitucional, el proyecto fue rechazado con 97 votos en contra, ningún voto a favor, y 12 abstenciones. Rechazo que se mantuvo en la comisión mixta.

El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz,  se refirió a las tratativas del gobierno y la Nueva Mayoría y señaló que “hay buena voluntad de todos, más allá de la complejidad del tema”.

Por su parte, el diputado DC por el Octavo Distrito, Matías Walker, señaló que espera “hay que tomar una determinación porque hay distintas alternativas. O se amplía la cobertura, o se amplían los bonos a los salarios más bajos y nosotros como partidos de la Nueva Mayoría, obviamente, aspiramos a que sean las dos cosas, haciendo un esfuerzo, aumentando los bonos y llegando a los profesores”.

Debido a que durante la mañana de este lunes, nuevamente no hubo acuerdo, el Gobierno llamó a una reunión extraordinaria con el oficialismo para las 21:00 horas de este lunes. 3801i