La situación de cambio climático y las cada vez más escasas precipitaciones en la Región de Coquimbo han llevado a que se esté volviendo mucho más complicado el abastecimiento de agua en los sectores rurales, donde todavía son miles las personas cuyo único acceso al vital elemento es a través de pozos; ríos, esteros, canales o vertientes y camiones aljibe.
De hecho, un estudio dado a conocer en junio, desarrollado por la Fundación Amulén, junto con el Centro de Cambio Climático Global y el Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica de Chile denominado “Radiografía del agua rural de Chile: Visualización de un problema oculto” develó que en nuestro país el 42,2% de la población rural no cuenta con abastecimiento formal de agua potable. El organismo advierte que la situación preocupa, pues afecta a estas familias en distintas dimensiones: económica, salud, educación y equidad de género.
Camiones aljibe
A raíz de esto, El Día quiso constatar cuál es la realidad en esta materia en la región. El primer dato que surge es que, según cifras dadas a conocer por la oficina regional de la Onemi, al 18 de julio de este año son 23.882 personas de la región que son abastecidas a través de camiones aljibe.
La provincia de Limarí es la que lidera en esta materia, con 11.353 personas. En cuanto a las comunas, Punitaqui es la que presenta mayor demanda (4.026), seguida por Combarbalá (3.741), Monte Patria (1.740), Ovalle (1.447) y Río Hurtado (402).
Le sigue Choapa, con 7.123 personas, siendo Illapel la con más afectación (2.668), seguida de Canela (1.698), Salamanca (1.672) y Los Vilos (1.085).
En Elqui, en tanto, son 5.403 los beneficiados. En el desglose por comunas, Coquimbo (2.657), La Higuera (973), La Serena (809), Andacollo (555), Vicuña (258) y Paihuano (151).
“No es descartable en modo alguno que durante los próximos meses veamos un incremento en cuanto a la cantidad de personas afectadas”, Rubén Contador, director regional de la Onemi.
El director regional de la Onemi, Rubén Contador, señala que estos datos corresponden a las personas que han sido beneficiadas dentro del proceso de déficit hídrico de la región. “A Onemi en particular le corresponde tramitar todo lo que son las solicitudes de los informes ALFA que emiten los niveles comunales”, explica. Ello se traduce en una solicitud que se suscribe la intendenta regional en conjunto con el director regional de Onemi “y se solicitan los fondos de emergencia a nivel nacional, al ministerio del Interior”, indica.
Asimismo, la autoridad detalla que “el promedio de agua que se entrega por persona en forma diaria es 50 litros”. Resalta que está pensada solo para el consumo humano “y no va orientada ni a abastecimiento de animales ni para otro tipo de acciones, esa es la norma que mantiene el Proyecto Esfera de la ONU como mínimo suficiente para casos de sobrevivencia”.
Para tener una idea (solo como referencia, porque no es su competencia la entrega de agua en camiones aljibe), la empresa sanitaria Aguas del Valle dispuso en su página web de un sistema que permite calcular el consumo diario promedio en los hogares de los sectores urbanos.
Hicimos el cálculo para la ciudad de La Serena, considerando 10 minutos de ducha diarios, 4 descargas del WC al día, 2 minutos de agua corriendo para el cepillado de dientes, 2 minutos para lavarse las manos, 8 minutos para lavar la loza y 3 cargas de lavadora en la semana. Bajo estos parámetros, una persona de la capital regional puede llegar a utilizar 1.159 litros de agua diarios. Si se comparan con los 50 litros a los que accede una persona de las zonas rurales, se puede avizorar la abismal diferencia.
Pero en algún minuto la situación fue incluso más complicada en la región. El 2014, cuando enfrentamos una de las peores sequías en 100 años, se llegó a distribuir a 45.717 personas (de acuerdo a datos entregados a El Día por gobierno regional de la época) y el 2016 se llegó e un peak de 52.074 beneficiarios.
$2.957 millones se destinaron en total en la región para el abastecimiento de camiones aljibe el 2018.
Rubén Contador explica que efectivamente en algún momento se llegó a esta cifra, pero en los años venideros se produjo una disminución también porque se comenzó a aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) tras un instructivo de la subsecretaría del Interior “y eso llevó a que redujera bastante la cantidad de beneficiarios, llegando a los 23 mil que estamos en este minuto”.
Pero ahora la zona está viviendo un nuevo periodo de ausencia de precipitaciones, con casi nula caída de agua y nieve entre el 2018 y el 2019. Consultado respecto de si esto podría comenzar a generar un aumento de la demanda, el director regional de la Onemi señala que “de acuerdo a la experiencia histórica que nosotros tenemos, cuando ya se da este tipo de permanencia en el tiempo de que no llueve o no precipita adecuadamente y no se acumula gran cantidad de nieve, eso lleva a que se vayan incrementando las solicitudes y por supuesto que suben los beneficiarios y también la cantidad de camiones aljibe para poder cumplir el rol de mandar esta agua al destino final”.
Hay que entender, dice, que cuando se habla de agua para el consumo humano no se debe relacionar directamente con el estado de embalses, porque eso está más orientado al abastecimiento urbano y a la agricultura. “Por lo tanto cuando se empiezan a secar las napas, los pozos subterráneos, es que ya viene la afectación directa a todo lo que es el mundo rural”. Por eso, agrega “no es descartable en modo alguno que durante los próximos meses veamos un incremento en cuanto a la cantidad de personas afectadas, lo que va a llevar a contratar más camiones aljibe para poder distribuir el agua que se requiere”.
Es importante entender, enfatiza “que en algún minuto, de persistir esta sequía o falta de precipitaciones claro que se va a complejizar el tema”.
Actualmente la Onemi, con fondos del ministerio del Interior, mantiene 72 camiones funcionando en la repartición, distribuidos en las 15 comunas de la región. FOTO LAUTARO CARMONA
Imposibilidad de recarga complica a los APRs
No menos compleja es la situación que enfrentan los Sistemas de Agua Potable Rural (APR), que se convierten en otra de las fuentes de distribución del recurso hídrico en las zonas interiores. No obstante, y pese a tener buenos resultados en esta línea, mantienen una limitante y es que se abastecen de pozos a través de napas subterráneas que, al igual que las aguas superficiales, requieren de la lluvia y nieve para su recarga.
Consultado sobre el estado actual, el presidente de la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico y alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo, cuenta que a la fecha “hay sistemas de APR que tienen sus pozos secos ya hace varios meses y que a propósito de la escasez de lluvias de este invierno han mantenido esta situación de gravedad, porque tenían escasos litros para poder extraer y sacar para repartir a sus vecinos, ya no tienen esa posibilidad”. Por esta razón, muchos de estos poblados están teniendo ya que ser apoyados por camiones aljibe.
En el caso de Combarbalá, detalla, cuentan con 12 camiones (financiados a través de la Onemi a través del ministerio del Interior), pero “esporádicamente también la municipalidad tiene que concurrir con recursos propios para poder financiar adicionalmente la entrega de agua y se entrega una cifra de 50 litros de agua por persona al día”.
“Hay sistemas de APR que tienen sus pozos secos ya hace varios meses y que a propósito de la escasez de lluvia de este invierno han mantenido esta situación de gravedad”, Pedro Castillo, presidente de la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico y alcalde de Combarbalá
Eso, reconoce “evidentemente es algo bien básico, que no asegura ni siquiera la operación adecuada de los sistemas de alcantarillado rurales, porque se estima que deberían ser 100 litros de agua por persona, lo que se entrega es solo para la subsistencia”.
Respecto a cómo visualiza la situación para los próximos meses, el alcalde combarbalino plantea que “proyectamos que va a aumentar el requerimiento de agua, sobre todo para finales de año y para el verano de 2020, que creemos que va a ser bastante complejo desde el punto de vista de la distribución. Así que estamos ya levantando información y catastros en caso que tengamos que requerir apoyo adicional”.
En este sentido, recalca, han establecido una muy buena comunicación con la oficina regional de la Onemi cuando se trata de pedir más camiones de emergencia. “Hemos acordado un sistema, que es nacional, que es aplicar la ficha FIBE, que permite identificar al afectado y a todo el grupo familiar en base a esa cantidad de afectación nosotros vamos agregando demanda y nos permite solicitar recursos cuando amerita un camión aljibe adicional”, precisa.
Por su parte, en entrevista con diario El Ovallino a inicios de esta semana, el presidente de la Asociación Gremial de APR del Limarí, Luis Alfaro, se refirió al panorama que enfrenta ese territorio respecto de los APR y manifestó que “la situación es crítica. Efectivamente hay algunos comités que tienen agua, sobre todo los que están en lo alto de la cordillera, como Chañaral de Carén o El Maqui. Pero esas son excepciones a la regla, pues cuando vamos bajando hacia el valle, la cosa se va poniendo más difícil”, precisa.
El dirigente especificó que en este momento existe una situación compleja en Combarbalá y Monte Patria. “Esto ya no es algo puntual, pues ya se está generalizando la problemática de la falta de agua”.
$2.821 millones ya se han invertido en lo que va de 2019 para el abastecimiento de camiones aljibe en la región.
Lo más crítico, aseguró, es que pese al escenario todavía no se ha registrado una reacción por parte de las autoridades. “Ya estamos a fines de julio y el ministerio de Obras Públicas, a través de la DOH, no ha desbloqueado ni un centavo, ni siquiera para la mantención de los comités de agua potable para enfrentar la sequía”.
Dice que no quieren que esto se transforme en un caos y recalca que no está en manos del seremi de Obras Públicas o del director de la DOH la solución, pues las acciones deben surgir del nivel central. “El Estado debe tomar el toro por las astas y desbloquear los dineros e impulsar el despliegue de personal. Algunas personas del gobierno central han venido a hacer estudios, pero con estudios la gente no vive”, enfatizó.
Jaime Castillo, presidente de la Asociación Gremial de APR de Elqui, también afirma que el escenario no es auspicioso. “Hemos notado que han bajado mucho los niveles de los pozos de extracción y si no tenemos lluvias ni nevazón no tenemos recarga”.
En la actualidad, cuenta, son 49 los sistemas de APR que existen en esa provincia y hay varias localidades que se están organizando para poder conformar otras organizaciones, sin embargo, se encuentran con la dificultad que no cuentan con puntos de captación. “Las fuentes están escaseando, están bajando los niveles, entonces no hay por donde poder mejorar y solucionar este tema”.
“Hemos notado que han bajado mucho los niveles de los pozos de extracción y si no tenemos lluvias ni nevazón no tenemos recarga”, Jaime Castillo, presidente de la Asociación Gremial de APR de Elqui
Lo otro que se está observando en algunos sectores, indica, es el deterioro en la calidad del agua “porque cada vez se están profundizando más pozos al tratar de conseguir el recurso de las napas que se encuentran a mayor profundidad y eso permite encontrar aguas muy antiguas, muy mineralizadas también. El tema es muy muy serio”.
También plantea que espera que el gobierno pueda lograr algunos recursos para este sector “porque ya también hay un montón de gente que vive en el sector caprino que se abastece con camiones aljibe, es un problema tremendo en que se está dando y se ve muy delicado el panorama, porque es muy notorio el cambio climático que tenemos y en esta región definitivamente la sequía llegó para quedarse”, enfatiza. 3701iR
Inversión en distribución llega a $3 mil millones
El Día también accedió a las cifras de inversión que se requieren para el abastecimiento de agua potable en las zonas rurales a través de los camiones aljibe.
De acuerdo a datos aportados por el Gobierno Regional, el 2018 se destinaron un total de $2.957 millones, de los cuáles $1.309 millones fueron a la provincia de Limarí, $921 millones a Choapa y $726 millones a Elqui.
En lo que va de 2019, en tanto, el gasto ya asciende a $2.821 millones, de los cuáles $1.268 millones corresponden a la provincia de Limarí, $813 millones a Choapa y $740 millones a Elqui.
Importantes recursos si se considera, por ejemplo, que la construcción del Cesfam de Pan de Azúcar tuvo un costo de $2.500 millones y el Cesfam de Chañaral Alto, inaugurado el 2018, requirió $4 mil millones de pesos. Sólo para tener un parámetro.
De hecho, según el estudio de la Fundación Amulén, en la actualidad, 10 regiones afectadas de nuestro país están siendo abastecidas por camiones aljibe. Entre las más afectadas están Biobío, La Araucanía y Coquimbo, concentrando el 66% del gasto público.
De acuerdo a los antecedentes que maneja esta entidad, en los últimos cinco años el gasto en camiones aljibes supera los 150.000.000.000 de pesos lo que, según esta organización “equivale a construir nueve hospitales de baja complejidad, o cuatro de mediana, o dos de alta complejidad, que supera los 25.000 m2”, detalla el documento.
Por ello, indican, se debe apuntar a destinar recursos a soluciones más de largo plazo en estos territorios. “La constante necesidad de camiones en las temporadas de verano e invierno y la amplitud de comunas con el requerimiento dan cuenta de un problema más estructural, donde la escasez no solo se define por la falta de precipitaciones, sino también por la ausencia de redes de agua potable, entre otros”, indica el informe.
¿Cómo se determina la distribución en camiones?
De acuerdo a lo informado por el Gobierno Regional, en agosto de 2016, la subsecretaria del Interior mediante el oficio 18.087 (Modificada por el oficio 23.863) establece una serie de requisitos para realizar las solicitudes trimestrales de arriendo de camiones aljibe con el fin de realizar una estandarización a nivel nacional, para la entrega de agua potable a quienes carecen de ella producto del déficit hídrico.
Los requisitos establecidos en este oficio consisten en la aplicación de la ficha FIBE a cada familia afectada por déficit hídrico; georreferenciación del territorio; planilla única de beneficiarios que consolida la totalidad de familias afectadas en la respectiva comuna; la cantidad de agua a entregar a cada una de ellas (50 litros por persona al día) y derivado a esto, la cantidad de camiones necesarios a arrendar para satisfacer esta necesidad vital.
“Durante este tiempo, las solicitudes realizadas por las diversas comunas han sido revisadas y validadas por la Dirección Regional de Onemi, en donde las observaciones encontradas se comunican a cada municipio con el fin de subsanarlas”, detalla el documento.
Actualmente, en la zona existe un total de 71 camiones de distribución, 35 en la provincia de Limarí, 19 en Choapa y 18 en Elqui.