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Quien se desempeñó hasta fines del año pasado como seremi de Minería apuesta a un modelo de descentralización donde se empodere a los representantes de la comunidad. Asimismo, aspira a que los derechos fundamentales estén garantizados y que un royalty minero permita que regiones como la de Coquimbo se vean realmente fortalecidas.

Se trata de un desafío que luego de ser meditado por él y puesto sobre la mesa de la directiva de su partido, Renovación Nacional, determinó un camino donde espera plasmar su experiencia. Hablamos de Roberto Vega Campusano, candidato a constituyente  en la Región de Coquimbo, quien comentó las motivaciones que lo llevaron a involucrarse en esta carrera, en conversación con diario Diario El Día.

“Soy abogado de profesión, y en el último tiempo me desempeñé como secretario regional ministerial de Minería, cartera en la que estaba muy cómodo, compartiendo el cariño de los mineros y las mineras. Pero después del plebiscito de octubre, sentí que  se generaba una oportunidad muy grande para la región, para así ser parte de esta Convención Constitucional, donde todos los sectores y miradas tienen mucho que decir. Podemos llegar a consensos, más allá de izquierdas y derechas ”, argumentó.



-¿Cómo aborda usted un proyecto concreto de descentralización por medio de la nueva Carta Magna?

“Hemos escuchado de parte de otras candidaturas grandes ofrecimientos electorales que no van a ser realidad porque la gente tiene que saber que nuestras atribuciones van a estar limitadas. Queremos presentar un modelo de descentralización en el cual se transfieran ciertos atributos o poderes que tiene el Ejecutivo hacia la figura del futuro gobernador regional y su Consejo Regional. También necesitamos robustecer el aparato administrativo local, por ejemplo en los municipios, donde tienen poco poder de decisión los concejales y el alcalde es el soberano”.



-¿Cómo superar la brecha en cuanto al poder concreto de las grandes decisiones, que generalmente se toman en Santiago?

“Uno lo vive siendo seremi, pero afortunadamente trabajé con un gran ministro como Baldo Prokurica, quien también es de región y entiende la problemática. El centralismo es una realidad, que incluso se manifiesta con autoridades de Santiago que llegan a ejercer cargos en regiones. Y así, lamentablemente, nuestros proyectos o sueños locales quedan en el tintero, y ese marco está definido en la actual Constitución. Es cierto, la regionalización fue muy bien pensada pero no se avanzó en estos años, y sólo ahora se está definiendo una figura de elección democrática, a mu juicio aún con pocas atribuciones”.



-¿A qué modelo de país se debiera aspirar para superar el centralismo? 

“Creo que podemos avanzar, pero no estoy de acuerdo con hacerlo hacia un Estado federado, porque resulta imposible implementarlo en Chile, pues tienen un parlamento local. Se debe pensar que en nuestro país hay regiones que tienen poca población. El problema es que más de la mitad de la población vive en la Región Metropolitana, Valparaíso o Rancagua. Lo que se necesita es un presidencialismo atenuado, lo que es una tremenda posibilidad, porque sabemos que quien nace en la Región de Coquimbo, no tiene las mismas oportunidades que quien nace en Santiago”.



-¿Cómo aprecia, en esa línea, el aumento de la cantidad de regiones que hemos apreciado en los últimos años?

“El problema es que aumenta la cantidad pero no crecen los presupuestos.  Es la misma torta que se reparte entre más. Lo que proponemos es que las regiones, dentro de ciertos márgenes, puedan fijar sus propias tasas de impuestos, donde, por ejemplo, de un 19%, el 10% vaya al erario regional y el resto pueda ser discutido por el Consejo Regional o los gobiernos locales. Así logramos que las economías locales sean competitivas”.



-¿Cómo potenciar a ciudades de carácter turístico, considerando la importancia que tiene para nuestra región La Serena y Coquimbo?

“En muchas partes del mundo, ciudades turísticas tienen impuesto específico, como es el caso de Londres, Nueva York o Barcelona, lo que se conoce como la tasa de alojamiento. En Chile, eso no es posible porque requiere de una iniciativa exclusiva del Presidente de la República, atribución que debiera corresponder a los consejos regionales”.



-¿Qué visión tiene usted respecto del proyecto de royalty minero?

“Se está discutiendo sobre esta materia, pero es un tremendo tema. Yo lo conversé antes con este mismo medio y recalco que se podría llegar a un acuerdo si ese mismo royalty fuese directamente a las regiones. Ese es el espíritu, pero no comparto que esto vaya a paliar el déficit financiero producto del covid-19. Esto quiere decir que los recursos deben salir de las zonas mineras y trasladarse a la capital nuevamente. Esto genera incertidumbre y frustración, por ejemplo, en los habitantes de la provincia del Choapa, que se sienten el patio trasero y son un territorio muy rico”.

TEMAS PRIORITARIOS

-¿Cuáles son los principales ejes que usted compromete a los electores?

“Uno de esos temas es la salud, donde la constitución debe garantizar que sea de calidad y digna para todos. También debe estar considerada la educación, que es un motor de movilidad social, donde todos pueden tener las mismas posibilidades, dejando de lado esta “tómbola” y asegurar que quien estudie en el sistema público tendrá oportunidades de inserción laboral en el futuro, porque en muchos casos se crean carreras sin campo a futuro, generando frustración. Considero que incorporar el derecho a la vivienda también es fundamental, y debe estar asegurado, lo que incluso he discutido con gente de mi propio sector, y creo que se puede, con planes habitacionales acorde a la necesidad de las familias.  También creo que Chile tiene que ser un país inclusivo, donde las diferencias que tenemos deben quedar de lado.  No hay que hablar de hombres o mujeres, o personas con necesidades especiales. A mi me gusta hablar de chilenos. Y como punto final, me parece fundamental la figura del ‘defensor del pueblo’ o derecho comparado,  lo que quiere decir que cuando existan vulneraciones de derecho en materia constitucional, se concurre a una defensoría del Estado para representar sus intereses, sin necesidad de recurrir a abogados particulares. Esto en Chile no existe, es un proyecto de ley, que duerme desde 1996 en el Congreso, en lo que sería de gran ayuda para nuestros compatriotas”.

 

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