Los otros "dolores" que reflotan con la crisis

El Ovallino

Ya suman 17 días de protestas y movilizaciones en todo el país y la región de Coquimbo no es la excepción. Y más preciso en la provincia de Limarí, las masivas manifestaciones siguen llenando las calles de personas que quieren ser escuchados y que se les dé respuesta a sus demandas.

Si en un primer momento las demandas se encausaban por la reducción en el alza del transporte público, las bajas pensiones, la eliminación de las AFP como sistema previsional, el alza en el sueldo mínimo y las mejoras en Salud y Educación; hoy –a estos temas- se añaden otras problemáticas que fueron demandadas en su oportunidad y que no tuvieron satisfactoria respuesta por la comunidad.

Una de ellas es el Impuesto Específico a los Combustibles (IEC), que ocupa un alto porcentaje en el actual precio de las bencinas. El IEC fue creado por la Ley N°18.502 en 1986 como parte de las medidas de mitigación tras las consecuencias del terremoto de 1985 que afectó a la zona central de Chile y que iría en directa ayuda a la reconstrucción de las carreteras. Hoy impacta en un 36,9% del valor final de la venta de las gasolinas y 12,3% del valor final del petróleo diésel, a lo que se debe agregar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El grueso de colectivos decidió no realizar paralización de actividades, pero aseguran que sí demandan la eliminación del mencionado impuesto.

“Nosotros apoyamos las demandas, pero a la vez comprendemos a los usuarios que más allá de las marchas tienen la obligación de salir a trabajar sí o sí. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como locomoción colectiva es trasladarlos a sus distintos lugares de trabajo, y estamos prestando servicios en el contexto de movilizaciones”, sostuvo Cristián Pinto, presidente de la Federación de Taxis Colectivos de Ovalle.

Ante esto, el gremio que agrupa a 1.080 vehículos llamó a sus socios a pintar sus autos con la consigna de “No + Impuesto Específico”, mientras este lunes un grupo menor de sus asociados, en conjunto con otro tipo de vehículos menores de transporte público de la zona realizaron manifestaciones y cortaron por algunos instantes la ruta que une Ovalle con Punitaqui.

Su lucha está en eliminar el Impuesto Específico, creado en la década de 1980.

“Este impuesto se creó tras el terremoto del ’85 y dijeron que una vez terminaran con el arreglo de las carreteras, esto iba a desaparecer, cosa que no ha sucedido. Eso conlleva a que los pasajes y todas las cosas se incrementen en su valor. Sería genial que este impuesto se eliminara o se redujera, porque no solo nosotros como locomoción colectiva nos vemos afectados, sino cada persona que tiene un vehículo en este país se vería favorecido, y más nosotros porque trabajamos con estos autos”, agregó Pinto, quien señala que con la eliminación del impuesto bajaría el valor del transporte público considerablemente.

Problemas que no se ve con una pronta respuesta en el corto plazo. A lo que Pinto sostuvo que toda la clase política es responsable de lo que acontece.

“Me sorprende sí que después de 30 años, teniendo gente en el Parlamento, con diputados y senadores de distintos partidos, nadie haya podido prever que podía pasar algo como lo que estamos viviendo. Todos los que están en el Gobierno también tienen un problema y deberán comenzar a escuchar un poquito y salir de las cuatro paredes para escuchar al pueblo. Todos estamos de acuerdo con lo que está pasando en el país, y a todos se nos alivianaría la vida con las respuestas a las demandas”, dijo.

No más peaje

La nueva ruta D-43 se inauguró en julio de 2018. Un año y cuatro meses de operaciones que estuvieron marcadas por el peaje que finalmente se instaló en el sector de Lagunillas. Los vecinos del sector y la Organización de Usuarios del Transporte pusieron la voz de alerta ante lo que consideraban como un valor elevado de este paso.

“Ese peaje es un símbolo de la injusticia para lo que representa para la provincia de Limarí, la gente de Ovalle y la provincia de Elqui”, afirma Felipe Barraza de la organización de pasajeros.

Recuerda que desde el inicio de la construcción de la doble vía se opusieron a la instalación del peaje, que con el paso del tiempo las autoridades respectivas y la concesionaria Rutas del Limarí fijaron un precio inicial cercano a los $2.000 (para vehículos menores) y que después de la inauguración de la ruta, el valor aumentó hasta los $2.800, precio que después se bajó a $2.550, siendo éste el costo actual.

Con todo, Barraza culpa a las autoridades de no lograr rebajar el valor del peaje cuando la gente lo pedía, diciendo que los contratos no se podrían modificar.

“La gente pidió ‘peaje a luca’, como una alternativa. Esto no fue escuchado por las autoridades respectivas, como la intendenta y la gente del Mop, ni el exgobernador Darío Molina. Nadie hizo algo más por rebajar el peaje. Las autoridades dijeron que no se podían modificar los contratos, porque de lo contrario a la empresa concesionaria se la tendría que indemnizar para poder recuperar la inversión”, cuenta.

Barraza explica esta posibilidad de rebajar el precio del peaje, basado en la determinación que tomó el Gobierno hace una semana. El ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, dio a conocer al acuerdo que llegaron con las empresas concesionarias de autopistas urbanas con respecto a los costos de peajes y TAG, tema que se ha tomado la agenda social del país. De esta forma, el secretario de Estado indicó que se eliminará el 3,5% de reajuste anual, desde ahora y hasta que terminen los contratos, es decir unos 15 años.

“No queremos arreglar esto para este enero, sino resolver el problema de estos contrato para siempre, a partir de ahora no habrá más reajuste real, se eliminará el 3,5% de reajuste, solo tendrá el reajuste con el IPC una vez al año, por lo que hemos llegado a un buen acuerdo con todas las concesionarias”, precisó Moreno.

“Con esta presión social demostraron que sí se pueden modificar los contratos. Lo que faltó en ese entonces fue voluntad política y sinceridad por parte de la autoridad que le estaban cuidando el negocio a los privados y no los bolsillos de los ciudadanos que se trasladan por la ruta D-43. Esa falta de honestidad es lo que hoy nos permite hacer el llamado a retirar el peaje o de lo contario bajarlo a $1.000”, aseguró.

Problemas locales que explotaron

“Las regiones se han dado cuenta que cada una tiene sus propias demandas y que han tenido la oportunidad de expresarlas”, dice Juan Pedro López, sociólogo y académico universitario.

Si bien las movilizaciones sociales comenzaron con problemáticas generales y que afectan a todos los chilenos, con el transcurso de los días otras demandas fueron expuestas en las calles.

Para el sociólogo, lo que molesta a las personas que se manifiestan es la privatización de los servicios.

“Molesta la privatización de las carreteras, del agua, de los servicios básicos y ese conflicto aumenta a medida que se dan respuestas poco concretas. Todas estas demandas se expresaron en su momento y este conflicto se pudo evitar antes, ya que se presentaron a las autoridades locales y regionales, pero no fueron escuchadas. Y hoy todas estas problemáticas se acumularon dentro de una olla a presión que ya explotó”, comenta.

Las peticiones a las modificaciones al Código de Aguas está comenzando a tomar notoriedad en las calles de Ovalle y la región, sobre todo en los tiempos de escasez hídrica que afecta a la zona, donde crianceros de la provincia están viendo mermada su cantidad de cabeza de ganado.

Con todo, el académico sostiene que las autoridades están entregando señales que las personas no están solicitando.

“Vemos que a nivel gubernamental se está tratando de demostrar una suerte de normalidad. Por ejemplo, los colegios vuelven a clases para tratar de decir que todo está normal, a los supermercados se les retiró el resguardo policial y la estrategia del Gobierno es demostrar normalidad, lo que permite que la gente se ofusque más, ya que las autoridades no escuchan lo que se está solicitando”, cierra López.