El largo camino para llegar a “la verdad judicial” en el caso Caravana de la Muerte

Pasaron 45 años para que finalmente se establecieran responsabilidades por parte de la justicia y esta dictara sentencia sobre los militares que participaron de las ejecuciones a presos políticos en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena, en los inicios de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Las órdenes eran “acelerar los procesos” de los detenidos en medio del tenso y violento ambiente que dejó el golpe de Estado en septiembre de 1973, lo que en la zona se concretó con el “ajusticiamiento extrajudicial” de los 15 detenidos que fueron trasladados al Regimiento Arica el 16 de octubre de ese mismo año.

Tras más de cuatro décadas de espera, en que los familiares de los asesinados por el golpe pidieron justicia y exigieron “fin al silencio” de los militares, finalmente comenzó a configurarse lo que podría ser el fin de un episodio que sigue marcando Chile, hasta hoy.

“Llegamos a la verdad, no sé si histórica, pero si judicial”, indicó a la salida de los Tribunales de Justicia el ministro en visita para los casos de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quien tras una extensa investigación, entregó este mes de noviembre su sentencia a los 15 exmilitares procesados.

Para cuatro de ellos la sentencia fue absolutoria, mientras que otros 11 fueron condenados como autores, cómplices y encubridores de los crímenes cometidos. En su contacto con los medios, el juez Carroza explicó su decisión y respondió a todas las preguntas de los periodistas. “Hablamos de una justicia igualitaria, que no hace diferencias ni tiene privilegios, hablamos de acuerdo a los hechos, los acontecimientos, las cosas como ocurrieron y eso es a lo que refiere el fallo”, introdujo en el punto de prensa.

Con la muerte de Sergio Arellano Stark en 2016, el único “autor mediato” de los asesinatos, que pudo ser condenado por la caravana fue Ariosto Lapostol, quien recibió la pena de 15 años y un día de presidio, debido a que “aquellos que tuvieron una actuación predominante han sido sobreseídos, porque fallecieron”, explicó Carroza.

En calidad de cómplices de homicidio calificado, Pedro Espinoza Bravo, Juan Chimellini Fullerton, Víctor Alegre Rodríguez, Emilio de la Mahotere González y Jaime Ojeda Torrent fueron sentenciados a cumplir con 5 años y un día de presidio.

Por su parte,  el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, recibió sentencia en calidad de encubridor, debiendo cumplir con 3 años y un día de libertad vigilada, al igual que Hernán Valdebenito, Guillermo Raby Arancibia, Mario Vargas Migueles y Luis Araos Flores.

La tarea no fue fácil y Carroza asegura que se encontró con “elementos contradictorios” y declaraciones en las que “no se llegaba con la verdad”, lo que “no permitía llegar a un consenso de cómo habrían ocurrido los hechos”, justificando así la extensión del proceso. Pese a todo, el ministro sostuvo que con estas condenas, se están “cumpliendo etapas” para Chile.

EL GENERAL DEL “NUNCA MÁS”.

Juan Emilio Cheyre, de entonces 25 años de edad, era teniente y ayudante del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, cuando la comitiva de la Caravana de la Muerte pasó por la región y años después, con experiencia y logros en su carrera militar, llegó incluso a ser comandante en Jefe del Ejército, en el gobierno de Ricardo Lagos.

En su comandancia ganó reconocimiento al llevar a la milicia a una suerte de reivindicación con la ciudadanía, tras las violaciones a los derechos humanos, contexto en que pronunció un discurso en el que afirmó que el Ejército seguía siendo “prisionero del pasado”, lo que después plasmó en la publicación “El fin de una visión”.

“(El Ejército) se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse”, escribió.

Una actitud nunca antes vista en sus predecesores, que ayudó al comandante en jefe a ganar cercanía incluso con el socialismo, pero su participación en delitos de lesa humanidad, aunque de manera indirecta, le siguió pesando con el pasar de los años.

EL CASO LEJDERMAN

Los cuestionamientos comenzaron luego de conocerse el crudo caso de Ernesto Lejderman, quién tenía dos años y medio de edad cuando en 1973 sus padres fueron asesinados a manos de una patrulla criminal.

Sin saber la completa historia de lo sucedido con su familia, Ernesto comenzó a reconstituir los hechos. Los militares lo tomaron y lo llevaron al Regimiento Arica, donde fue entregado al entonces joven teniente Juan Emilio Cheyre, secretario y ayudante del comandante del recinto. El oficial lo entregó en manos de las monjas del convento Casa de la Providencia.

Lejderman y Cheyre se volvieron a encontrar años después en el programa El Informante de TVN, donde vivieron un tenso cara a cara, donde Ernesto llamó al exmilitar a terminar con los pactos de silencio sobre la ubicación de los detenidos desaparecidos, a lo que este respondió que ha entregado toda la información con la que contaba.

En el año 2013, el abogado Cristián Cruz presentó la querella con la que inició el proceso contra Cheyre y otros seis militares en retiro por las ejecuciones que dejó el paso de la comitiva de la Caravana de la Muerte por La Serena.

RECONSTITUCIÓN DE ESCENA, PRIMEROS PASOS A LA VERDAD

En abril de 2016 los siete inculpados volvieron al lugar donde todo ocurrió. El juez Carroza realizó la reconstitución de escena por las ejecuciones, explicando a la prensa que la diligencia tenía por objetivo “tener la certeza de cuál fue la participación de la gente que venía en el helicóptero, así como también de la que se encontraba en el regimiento”.

Sin aventurarse a hablar de un procesamiento al excomandante en jefe del Ejército, el ministro en visita aseguró que todas las diligencias se realizarían “con la verdad”, recalcando que a esas alturas no se podía tener la convicción de llegar a una condena a Juan Emilio Cheyre.

El general en retiro, por su parte, llegó en total hermetismo al lugar y pasó desapercibido ante los medios, lo que sería la tónica de su participación en todas las acciones llevadas adelante por la justicia para esclarecer los hechos.

En las afueras del Regimiento N° 21 Coquimbo, entre gritos y lienzos pidiendo justicia, los familiares de los ejecutados esperaron el término de la diligencia, la que se extendió por tres horas. “Creemos que ya es hora, los crímenes no pueden seguir impunes”, fueron algunas de las declaraciones del alcalde de Los Vilos Manuel Marcarián, cuyo padre fue una de las víctimas de la caravana.

Los familiares no tuvieron contacto directo con la reconstitución de escena, pero sí lo tuvieron los querellantes. Tanto Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, como el abogado Cristián Cruz, lamentaron que “no hubo un gesto de humanidad” por parte de los militares en retiro, y que Cheyre “no pidió perdón”.

DETENCIÓN Y RENUNCIA A SERVEL.

El proceso avanzaba y fue en el mes de julio, cuando Cheyre se desempeñaba como consejero del Servicio Electoral de Chile (Servel), el momento en que el ministro Carroza ordenó su detención, pasando a quedar recluido en el batallón de policía militar de Peñalolén, junto a los demás implicados.

El general en retiro presentó su renuncia al organismo, indicando que “no estoy dispuesto a que, a pesar de todos los esfuerzos, que el país conoce, aún subsista una brutal incomprensión del actuar militar, y no deseo que habiéndose concentrado en mi persona esa penosa realidad, eso llegue a afectar al Ejército de Chile, al que di mi vida”, expresó.

El gobierno de Michelle Bachelet aceptó su renuncia y el proceso contra los implicados en las 15 muertes en 1973 continuó. Sin embargo, los querellantes tuvieron su revés cuando el ministro en visita concedió a Juan Emilio Cheyre y a los demás militares en retiro la posibilidad de libertad bajo fianza, debiendo pagar, previa aprobación de la decisión por parte de la Corte de Apelaciones, la suma de 1 millón de pesos.

Fuera del beneficio quedaron Ariosto Lapostol, Armando Fernández y Víctor Hugo Alegre, procesados en ese momento los tres como autores de los crímenes, arriesgando con ello una pena cercana a los 15 años de presidio.

EL HALLAZGO QUE REACTIVÓ EL CASO

El caso de la Caravana de la Muerte tuvo un nuevo vuelco cuando en septiembre de 2016 la Policía de Investigaciones encontró material importante en los libros de novedades de guardia de la cárcel, recientemente descubierto.

El documento tenía registro del traslado de 14 de los 15 fusilados desde el recinto penitenciario al regimiento el día 16 de octubre, y serviría como una prueba fundamental para afirmar que el personal local prestó colaboración a la comitiva militar que dio muerte a los detenidos.

Por esos días, Carroza había otorgado a Cheyre un permiso para viajar a Colombia, a petición de su defensa. El general en retiro iba a participar como delegado en el proceso de paz del gobierno de ese país con las FARC, lo que quedó “sin efecto”, según informó el ministro cuando se conocieron los nuevos antecedentes.

“Lo que se trata es determinar exactamente qué es lo que ocurrió, entonces cualquier elemento o antecedente que pueda demostrar eso, ya sea tanto para calificar si efectivamente hay responsabilidad, como para también determinar si no la hubo por parte de algunos personeros del regimiento, me parece necesario insistir en las investigaciones y reabrir el sumario”, explicó.

Con el caso nuevamente abierto Carroza retomó la toma de declaraciones y careos a los militares y sus víctimas.

ACUSACIONES DE CARROZA

Las pruebas y testimonios sustentaban la presunta participación y colaboración de los personeros del Regimiento Arica en la muerte de las 15 personas y en los primeros días de 2017 el ministro en visita Mario Carroza dictó un auto de procesamiento en contra de los suboficiales en retiro Mario Larenas, Luis Fernández y Luis Araos, en calidad de cómplices de homicidio calificado.

La acción fue valorada por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, pero no quedaron conformes, “nosotros también queremos llegar a los altos mandos, para que también sean procesados”, dijo a El Día en esa oportunidad la presidenta de la organización, Ana Merino.

Algunos meses después, Carroza acusó a Juan Emilio Cheyre  y  “a todas aquellas personas que estaban ya procesadas con anterioridad”, expresando que “al proceso le restarían unos tres meses” y descartando un sobreseimiento del general en retiro.

“NO HE COMETIDO NINGÚN DELITO”

El proceso estaba avanzando y Juan Emilio Cheyre se reunió con un equipo de El Día en las oficinas de este medio en Santiago. En una conversación que se extendió por cerca de una hora, el general del Nunca Más habló de manera exclusiva, y por primera vez sin restricciones, acerca de la Caravana de la Muerte.

“Mi hoja de vida es intachable. Si hubiera tenido una reserva mental (comienza a subir el tono de su voz) de haber estado comprometido directa o indirectamente en un hecho de derechos humanos, no habría aceptado ser comandante en Jefe del Ejército. Yo no he cometido ningún delito ¡Jamás! (lo remarca con fuerza). No he estado vinculado con ninguno de los episodios que se mencionan. Me han investigado por 40 y tantos años y en profundidad, más de 25 años”, fueron algunas de sus palabras.

Entre otras aristas del tema, Cheyre se refirió al caso Lejderman, aclarando que su participación se limitó a coordinar el viaje de Lapostol y del obispo Juan Francisco Fresno al convento, “se atribuyen cosas que no son propias de un teniente. El ayudante es un asesor que no opina”, indicó.

Cheyre se mostró convencido de su inocencia e insistió en que siempre habló “con la verdad” sobre todo lo que recordaba de su paso por el Regimiento Arica, lamentando que se había hecho “una caricatura de su imagen”, seguro en que la justicia no encontraría nada que probar en su contra.

UN FALLO QUE NO DEJA A TODOS CONFORMES

Finalmente, con todos los antecedentes sobre la mesa, el ministro en visita Mario Carroza dictó su sentencia, condenando a Ariosto Lapostol (comandante del regimiento) como autor de los 15 homicidios, a otros como cómplices y un tercer grupo como encubridores, entre ellos Juan Emilio Cheyre.

La pena para el general (R) fue de tres años y un día de presidio y su cumplimiento en libertad vigilada, lo que pese a dejar a algunos con la sensación de que se “cierran etapas” y se “comienza a hacer justicia”, produjo indignación en algunos actores, sobre todo en los familiares de las víctimas.

“Sentimos vergüenza de que una vez más la justicia no haya hecho su trabajo, esperamos 45 años para que prevaleciera la verdad y no lo hizo (…) “fueron asesinadas de forma brutal y cobarde por los militares en el paso de la Caravana, donde participó directamente Juan Emilio Cheyre”, indicó Ana Merino.

La defensa del general tampoco quedó conforme. Siguen insistiendo en su inocencia y anunciaron que apelarán al fallo del ministro Carroza mediante un recurso en la Corte. Para hacerlo tienen un plazo de 15 días desde que son comunicados de la resolución, situación que hasta el cierre de esta edición aún no se ha concretado. 6301iR