Reforma educacional se enfrenta a decisión clave de colegios

Finalmente llegó el plazo que apoderados y colegios particulares subvencionados estaban esperando desde que se aprobó la denominada Reforma Educacional impulsada por el gobierno. Este 2017 todos los establecimientos deberán definir si finalmente pasarán a ostentar la figura legal de persona jurídica sin fines de lucro (corporación o fundación) o si optarán por el camino de ser particulares pagados y, por ende, con fines de lucro.

Así lo confirmó el seremi de Educación, Pedro Esparza, quien explicó que para ello se establecieron plazos perentorios que deberán concretarse en los próximos meses.

La autoridad detalla que si bien por ley se había establecido que la fecha para que los colegios le comunicaran su decisión final formalmente a los apoderados era el 31 de marzo de este año, se aprobó una ley miscelánea que da cierta flexibilidad y se extendió hasta el 30 de junio.

En este sentido, recalca que “los apoderados deberían recibir una comunicación formal informando de esta situación en ambos casos, es decir, si serán sin fines de lucro o particulares pagados, pero este año es el plazo fatal y de toma de decisiones”, plantea. 

Cumpliendo con estos requisitos (informar formalmente a los apoderados en el plazo establecido), quienes opten por transformarse en corporación o fundación tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para efectuar el trámite legal de traspaso. 

El Día conversó con el seremi de Educación, Pedro Esparza, para buscar aclarar algunas de las dudas que todavía mantienen los apoderados respecto de este proceso trascendental. Aquí algunas de las claves que involucrará este cambio. 

¿CÓMO SE IRÁ DANDO EL TRÁNSITO DE SUBVENCIONADO A SIN FINES DE LUCRO?

En la región, según indica Esparza, son 350 los establecimientos particulares subvencionados. De ellos, ya hay 70 que ostentan la condición legal de ser personas jurídicas sin fines de lucro, que se dividen en 31 que ya realizaron el trámite, 6 que lo están efectuando y otros 30 correspondientes a congregaciones religiosas, que por su naturaleza ya tenían esta condición. A estos se suman 3 fundaciones. 

“Por lo tanto hay 280 aproximadamente que tienen que tomar su decisión en el presente año. De esos nosotros tenemos la claridad y confianza de que la gran mayoría va a hacer el tránsito a persona jurídica sin fines de lucro”, enfatiza la autoridad.

Asegura que para ello no existe ninguna complicación adicional que perjudique el proyecto educativo “es decir, si el afán central es llevar adelante un proyecto educativo, incluso están aumentando los recursos a través de las subvenciones y otras vías, por lo tanto no debiese haber en ese sentido ningún inconveniente”.

Para facilitar el proceso, plantea, desde el último trimestre de 2015 fueron contratados dos abogados para crear una unidad de apoyo a los sostenedores y que están exclusivamente dedicados a orientarlos, a conversar con ellos todas las veces que sean necesarios “y muchos sostenedores han manifestado que van a esperar hasta el 2017 y ahí van a tomar la decisión, pero ahora ya estamos en la cuenta regresiva”, puntualiza.

¿CÓMO SE ELIMINARÁ EL COPAGO?

El seremi de Educación explica que una cosa es pasar a ser una corporación sin fines de lucro, que va a ser una realidad a partir del próximo año, y otra cosa es el copago.

En el caso se éste último, la ley estableció un congelamiento del mismo tomando como referencia el valor de la Unidad de Fomento (UF) de agosto de 2015 “y a partir de este año se va reajustando lo que se cobra por copago de acuerdo a cómo va también incrementándose solamente la UF, por lo que va aumentando menos que en el pasado”, detalla Esparza. 

Esto quiere decir, indica, que ahora, bajo ninguna circunstancia “el sostenedor podrá subir de manera arbitraria o unilateral estos valores, en modo alguno, que era lo que ocurría antes, dependiendo de las condiciones del mercado”.

Pero además, agrega, está el aporte de gratuidad, que partieron entregando el año pasado y que está dirigido a todos los establecimientos gratuitos y sin fines de lucro “ahí están considerados todo el mundo municipal, pero también un número no menor ya de establecimientos particulares subvencionados”.

Ese aporte de gratuidad también se va a ir incrementando en el tiempo en base a la Unidad de Subvención Escolar (USE), que tiene un valor aproximado de $23.000 y es la que da pie a cómo se van reajustando el conjunto de las subvenciones. 

En concreto, el año pasado el aporte de gratuidad fue un 0,25% de la USE ($5.800 aproximadamente), este año será de un 0,35% (en torno a los $8.000) y el próximo será un 0,45% (cerca de $12.000).

“Entonces, en la medida de que el aporte de gratuidad va aumentando, va a ir colisionando con el copago. Cuando aquello ocurra, el establecimiento está obligado a dejar de cobrar el copago. Lo puede hacer antes, pero en ese momento, cuando el aporte de gratuidad alcance a lo que está cobrando el establecimiento, está obligado a dejar de cobrarlo”, precisa el seremi. Con todo ello, recalca, “el copago del apoderado va a ir disminuyendo año a año”.

Por esta razón, especifica, el proceso se va a ir dando de forma gradual y operará de manera distinta en cada colegio, pues va a depender del aporte que pagan los apoderados en cada caso. “Hay algunos que van a dejar de cobrar antes y otros que se van a demorar más en el tiempo. Hay algunos que tienen copagos altos que se van a demorar bastante tiempo, eso es indudable”, sostiene. 

La diferencia va a estar dada, eso sí, por el hecho de que se pondrá término al retiro de utilidades que hasta ahora efectuaban los establecimientos. “Por lo tanto, si bien hay un grupo de apoderados que van a seguir cancelando copago, esos recursos tendrán que destinarse solamente a fines educativos, se termina el límite de retiro de recursos o el retiro de utilidades”.

¿EXISTE UN PLAZO LÍMITE PARA QUE SE ELIMINE EL COPAGO?

“No, eso va a depender de cada colegio y eso también lo establece la ley”, responde la autoridad de educación.

Ahora, a futuro, indica, esto va a depender de las condiciones económicas del país “porque si son favorables, nosotros manejamos hasta ahora lo que indicaba, un aporte de gratuidad de 0,25%; 0,35%, 0,45% hasta el 2018, pero de ahí en adelante a lo mejor se puede dar un salto más importante y aumentar ese porcentaje. La idea que todos tenemos es que mientras más pronto el aporte de gratuidad pueda capturar a lo que realizan los apoderados por copago, cuanto mejor para todos”.

¿HAY COLEGIOS QUE YA TIENEN EL COPAGO CERO?

Son en este momento 21 establecimientos dentro de la región que eran particulares subvencionados, que tenían copago y que ahora ya pasaron a gratuidad.

Un grupo de ellos lo concretó entre el 2015 y el 2016 y entre el 2016 y el 2017 solamente se adhirió el colegio La Providencia.

¿LOS COLEGIOS PASAN A SER MUNICIPALES?

Una de las principales dudas que ha generado este nuevo sistema es si los establecimientos funcionarán como municipales. Al respecto, Pedro Esparza explicó que no va a haber un cambio en este sentido y que se mantendrán bajo las mismas condiciones. “Los colegios van a seguir manteniendo el mismo director, el proyecto educativo, si había un énfasis en la ciencia, en el idioma, el deporte, si hay una dimensión valórica a través de una congregación religiosa, nada de eso va a cambiar”.

¿QUÉ PASA CON LOS COLEGIOS QUE DECIDAN SER PARTICULARES PAGADOS?

El seremi de Educación explica que ya a partir del 1 de enero de 2018, todos los colegios deberán tener definida su situación legal, es decir, si se acogen a ser persona jurídica sin fines de lucro o si serán particulares pagados. 

Bajo esta lógica, dice “ellos toman la determinación y si lo informaron al apoderado a más tardar en junio de este año, pueden comenzar a cobrar a partir del 2018 lo que fijen como pago. Si yo decido mantenerme bajo la figura jurídica con fines de lucro, la única forma de hacerlo, ya a partir del próximo año, es ser particular pagado”. 

¿NO EXISTE TEMOR DE QUE EXISTA UNA ESTAMPIDA DE ALUMNOS PORQUE LOS PADRES NO TENDRÁN PARA PAGAR?

El  secretario regional señala que eso se conecta con una acción muy importante que están desplegando, que es el fortalecimiento de la educación pública. “Nosotros queremos incrementar la cantidad, pero también la calidad  de la oferta de la educación pública”, afirma.

Por esta razón, indica “si finalmente se diese ese paso, que va a ser el próximo año, ya hemos tenido conversaciones con la Corporación Municipal en el caso de La Serena para en lo posible implementar estrategias que permitan poner a disposición de los apoderados que no están en condiciones de hacer estos pagos, de tener una oferta de proyecto educativo que sea similar, porque infraestructura felizmente tenemos dentro del mundo municipal. Por lo tanto creo que entorno a aquello perfectamente podrán haber novedades dentro del presente año”.

A su juicio, hay establecimientos municipales que tienen ya la impronta de entregar una buena educación, entre los que se cuenta el colegio Balmaceda, el liceo Gregorio Cordovez “y la idea es que esos ejemplos se vayan ampliando en el tiempo y eso permita que si un apoderado llega a la conclusión que no puede pagar o que no corresponde, tenga opciones ya sea del mundo municipal o del mundo particular subvencionado”.

¿EXISTE RIESGO DE CIERRE DE COLEGIOS?

Otro de los temores que se instaló durante la tramitación de la reforma fue que muchos establecimientos educacionales tendrían que cerrar bajo estas nuevas condiciones. Al respecto, Pedro Esparza manifestó que “la opción de cierre de establecimientos ocurre desde siempre y sigue vigente, pero no tenemos ningún antecedente, ni siquiera a nivel de trascendido, de que vaya a haber algún cierre de establecimiento importante, grande, emblemático”.

“Hay establecimientos que van cerrando por la propia dinámica de este sistema, porque a veces arriendan una propiedad y pierden el arriendo, o consideran que le subieron mucho el valor, o comenzaron con la expectativa de que iban a tener una determinada cantidad de alumnos y después eso no se condice con la realidad, pero de casi 800 establecimientos siempre andamos en una cifra de 8 o 10 que son más bien pequeños, pero está dentro de la normalidad de lo que sucede siempre y no es por efecto de la ley de inclusión”, puntualiza.