Tras darse a conocer a través de un reportaje del portal CIPER que la empresa agrícola “El Cerrito”, controlada por la familia Luksic, mantenía una bomba hidráulica para extraer agua del Estero Derecho en el valle de Elqui, comuna de Paihuano, quedó en evidencia una situación que se viene incrementando en la zona como es la extracción ilegal del vital elemento.
Así lo confirma Horacio Hevia, presidente de la Junta de Vigilancia de Estero Derecho, quien recibió la denuncia por parte de los regantes del Canal Asiento sobre la situación que ocurría en el predio de propiedad del empresario.
“Si bien nuestro puesto es ad honorem y esta Junta de Vigilancia estuvo botada por mucho tiempo, estamos ahora retomando las fiscalizaciones y que se intensificarán porque en la medida que aumente la sequía esto se volverá más complejo. Ahora este tema tuvo mayor repercusión porque es una empresa de Luksic y no de Juan Pérez”, indicó Hevia.
El presidente de JJ.VV. de Estero Derecho sostiene que ante la situación que está generando la escasez de agua la extracción ilegal irá en aumento no solo en Paihuano.
“El estero es largo con muchos recovecos y estar revisando de extremo a extremo es muy complejo. Pero trataremos de vigilar todo, nadie puede poner una bomba para llegar y sacar agua, ya se llame Luksic o Hevia. No importa que esta manguera para extraer sea pequeña o grande, de tres o media pulgada. Esto no corresponde es igual un daño”, indicó el regante.
Hevia señala que para llevar una adecuada fiscalización se requieren más recursos para contratar personal que realice esta función.
“Por esta razón el Gobierno debe hacerse cargo de mejorar la fiscalización, porque de no llover en los próximos meses va a ir empeorando el robo de agua en todos lados. Nosotros somos una junta de vigilancia pequeña, no tenemos recursos para financiar cuidadores, ¿de dónde sacamos dinero para poder financiar este aumento de personal? No le voy a ir a pedir a Luksic y luego tener que pagar favores”, recalca Hevia.
Ante este complejo escenario, hace unas semanas parte de la comunidad del valle de Elqui se manifestó con la consigna “El agua no se vende, se defiende”. En la oportunidad, los habitantes plantearon su preocupación por la disminución de los caudales de los ríos Elqui y Claro. Esta movilización motivó que se llevara a cabo una reunión en la comuna de Paihuano entre los vecinos y las autoridades de las seremis de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Comisión Nacional de Riego y los representantes de las Juntas de Vigilancia del Estero Derecho (río Claro) y el río Elqui.
El alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, manifestó que si bien el municipio no tiene las facultades para ejercer una adecuada fiscalización y esto le corresponde a la Dirección General de Aguas, si se han comprometido a apoyar a la Junta de Vigilancia.
“Si bien Luksic puso una bomba y realizó esta extracción que debe ser sancionada, no se puede dejar de lado la extracción ilegal que realizan las personas ya sea para llenar la piscina o cambiar el agua. Con esto digo que no solo son las empresas agrícolas, también existe una gran cantidad de personas que lo hacen a una escala mucho menor, pero es extracción ilegal igual”, sostiene el edil de Paihuano.
Ahumada afirma que desde la DGA le informaron que hasta hace dos semanas no existía ninguna denuncia formal sobre extracción irregular, por lo que hace un llamado a acudir a los organismos pertinentes .
“Por eso el llamado es a denunciar a los vecinos estas malas prácticas con el agua. Vamos a hacer todas las acciones que como municipio nos corresponda, ya sean una pequeña extracción como en grandes cantidades”, expresó el alcalde paihuanino.
A su vez, el seremi del MOP, Pedro Rojas, indicó que se debe destacar el trabajo que realizan las distintas juntas de vigilancias que tienen bastante controlado y organizado el tema del agua.
“ Se ha hecho un trabajo en conjunto con la municipalidad de Paihuano por algunas denuncias, e iniciativas propias del alcalde Hernán Ahumada, para encontrar la solución de algunas bajas en los caudales de los ríos. En las primeras semanas de febrero se hicieron las fiscalizaciones correspondientes y estamos a la espera de los resultados en los próximos días”, indicó Rojas.
El seremi de Obras Públicas sostuvo que estas fiscalizaciones se intensificarán en los próximos días.
“Una de los ejes principales, a través de la DGA, es poder potenciar las inspecciones, que funciona a través de las denuncias y por oficio. Es importante para nosotros el cumplimiento de la normativa de códigos de agua y estamos llanos a seguir trabajando con las municipalidades o las juntas de vigilancia para realizar una vigilancia efectiva”, finalizó Rojas.