• Las autoridades presentaron ante la Contraloría los requerimientos de una polémica medida que ha causado debate entre los chilenos.
  • “Lo que se busca es que se pueda dictaminar la irregularidad en la instalación forzada de los medidores inteligentes”. Daniel Núñez, diputado PC
  • “Nos hemos cerciorado que se están cambiando medidores en Huanta, al interior del Valle de Elqui, situación que consideramos es irregular”, Luis Aguilera, concejal de La Serena
  • “Hay desempleo, hay una carestía de la vida y esto no ayuda, por lo que se hace necesario que se revise esta ley”. Héctor Aguilera, dirigente CUT Provincia de Elqui
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Foto: Andrea Cantillanes
Diputado Daniel Núñez asegura que existen vacíos que no “obligan” a los consumidores a aceptar que se instalen estos artefactos en forma arbitraria y que se trabaja en una ley para que las empresas asuman ese costo

La polémica por los medidores inteligentes también ha prolongado su eco a nivel regional. Esto porque autoridades, dirigentes sociales y vecinales llegaron hasta las dependencias de la Contraloría Regional para presentar un recurso ante las irregularidades que se estarían produciendo a raíz de la instalación de estos artefactos.

Al lugar llegó el diputado Daniel Núñez (PC), quien lideró estas tratativas, a la espera de un pronunciamiento que responda ante las inquietudes ciudadanas. Al respecto, el parlamentario señaló que “lo que se busca es que se pueda dictaminar la irregularidad en la instalación forzada de los medidores inteligentes. Acá no solamente hay una ley que nunca estableció esta situación, sino que proviene de nuevas normas de calidad de la Comisión Nacional de Energía, lo que no contempla estándares de calidad  de estos artefactos. Curiosamente, es la propia ministra del ramo la que ha reconocido que no tiene certeza que éste sea idóneo”, aseguró.

1000 millones de dólares tendría el costo de implementación de esta nueva tecnología a nivel país

A juicio de Núñez, lo peligroso es que además de la instalación propiamente tal, este artefacto haya que cambiarlo por mal estado y así adicionar otro gasto, pagando así dos veces.  “Lo arbitrario es que no ha habido la fiscalización que corresponde a los organismos públicos, particularmente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que ha aceptado que este proceso se lleve adelante sin tener todas la estructuras administrativas bien definidas”, acotó.

En resumen, lo que se solicita es que se declare irregular este proceso, que tome nota de las situaciones y que ordene la suspensión de la instalación  a nivel país de los medidores inteligentes. “No es obligatorio y la gente no debe aceptar que lo hagan en forma arbitraria”, agregó el diputado comunista, quien aseguró que se está tramitando una ley express para declarar que la instalación debe ser en forma voluntaria y que el costo sea asumido por las empresas, lo que podría extenderse, a su juicio, hasta mayo. “Mientras tanto, esperamos se congele este proceso”, subrayó respecto a una ley que sólo estipula tarifas y costos generales, pero no refiere a obligatoriedad.

 

Dirigentes se pronuncian

Jacinto Aracena, dirigente social del sector rural cordillera, comentó que también se sienten preocupados ante este panorama si es que no se frena esta iniciativa. “Esto perjudica directamente a la gente más vulnerable, pero principalmente a la Tercera Edad, porque ellos tienen jubilaciones que son muy acotadas.  Y una pregunta que surge es ¿podrá pagar el medidor una persona que gane el sueldo mínimo, por mucho que el cobro sea en cuotas?”, acotó.

A su juicio, otro tema pasa por la radiación que podrían emitir estos medidores, que variaría respecto del convencional. “Ese es un tema también a revisar, pues debe considerarse la salud de las personas, sobre todo en viviendas que son más pequeñas”, subrayó.

Aracena fue claro en que al menos en su sector no ha podido identificar ningún caso, pero que de ocurrir será denunciado en forma oportuna.

Héctor Aguilera, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la Provincia de Elqui, aseguró que ellos también tienen serias aprehensiones con esta medida. “Es un costo adicional para los trabajadores y trabajadoras de este país, lo que se suma a todos los problemas que aquejan a una gran mayoría y nos parece que se trata de un abuso. Hay desempleo, hay una carestía de la vida y esto no ayuda, por lo que se hace necesario que se revise esta ley”.

El concejal de la comuna de La Serena, Luis Aguilera, también se plegó a esta iniciativa, a razón de que han sostenido reuniones en diferentes lugares, donde a su juicio la ciudadanía ha expresado su molestia por la situación de los medidores inteligentes. “Nos hemos cerciorado que se están cambiando medidores en Huanta, al interior del Valle de Elqui, situación que consideramos es irregular. Esperamos que se ponga coto a este hecho y no se continúe con una ley que perjudica a todos los chilenos”, indicó el edil.  3801i

¿En qué consiste la nueva ley? 

La ley de medidores inteligentes consiste, en términos simples, que en los próximos siete años las compañías distribuidoras de energía reemplazarán  todos los medidores de consumo de electricidad por estos nuevos dispositivos que hasta ahora eran propiedad de los clientes.

El cambio tecnológico tendrá un costo aproximado de mil millones de dólares según los Cálculos de la Comisión Nacional de Energía y lo deberán asumir los clientes aunque el medidor, finalmente, sea propiedad de la empresa.

Más de seis millones de dispositivos serán instalados en hogares, oficinas e industrias, por lo que todos los trabajos relacionados con este artefacto se realizarán en forma totalmente remota.    

 

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