Mayores exigencias desde el nivel central complican distribución de agua potable para habitantes del secano

Hace algunos días una noticia encendió las alarmas. Los camiones aljibe que abastecen de agua a una importante población de la región (principalmente del secano) amenazaban con iniciar una paralización pues se les adeudaba el pago por sus servicios desde hace 6 a 9 meses. ¿Las razones? en agosto de 2016 el ministerio del Interior informó que incrementaría las exigencias para la entrega del vital elemento a través del oficio 18.087, que estableció una serie de requisitos para  efectuar las solicitudes trimestrales de arriendo de las máquinas, lo que complejizó la tramitación.

Según indicó el director regional de la Onemi, Rubén Contador, esto se realizó “con el fin de realizar una estandarización a nivel nacional, para la entrega de agua potable a quienes realmente carecen de ella producto del déficit hídrico y que no se entregue este recurso de manera desmedida a cualquiera, ya que se encontraron muchas irregularidades”.

Más allá del cumplimiento de la normativa, de las complejidades en las diligencias y de buscar responsabilidades, lo cierto es que a la fecha, según cifras de la Onemi, son poco más de 18.000 personas las que tienen este mecanismo como única forma de conseguir el recurso para el consumo, las que, de paralizar los camiones, no tendrían acceso al mismo, con las complicaciones sanitarias que esto podría generar.

“Se hizo para que la entrega de agua potable sea quienes realmente carecen de ella y que no se entregue de manera desmedida, ya que se encontraron muchas irregularidades”, Rubén Contador, director regional de la Onemi.

Los primeros en reaccionar fueron los propietarios de camiones de la comuna de Monte Patria, quienes el pasado lunes 25 de septiembre iniciaron la paralización de sus funciones. Según información del municipio, a la fecha solo en este territorio se debe entregar el recurso a cerca de 2.900 personas. Pedro Herrera, uno de los empresarios afectados indicaba ese día que no volverían a repartir en tanto no se les diera una solución. "Estamos complicados, ya no tenemos plata ni para combustible, yo le dije al alcalde qué pasaría si no le pagan 9 meses, detrás de él hay una familia y detrás de nosotros también, además hay choferes, diferentes pagos, los insumos para los camiones suben todos los días", dijo.

Finalmente y tras negociaciones establecidas entre la Onemi regional, la intendencia, el municipio y la intervención del gobernador de Limarí, Wladimir Pleticocic, se logró destrabar el pago del primer trimestre (enero-marzo) y se comprometió el del segundo trimestre (abril-junio), con lo cual retomaron sus funciones.

Pero esta semana surgió una nueva problemática. En Río Hurtado decidieron adoptar la misma decisión. “En todas las comunas está pasando lo mismo”, dice Herrera, quien señala que en este caso se encuentran detenidos desde el lunes 2 “y no hemos recibido ninguna respuesta. La gente está reclamando, llamando a los choferes, hay escuelas sin agua, imagínese. Ya llevamos 9 meses y cero posibilidad, nadie asume la responsabilidad de la deuda, no hemos recibido ni siquiera una fecha de pago”.

De haber un plazo definido, indica, podrían levantar el paro “pero al momento nada”, argumenta.

En Canela se daría la misma situación “también son 6 meses que deben, en Combarbalá lo mismo, pasa en todas las comunas de la región, para nosotros no es nada agradable prestar un servicio y que nos paguen 6 meses después”.

“A nosotros nos exige la gente. El otro día nos llamó una señora que no tenía nada de agua, porque vamos una vez a la semana y le correspondía el lunes, pero se quedó sin nada y tuvo que conseguirse, a ese extremo. Acá en el gobierno todos están en sus escritorios, toman agüita de la llave, de maquinitas, pero la señora que vive allá en el cerro no tiene esa posibilidad, son personas de bajos recursos. Les cuesta a veces sacarse la venda de los ojos y ver lo que está pasando”, recalcó Herrera.

El director regional de la Onemi confirmó que efectivamente existen dificultades en varias comunas, pero aseguró que se está trabajando con ellas para subsanarlas. La piedra de tope, es la presentación de la documentación. Esta semana se ha estado trabajando con Río Hurtado y Canela. “Canela está con el primer trimestre pagado y el segundo trimestre ya está en Santiago aprobado, así que próximamente van a llegar los recursos”.

En Choapa también existen inconvenientes. “Está muy complicado Los Vilos, porque todavía no podemos aprobar ningún trimestre el presente año, lo que significa que estando en el décimo mes del año aún ni siquiera se han remitido los antecedentes aprobatorios al nivel central. También se devolvió hace poco la comuna de Illapel y la comuna de Salamanca”, advierte Contador.

Cabe destacar que la única provincia que no presenta problemas y mantiene la tramitación y, por ende, los pagos al día, es Elqui.

LOS CAMBIOS NORMATIVOS. Alicia Cebrían, jefa de la unidad de gestión de riesgo y emergencias ministerio del Interior y seguridad pública, explica que el oficio 18.087 tiene por objetivo estandarizar parámetros mínimos para la entrega de agua a través de camiones aljibe y así garantizar que este recurso llegue quienes realmente lo necesiten. “Como premisa básica, se debe tener en cuenta que se trata de entrega de agua en condiciones de emergencia, en lugares afectados por déficit hídrico y para una población vulnerable que no puede comprar agua”.

Desde el punto de vista administrativo, agrega, se le da un tratamiento de emergencia a quienes son afectados “por lo tanto, los municipios deben acreditar –por intermedio de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), al igual que se realiza con cualquier emergencia- dicha situación para poder entregar agua. Este oficio ha permitido gestionar de manera más eficiente el uso de camiones aljibe, reduciendo el gasto para el Estado y redirigiendo este tipo de soluciones transitorias hacia aquellas zonas donde realmente se necesita”, precisa.

HASTA AHORA SE ACTUABA DE “BUENA FÉ”. Si bien el director regional de la Onemi indica que el cambio en el procedimiento de entrega obedece a que se busca que “no se entregue este recurso de manera desmedida a cualquiera, ya que se encontraron muchas irregularidades”, ninguno de los entrevistados para este reportaje ha querido referirse a ciencia cierta a cuáles serían estos problemas que se estaban presentando. Bajo cuerdas, eso sí, se sabe que habrían lugares donde llegaba mayor cantidad de litros, que había gente que utilizaba el agua para regar sus predios, que se la daban al ganado, entre otras cosas.

Consultada respecto a si tienen conocimiento de que el proceso se estaba llevando con irregularidades, Alicia Cebrían respondió que “hemos establecido que aquellos proveedores que no cumplan con lo requerido en las distintas emergencias serán sancionados o investigados. La redacción del oficio apunta precisamente a mejorar los mecanismos de fiscalización, y quienes los incumplan, dichos antecedentes serán puestos a disposición de quienes correspondan, si ameritan”.

En cuanto al proceso, Rubén Contador explica que lo que venía operando hasta ahora era que cada municipalidad levantaba lo que se denomina el informe ALFA en materia de protección civil. Esta información era validada a través de una certificación por el respectivo alcalde o por el director comunal de emergencia “que avalaba que la cantidad de agua que el indicaba había sido distribuida en los camiones aljibe, con patente tal, etc, se había llevado a efecto. Eso, de acuerdo al principio de la buena fe pública, se aceptaba como el procedimiento acordado”.

“Lo que había pasado en algunas comunas es que se estaba mal usando y eso obviamente que ha generado que se pongan más estrictos. Pero lo que hay que entender es que no podemos tener parado un servicio tan básico como el acceso al agua potable”, Camilo Ossandón, alcalde de Monte Patria

Sin embargo, eso varía con las nuevas instrucciones de la Subsecretaría del Interior. Uno de los cambios que estableció este nuevo mecanismo es que las familias que reciben el vital elemento deberán llenar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). “Esto permite clarificar y precisar la cantidad de personas que realmente requieren este recurso hídrico. Al no existir antes, lo que había era una proyección, un alcance que hacía el nivel comunal y lo representaba. Nosotros teníamos que prácticamente aceptar eso porque estábamos ante lo que se denomina un acto de buena fe pública”, sostiene Contador.

Este nuevo sistema,  agrega, acota mucho la información “porque es cosa de verificar la cantidad de integrantes del grupo familiar y luego revisarlo, compararlo, contrastarlo con lo que es la lista de beneficiarios”.

Además, se buscará uniformar la entrega, para evitar diferencias entre una familia y otra. “Se puso como límite la cantidad de 50 litros diarios per cápita, de tal manera que se puede fijar claramente lo que es la ruta y la distribución por parte de los camiones aljibe, porque usted tiene un universo determinado de personas, tiene la cantidad determinada de agua que debe entregar y la frecuencia, que puede ser una vez a la semana, cada 15 días, va a depender eso ya de la situación municipal, pero lo normal es que se distribuya una vez a la semana”, precisó.

“Si tu fueras a Andacollo o La Higuera debiera estarse distribuyendo 50 litros a todos los grupos humanos, eso para evitar que en algunos lugares se entregue más y otros menos como ocurría antes. Es una cantidad que le permite a la gente sobrexitir, acá no estamos dando agua a la gente para que riegue el pasto, para que abastezca a los animalitos, es agua para el consumo humano”.

TRAMITACIÓN. Hasta ahí todo bien, pero la medida requería un despliegue en terreno del personal municipal para llenar cada una de las fichas FIBE y hacerlas llegar a la Onemi. Esta sería una de las razones del por qué las casas edilicias se habrían atrasado con la entrega de antecedentes. “Una por la dispersión geográfica que tienen algunos municipios, otra por la falta de capacidad operativa, porque hay municipalidades que son pequeñas y que no tienen muchos recursos. Eso llevó a que el intendente solicitara una prórroga, la última se dio hasta el 31 de marzo y aun así hubo municipios que siguieron con este problema”, precisa Contador.

“Hemos establecido que aquellos proveedores que no cumplan con lo requerido en las distintas emergencias serán sancionados o investigados”, Alicia Cebrían, jefa unidad de gestión de riesgo y emergencias ministerio del Interior y seguridad pública

Luego, añade, también costó que se pudiera lograr especificar lo que era la información en cantidad, los beneficiarios de la ficha FIBE y contrastarla con la lista de beneficiarios a los cuales se les debe distribuir el agua punto por punto. “Lamentablemente a veces uno hacía la operación de contrastar esta información y no daba el mismo resultado. Entonces, era devuelta a la municipalidad, que a veces se tomaba un tiempo más allá de lo prudente, no nos llegaba la respuesta y eso fue generando que avanzaran los meses, se iba generando otro trimestre y al final se le juntaron varios antecedentes de los prestadores de servicio que había que levantar”.

El timonel regional de la Onemi recalca, eso sí, que esto va a servir a futuro para mejorar el sistema, una vez que las comunas internalicen los procedimientos. “Creo que indudablemente se ha depurado el sistema. Antiguamente usted tenía que entrar a conversar con la municipalidad y podía sostenerle una cosa y no había ningún organismo que tuviera la capacidad de control y fiscalización, a Onemi no le corresponde ese rol, no está dentro de sus competencias el controlar a las municipalidades que tienen una autonomía”, especifica Contador.

¿QUIÉNES RECIBEN AGUA? Pero tampoco se trata de llenar la ficha y comenzar a recibir el agua, pues los beneficiarios también deben cumplir requisitos.  El primero y esencial es que esté instalado o viviendo en un territorio que esté afectado por el déficit hídrico por falta de precipitaciones en el último tiempo. “Es así de simple, declara eso bajo el principio de la buena fe pública a través de la ficha FIBE, es el único requisito, se confía en que lo que está solicitando es verdad y además que obviamente va a verificarse a través de la distribución de agua si está en un punto que es secano que nunca ha tenido agua o si está en un punto que ahora se ha visto afectado por la falta de precipitaciones”, puntualiza Contador.

Distinto es el caso de una persona que decide ir a habitar un terreno sabiendo que allí no existe el acceso al recurso. “Ese no es un problema de déficit hídrico de acuerdo a lo que se ha definido por parte de la subsecretaría del Interior, sino que es una decisión que adopta un particular de instalarse en un lugar que nunca ha tenido agua y que nunca va a tener agua, que son generalmente los sectores de secano y que por eso la plusvalía de esos terrenos es mucho más barata. Ellos van a tener que adquirirla, de hecho hay municipalidades que aportan esa agua, la venden y no tiene nada que ver con los camiones que están contratados por el gobierno y es totalmente lícito. Pero hay que recordar que el agua que se distribuye a través de los camiones contratados por la intendencia regional es gratuita y cancelada por el fisco solo por concepto de emergencia”.

EXIGENCIAS A LOS CAMIONES. Un reportaje de Ciper publicado en marzo de este año develó diversas irregularidades que se generaban en la contratación de camiones aljibe en aquellas regiones del país en las que se debía contratar el servicio. El análisis de la información arrojó miles de millones cancelados sin respaldo, diferencias sustantivas de precios por el mismo servicio y preferencias por proveedores en particular.

Hay que destacar, eso sí, que la información periodística no entrega datos específicos de la situación en la región de Coquimbo, ni tampoco denuncia algún tipo de deficiencia en los procesos a nivel local. Lo que sí esto podría explicar el por qué en gobierno a nivel central decidió endurecer las exigencias y uniformarlas en todo el país.

Según explica Rubén Contador, en la zona el tema de la contratación de camiones fue un proceso que fue in crescendo a medida que se incrementaban las complicaciones de déficit hídrico. “Fue complejizándose y producto de ello como Onemi tomamos la determinación de solicitar en un momento determinado a autoridades interiores la licitación pública para este evento”.

No obstante, advierte Contador, en ese momento se estimó que no era necesario de acuerdo al concepto jurídico “porque el sistema de emergencia que se vivía y al contar con los respaldos de los decretos de emergencia anuales permitía hacerlo por trato directo, que era mucho más dinámico ante la emergencia”.

Pero procuraron tomar algunos resguardos, pues lo que sí se hizo fue establecer a cada municipalidad que al momento de levantar el informe ALFA debía venir acompañado de tres cotizaciones de camiones, para que Onemi tomara una decisión.

La nueva mecánica del ordinario 18.087 implicó que ahora la intendencia regional estableció una mesa técnica regional de déficit hídrico que es la que toma la determinación liderada fundamentalmente por la dirección de abastecimiento y finanzas de la entidad.

Desde hace algún tiempo también, se había buscado implementar el sistema GPS a cada uno de los camiones, para controlar los recorridos, pero esta medida había presentado algunos reparos, porque habían sectores de la región donde la señal no era buena y no permitía graficar la movilidad.

“Pero ahí la subsecretaría del Interior ha hecho importantes avances y ellos tienen las claves de acceso y pueden monitorear desde el nivel central cuál ha sido la ruta por determinado camino y así es mucho más fácil llevar el control de ellos”, puntualiza el titular de la Onemi.

MUNICIPIOS COMPLICADOS. Desde las casas edilicias reconocen que se han visto complicados para realizar la nueva tramitación, con el llenado de las fichas FIBE y la entrega de la documentación.

El edil de Monte Patria, Camilo Ossandón, sostiene que es válido que se quiera resguardar las arcas fiscales. “Yo entiendo que el gobierno ha tenido legítimas dudas respecto a poder mejorar los procedimientos. Lo que había pasado en algunas comunas es que se estaba mal usando y eso obviamente que ha generado que se pongan más estrictos”. Pero señala que “lo que hay que entender es que no podemos tener parado un servicio tan básico como el acceso al agua potable”.

Cuenta que en su comuna hoy son alrededor de 2.900 las personas que se abastecen con este mecanismo, a las cuales se les está entregando un promedio de entre 30 y 50 litros de agua “que es bastante deficiente para las necesidades que la población”, enfatiza.

“En plena sequía, prácticamente tuvimos el 60% de los APR que quedaron con el apoyo de camiones aljibe”, Mirtha Meléndez, seremi de Obras Públicas

De hecho, indica, una de las complicaciones que se les presentará será precisamente cumplir con esa cuota establecida. “La verdad es que estamos tratando de llegar a esas cifras (50 litros), pero con la cantidad de camiones que hoy tenemos, con los recorridos que se tienen, con las más de 2.900 personas que hoy reciben ese beneficio, es muy difícil poder cumplir. Lo que si hacemos todos los esfuerzos de parte del municipio para poder lograr hacerlo, pero no siempre se puede del todo”.

Lo que no puede suceder, platea, es que haya gente que quede sin recibir el suministro. “Nosotros no vamos a permitir eso y lo que hemos hecho es levantar todos los procedimientos que la Onemi nos ha fijado”.

En este momento cuentan con 8 camiones, no obstante, tenían 13 hace 5 meses. “Se tomó una definición que era acortar los plazos, por lo tanto ahí también eso ha afectado un poco la cantidad de agua que se está entregando, porque estamos en el fondo haciendo los mismos recorridos, con menos camiones”.

El alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, señala que las graves complicaciones que tuvieron en la época de mayor sequía fueron incrementando la necesidad de la población. Por otro lado, fueron colapsando los sistemas de APR. “Llegamos a ser la comuna de la provincia con mayor cantidad de camiones aljibe”.

 “Nosotros confiábamos en la gente cuando nos pedían, llenábamos una ficha, nos decían para cuantas personas y eso nos hacía pedir los camiones”.

Con las nuevas exigencias, se realizó nuevamente una georreferenciación, se establecieron GPS en los camiones “y eso llevó a la disminución de los camiones. En el caso de nosotros pasamos de 11, luego a 7 y después a 4 y hoy creo que estamos en condiciones nuevamente de volver a 7”.

Respecto de el no pago en sí que se mantiene con los proveedores, manifiesta que “podemos decir que ya hoy día se va a empezar a solucionar, con las gestiones del gobernador en el ministerio del Interior ya se reconoce esta deuda y ya vamos a poder empezar a pagar el primer trimestre que es de enero a marzo y la segunda estaría pagada de aquí a fin de mes. De ahí para adelante ya hemos normado esto y nos acatamos a lo que el gobierno dispone”.

Por otra parte y en cuanto a si tienen conocimiento de los problemas que ha estado enfrentando la distribución en la región y la manera en que se va a ir resolviendo este tema, Alicia Cebrían señala que “el objetivo del oficio es también propiciar mayor eficiencia en la tramitación de estos recursos en cada uno de los estamentos que participan en la cadena. Son los municipios quienes deben detectar las necesidades a través de un informe alfa, el cual es analizado –y muchas veces corregido- por ONEMI, pero agregó que “existe un margen para trabajar con los municipios en esta materia”. 3701iR