Una potente señal en contra de la delincuencia pretende dar el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien anunció que sostuvo una reunión con la intendenta Lucía Pinto para solicitarle la clausura inmediata de la discoteque Agura, ubicada en pleno centro de la ciudad y en cuyas inmediaciones ocurrió una balacera, que dejó como como saldo a seis personas heridas.
El edil recordó que el gobierno regional, en este caso la intendenta Lucía Pinto o la gobernadora Daniela Norambuena, tiene la facultad para clausurar un local de forma directa cuando éste se constituya en un peligro para la comunidad.
Al respecto, Jacob contó que se reunió con la intendenta para pedirle de manera formal que realice las gestiones necesarias para clausurar el local. “Hay que dar una señal porque esto (la balacera) no puede quedar así”, expresó.
El alcalde indicó que existen dos caminos posibles. El primero es que el concejo no renueve la patente de alcoholes a la discoteque, pero éste trámite sólo se puede realizar a mediados de año. Más ágil y rápido es que el gobierno adopte la decisión de su cierre.
El concejal Félix Velasco indicó que el municipio “debe solicitar más apoyo a Carabineros porque es constante preocupación en los vecinos (...) incluso hay locales comerciales que están cerrando antes para evitar inconvenientes”.
Jocelyn Lizana consultó el estado en que se encuentra el proyecto de las casetas de seguridad. Administrativamente y luego de procesos de licitación fallidas, se procederá a una contratación directa.
El alcalde explicó, además, que el municipio está gestionando la adquisición de retenes móviles y dos drones.
La facultad de clausura
Un grave incidente ocurrió en las inmediaciones de la discoteque Agura, ubicada en calle Balmaceda, en pleno centro de la ciudad de La Serena.
El artículo número 50 de la Ley de Alcoholes indica que “sin perjuicio de las clausuras impuestas por la autoridad judicial, los intendentes y gobernadores podrán clausurar los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, donde se hubieren cometido hechos delictivos graves, o que constituyan un peligro, para la tranquilidad o moral públicas”.
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