Piden hasta 20 años de presidio para imputado por incendio en peaje durante estallido social

El Ovallino 

Este viernes se inició el juicio oral en el caso de Matías Andrade, quien se mantiene imputado por encender fuego a una de las casetas del peaje de la ruta D-43 durante una manifestación el 17 de diciembre del 2019, en el marco del estallido social.

Un juicio esperado por la familia desde enero del 2020, cuando fue la primera de tres oportunidades en que el joven se entregó voluntariamente ante la justicia, reconociendo los hechos que se le imputan.

En esta ocasión, en la apertura de los alegatos, el juicio fue seguido por el padre de Matías, Hugo Andrade, además por el Fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ovalle,  Jaime Rojas, y los abogados querellantes de la Concesionaria Ruta del Limarí y del ministerio del Interior, representado por el abogado de la Gobernación de Limarí.

En la ocasión, la Fiscalía presentó una descripción de los antecedentes, comenzando por contextualizar que el hecho se generó tras una protesta pública convocada contra la determinación de subir el valor del peaje. Según la investigación del Ministerio Público, Andrade habría cargado neumáticos en el portamaletas de un bus, los que extrajo desde un vehículo Hyundai Accent, con ayuda de otro sujeto, quien sería auxiliar del mismo bus, y los habría acomodado con el apoyo de un conductor de dicho medio de transporte.

Ya en el lugar, a eso de las 10:00 horas comenzaría la instalación de neumáticos sobre la vía y el inicio de las barricadas, destrozos de una barrera, vidrios, daños a cámaras y el sujeto lanzaría un neumático hacia una de las casetas del peaje. Luego de eso, cerca de las 11:00 horas, arrojaría acelerantes a la caseta, encendiendo el fuego.

“No pretendemos criminalizar la legítima protesta social ni reivindicación de derechos bajo ninguna perspectiva. Lo que se pretende es la aplicación de una norma vigente y sancionar la afectación ilegítima del derecho de la población de circular libremente, así como la afectación de la legítima expectativa de ciudadanos de este país en que terceros no quemarán su fuente de trabajo”, sostuvo el fiscal Rojas en el alegato.

Por su parte, la defensa de Matías expuso que el propio imputado reconoció los hechos ante el Ministerio Público en julio del 2020. 

“Mi defendido concurrió hasta el peaje Las Cardas de la ruta D-43, con el objeto de causar daño a las instalaciones, en el contexto de una protesta ciudadana convocada a través de distintos medios de comunicación digital locales y regionales. En ese contexto, en conocimiento de que una de las empresas de buses interurbanos de la ciudad que había dispuesto transporte gratuito a las personas a ese lugar (…) procedió a hacer daños a una de las plazas de peajes, procedió a encender un neumático y posteriormente procedió a lanzar uno de estos neumáticos al interior de una de las casetas”, comentó.

Manifestaciones de apoyo

Mientas se realizaba el juicio, algunos manifestantes se expresaron con carteles en las afueras del tribunal, como señal de apoyo a Matías Andrade.

El diputado Daniel Núñez, quien ha seguido el caso de Matías, considera que el imputado no debió permanecer en prisión preventiva, mientras se esperaba por un juicio.

“Lo considero absolutamente injusto, porque el pronóstico de la pena puede ser menor al tiempo en que Matías ya lleva detenido. Si Matías ha reconocido los hechos, cada vez que se le pide colaborar él lo ha hecho, se entregó voluntariamente a los tribunales y todo esto es irregular, una medida desmedida, y es aquí donde uno ve el afán político que atemorice al resto de las personas que pueden participar en manifestaciones sociales legítimas”, comentó.

El Ministerio Público sostiene que los hechos configuran los delitos de destruir, paralizar, interrumpir y dañar las instalaciones, así como destruir, inutilizar e impedir el libre acceso a bienes de uso público, por lo que pide 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Además, por el delito de incendio, se piden otros 10 años de presidio, algo a lo que los dos querellantes de la causa adhirieron.

A contar de este lunes se presentarán las pruebas de los hechos, además de testigos y peritos, proceso que duraría unos 10 días.