ADRIANA MUÑOZ, SENADORA: “Todos los derechos de agua que se pidan en adelante se entregarán en concesión y con causales de caducidad”

La senadora, Adriana Muñoz, ha sido una de las principales impulsoras de la reforma al código de aguas, iniciativa que pretende efectuar modificaciones a la normativa vigente en el país desde 1981. La tramitación del proyecto no ha estado exenta de polémicas, pues diversos gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), SOFOFA y la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) han manifestado que con su puesta en marcha los derechos de propiedad de los actores privados están en riesgo y que genera incertidumbre. De hecho, Patricio Crespo, presidente de la SNA, ha indicado que el Estado deberá desembolsar US$ 27 mil millones.

Sin embargo, la parlamentaria insiste en que el proyecto no afectará a los derechos de agua ya constituidos, pero dice que los nuevos derechos que se entreguen de ahora en adelante serán otorgados en forma de concesión y no de propiedad. También se dará más facultades de fiscalización a la Dirección General de Aguas (DGA) para evitar el robo del recurso y la especulación y se retirarán los derechos a quienes no cumplan con algunos requisitos establecidos.

La iniciativa ya fue votada en general y el próximo 22 de noviembre está planificado que ingrese a la sala de la Cámara de Diputados para su votación en particular, donde se analizarán cada uno de sus artículos. Muñoz confía en que llegará a buen puerto, pero advierte que aún queda un largo camino legislativo y que no vería la luz antes de fines del próximo año.

-El proyecto ya fue aprobado por las comisiones de Agricultura, de Recursos Hídricos y de Hacienda y ya los diputados regionales oficialistas han adelantado que votarán a favor. ¿Se ven buenas perspectivas para su aprobación?

“Es un escenario favorable. Ya se votó en general, ahora viene una votación artículo por artículo. Lo importante es que se puedan resguardar esos artículos que son centrales para generar un cambio real en el uso, gestión y dominio de las aguas”.

-¿Cuáles son estos artículos?

“Hay que resguardar en primer lugar que se consagren las funciones de uso del agua, vale decir que se le dé prioridad al uso humano, al uso doméstico, sanitario y también su resguardo medioambiental. Lo que puede ser controversial es la nueva forma de entrega de los derechos de uso de agua, que se propone que sea en concesión y no en propiedad. Ese es un tema bastante grueso que hay que debatir y en que la oposición ha hecho bastantes reparos”.

-¿Eso aplicaría para los derechos ya constituidos?

“Para los nuevos derechos que se entregan, porque ningún derecho que ha sido otorgado se va a tocar. Eso de verdad ha sido bastante mal intencionado de muchos sectores, que no quieren avanzar en una nueva legislación del agua. En eso hay que señalar que tanto la reforma al código de aguas que se discute en la Cámara como la reforma constitucional que aprobamos nosotros en el Senado proponen de alguna manera boicotear los derechos ya entregados, eso no se propone porque sería de un costo altísimo para el país y en segundo lugar genera incertidumbre en los productores agrícolas, porque muchos de los derechos de agua ellos los entregan como garantía en los bancos para los préstamos, licitaciones.

“Entonces, eso genera un desequilibrio que no está en la cabeza de nadie generarlo, pero si todos los derechos que se pidan de aquí en adelante se van a entregar en forma de concesión a 30 años y con causales de caducidad”.

-¿Esto quiere decir que si no lo utiliza por algún periodo va a ser causal de caducidad?

“Claro, si hoy el estado le entrega a un productor, sea minero, agrícola, eléctrica, para un determinado proyecto y este fracasa o hay una quiebra, se va a exigir como causal de caducidad, también que se cambie de giro de producción, que haya abandonado la actividad productiva. Esto para los derechos nuevos que se constituyan, no los que ya están constituidos”. 

-¿Cuántos años se fijan para eso?

“Son 30 años los que se van a establecer, pero también hay una caducidad automática en la medida que se infrinja alguno de los elementos que se especifican. Sobre todo si hay una actividad de especulación que sea detectada, también inmediatamente hay una causal de caducidad”.

-La normativa también le da mayores atribuciones a la DGA para fiscalizar. ¿Cuáles serán?

“Si, le entrega facultades de fiscalización y de información acerca de la gestión y el uso del recurso, le entrega la posibilidad de uso de software modernos, sofisticados, para poder recoger datos en relación a la cantidad de agua que se está usando, porque el conteo del agua es muy importante. También fiscalización, porque muchas veces se da el robo de agua y este código le entrega muchas más facultades a la DGA para tomar medidas inmediatas de cierre de los drenes que se hayan empalado para robar agua en los cauces de los ríos”.

-El 22 de noviembre se planea que vaya a la Cámara, para votar cada uno de los artículos, después vuelve al senado. ¿Cuál es la tramitación que resta?

“Así es, ahí vamos a iniciar el debate recién. Se hace todo el proceso de nuevo, seguramente va a ir a la Comisión de Recursos Hídricos, vamos a establecer audiencias públicas, vamos a escuchar a mucha gente, lleva mucho tiempo. Tenemos que pasar por todo ese proceso de audiencias públicas, escuchar y una vez que eso concluya empezamos el debate en general del proyecto, se informa a la sala, la sala se pronuncia en general, vuelve a la comisión para su discusión en particular y ahí vuelve nuevamente a la sala. Tiene que ir seguramente a comisión de Obras Públicas, comisión de Hacienda, todavía queda un tiempo largo”.

-Ya lleva cerca de un año y medio de tramitación. ¿Cuándo se espera que esté lista?

“Yo creo que a finales del próximo año o principios de 2018 podríamos estarlo sacando”. 3701i

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

-¿Qué le parece que el diputado Sergio Gahona haya planteado que si se aprueba este proyecto irán al Tribunal Constitucional?

“Yo creo que va a ser uno de los proyectos de ley, que al igual que en el proyecto sobre el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, la derecha va a recurrir al Tribunal Constitucional, porque no quiere modificaciones en materia de código de aguas, quieren mantener esta misma situación de propiedad privada del recurso. Pero el gobierno ha trabajado con muchos constitucionalistas, de mucho peso y han planteado que no hay ninguna medida que sea inconstitucional”.