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El Día
A través de una declaración conjunta manifestaron su descontento ante la decisión adoptada por el Gobierno, argumentando que significa un daño tremendo a la región de Coquimbo y a la relación con Argentina.

Por: Valentina Carrasco 

A inicios del mes de diciembre se conoció por voz del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, que nuestro país había renunciado al préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la concreción del Túnel de Agua Negra, pese al acuerdo al que se había llegado con la nación trasandina. 

Por este motivo, y tras la confirmación del Ministerio de Obras Públicas (MOP), las críticas al gobierno central no tardaron en llegar, tanto por el retroceso que podría implicar en el proyecto, como por el daño generado a las relaciones con Argentina, ya que el propio Bielsa aseguró que la decisión fue tomada “de forma secreta o muy privada”.

A raíz de lo sucedido, ayer se hizo pública una declaración firmada por exintendentes, excores y autoridades en ejercicio, quienes comunicaron su profundo rechazo a la resolución del gobierno, ya que indican que fue “una decisión clandestina” que representa un peligro para el proyecto del Túnel de Agua Negra, que se viene promoviendo desde hace más de 55 años, además de ser “un daño que se le ha hecho a la región y a la relación bilateral con Argentina”.

La misiva está firmada por los exintendentes Renán Fuentealba, Ricardo Cifuentes, Hanne Utreras; los excores Agapito Santander, Fernando Joo, Raúl Godoy, Osciel Velásquez, Gladys Barraza, José Montoya, Fernando Ortiz, Pedro Quico, Denis Cortes, Pablo Muñoz, José Fernández, Miguel Ángel Rebolledo, Hernán Flores, y las actuales consejeras y consejeros regionales, Lidia Zapata, Ángela Rojas, Carlos Galleguillos y Lombardo Toledo.

 

TRANSGRESIÓN AL

PRINCIPIO DE BUENA FE

En el documento, los personeros insisten en que “el hecho de renunciar a un crédito bilateral existiendo una entidad binacional, que es el resultado de un tratado aprobado binacionalmente, constituye al menos, una evidente transgresión al principio de buena fe en la interpretación de los tratados que consagran la convención de Viena. Además de muchas otras normas vulneradas, esta es de máxima gravedad, puesto que clandestinamente se les ocultó esta decisión al país y muy especialmente a todos los habitantes de la Región de Coquimbo”.

En la misma línea, agregan que “nos parece que esta manera de actuar es incomprensible y ofensiva para quienes vivimos en la Región de Coquimbo (...) Pareciera que nunca hubo real voluntad de este Gobierno por avanzar en el proyecto; siempre hubo dudas respecto del monto de la inversión, aun cuando estuviera aprobado un préstamo por parte del BID; desde el inicio del proyecto, el gobierno se caracterizó por dilatar o derechamente, no darle continuidad a la gestión de este ante el organismo internacional”.

La declaración finaliza con una solicitud al Intendente Pablo Herman y al MOP para que se le explique a la comunidad “por qué nuestro país desistió del préstamo BID, y por qué nunca se le informó de esta decisión”. En este punto, los firmantes se comprometen a “ejecutar todas las acciones pertinentes para revertir esta mala decisión, y a apoyar aquellas adoptadas por el actual Consejo Regional en orden a conseguir este objetivo”.

Cabe destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo había decidido financiar la totalidad del proyecto del corredor binacional, (de un costo de 1500 millones de dólares), y los recursos serían pagados en un 72 por ciento por el gobierno argentino, en un plazo de amortización de 25 años. El 28 por ciento restante sería cubierto por Chile, en un periodo de amortización de 11 años.

 

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