• La ciudad está en deuda en cuanto a la integración de personas con capacidades diferentes.
  • El mal estado de la bajada de la cuneta no facilita el desplazamiento de discapacitados.
  • Las micros no cuentan con rampas de acceso para personas con movilidad reducida.
  • El instituto no cuenta con rampa de acceso universal.
La ciudad está en deuda en cuanto a la integración de personas con capacidades diferentes, tanto en materia de acceso a edificios y vías públicas, como en su realidad social y laboral.

Lucía Díaz G

Hace 16 años, Mauricio Toro (32), estaba haciendo un trabajo para el colegio con unos compañeros, cuando rato después sufrió un accidente automovilístico que le cambió la vida para siempre. El resultado fue una fractura en la columna que lo dejó parapléjico y sin ninguna posibilidad de volver a caminar.

Luego de aquel día, enfrentó la vida en una silla de ruedas para poder realizar sus actividades diarias. Si bien hace tres años se encuentra viviendo en Santiago, pasó toda su infancia y adolescencia en La Serena, ciudad que recuerda como “poco amigable con la discapacidad y de poco acceso”.

“Hay varios edificios públicos que no están habilitados para personas con movilidad reducida. Cuando hablamos de inclusión, no sólo se trata del acceso a un lugar, es cuando uno puede llegar por sus propios medios a éste, cuando no necesitas la ayuda de nadie para lograr un cometido. Esa es una inclusión real”, comenta.

La misma realidad enfrenta Claudio García (21), hijo del abogado que ganó el fallo contra el Municipio y el Mall Plaza de La Serena, a causa de la pasarela que une el centro comercial con Aires, la cual no cuenta con facilidades para el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Elizabeth Jalaf, madre de Claudio, coincide en que la región no está debidamente habilitada para discapacitados, ya que según dice “es una ciudad muy antigua y no existe fiscalización”, agregando que encuentra muy lento el trabajo que está realizando la dirección de obras de La Serena.

En relación a la normativa del 3 de marzo de este año, la que adecuó el reglamento de Ordenanza General de Urbanización y Construcciones, con el fin de avanzar en la igualdad de oportunidades e inclusión social para discapacitados, Jalaf señala que “independiente de que sean buenas, lo importante es que sean aplicadas de manera integral y con la supervisión adecuada”.

Cabe destacar que el documento legal, indica que “al 3 de marzo del 2019, todos los edificios de uso público, deberán efectuar ajustes accesibles para personas con movilidad reducida”, al mismo tiempo que “la dirección de obras podrá, en cualquier momento, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad y accesibilidad universal”.

Lugares no aptos

La ciudad está en deuda en cuanto a la integración de personas con capacidades diferentes, tanto en materia de acceso a edificios y vías públicas, como en su realidad social y laboral. En relación al primer punto, Patricio Yáñez, director de la Dirección de Obras de La Serena, asegura que “a partir de este año ningún proyecto se aprueba si no tiene lo requerido por la ley de inclusividad universal”.

“A las edificaciones antiguas que están postulando a alguna modificación, nosotros les exigimos que adapten las infraestructuras. También dependemos mucho de la colaboración del privado, pero ellos ya están al tanto de las medidas, y sobre los edificios de carácter público, como dependen de presupuestos públicos, curiosamente son los que están con mayor demora”, agrega.

Mauricio y Elizabeth manifiestan su preocupación por el estado de las calles del centro de la ciudad. “Cuando cruzas las calles, te encuentras de inmediato con la cuneta y las personas que no tienen una buena maniobra tropiezan con facilidad”, comenta Toro, mientras que Jalaf señala que “no tenemos rampas adecuadas a las normativas, son peligrosas”.

“Dentro de la lista de lugares que no cuentan con acceso universal, tenemos centros médicos, restaurantes e iglesias. Y uno de los casos más preocupantes es que en la Corte de Apelaciones, hay una rampa que no es adecuada y tampoco cuentan con ascensor”, agrega Elizabeth Jalaf.

Otro de los puntos que recalca la madre de Claudio, es que “las micros no están adaptadas para discapacitados. Los choferes pueden tener la mejor disposición, pero no basta”, además asegura que falta educación frente al tema, ya que “en una oportunidad un colectivo le cobró doble pasaje a mi hijo por llevar la silla de ruedas”.

Avances y dificultades

Yuri Gahona, director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), admite que pese a que existe una gran disposición y articulación entre las distintas entidades del gobierno por avanzar en la materia, “todavía persisten situaciones que están relacionadas con los prejuicios y la ignorancia”.

En esta línea, explica que existen tres focos a los cuales apuntar, “primero está la brecha de género, ya que atendemos a más hombres que mujeres, siendo que hay más mujeres con discapacidad; la segunda es en materia educacional, puesto que las personas con capacidades diferentes certifican menos; y por último la brecha laboral, en esta arista la intención es derribar mitos sobre el desempeño de discapacitados”.

Sobre los avances, destaca que “a nivel país existe una voluntad política expresada en el programa de la Presidenta, que tiene que ver con producir cambios que favorezcan la inclusión”, agregando que “en la región, estamos haciendo un trabajo intersectorial para que todos los municipios apunten al mismo objetivo”.

El Senadis está trabajando en dos líneas, que según comenta Gahona, se tratan de estrategias de desarrollo local inclusivo, con el fin de que los municipios reconstruyan la política y la implementen atendiendo a personas con capacidades diferentes. En tanto, informa que “los municipios costeros se encuentran discutiendo iniciativas para que las playas sean de acceso universal”.

Para Yuri Gahona, una de las claves para avanzar en mecanismos que faciliten el desplazamiento de discapacitados “es anticiparnos al uso de espacios públicos, tener en cuenta que todos los chilenos que integramos la sociedad tenemos el derecho a gozar de ese privilegio, por lo tanto cuando se construye no se puede eludir la normativa del 3 de marzo”.

Para finalizar, deja instalada una interrogante que según plantea, será una pregunta que se hará cada vez más común. “¿Si usted sabía que existía una norma, por qué construye de esa manera? No solo tiene que ver con modificaciones estructurales, porque existen discapacidades mentales, auditivas, motoras, entre otras. Es necesario tomar conciencia”. 6002

Convención Internacional de los Derechos de Discapacitados

Artículo 9: “Con la intención de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, tanto en zonas urbanas como rurales”

 

 

 

 

 

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