• La secretaria regional enfatiza en que bajo ninguna circunstancia se busca perjudicar a los agricultores y que los derechos ya otorgados no se van a tocar. FOTO ANDREA CANTILLANES
    La secretaria regional enfatiza en que bajo ninguna circunstancia se busca perjudicar a los agricultores y que los derechos ya otorgados no se van a tocar. FOTO ANDREA CANTILLANES
La autoridad rechaza las críticas que se han generado en contra de esta normativa y asegura que va a contribuir sobre todo al abastecimiento de los sectores más afectados por la sequía en la región

El pasado martes se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reforma al código de aguas, iniciativa que ahora fue enviada al Senado, donde deberá analizarse en segundo trámite constitucional.

Durante la semana la normativa ha generado un amplio debate. Desde el oficialismo valoran los avances que generará en materia de ordenamiento de la administración del recurso hídrico y, por sobre todo, que se establezca su prioridad para el consumo humano, por ello acusan una verdadera “campaña del terror” en su contra. Por otro lado el diputado Sergio Gahona y desde la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), sostienen que tendría carácter “expropiatorio” y que traería incertidumbre para el agro.

A juicio de la seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, en torno a la tramitación de la normativa se ha tejido mucha confusión y por ello sale a defenderla. Lo cierto es, argumenta, que los derechos de aguas ya otorgados no serán expropiados y que viene a asegurar la disponibilidad del recurso, sobre todo para los sistemas de Agua Potable Rural (APR), que tan afectados se han visto durante la última década de sequía.

 -¿Qué importancia tiene para el MOP que se haya aprobado la reforma al código de aguas?

“Para nosotros es muy importante. ¿Por qué queremos reformar? porque el código de aguas que tenemos es antiguo y fue hecho en una época que había abundancia en la parte hídrica, lo que es muy distinto a la situación actual. Hoy nos enfrentamos a un cambio climático y, lo más terrible, a una demanda muy por sobre la oferta. Si tenemos un aumento explosivo de población y mayor demanda en la agricultura, en la minería, obviamente no vamos a estar preparados en unos 20 o 25 años más. Esta reforma viene primero a asegurar el agua, segundo la viene a cuidar y también a repartirla mejor y eso queremos que la ciudadanía lo entienda muy bien”.

-La región enfrentó una sequía severa hasta el año pasado, lo que generó problemas en los Sistemas de Agua Potable Rural (APR), en las comunidades más pequeñas. ¿Cómo viene esta normativa a resolver eso?

“El bastión principal en esta reforma es que el agua se prioriza para el consumo humano y sanitario y obviamente también para la agricultura, pero la importancia que tiene es que viene a proteger especialmente el agua para el consumo y muy especialmente al agua potable rural. El código actual no tiene prioridades, tenemos que someter estos decretos de escasez hídrica para obtener esa agua, pero así y todo, para conseguirla hay que pagarla, el Estado compra el agua para los camiones aljibes, pero con esta reforma se va a asegurar el  agua para los APR, con un máximo de 12 litros por segundo,  porque también tenemos que poner tope, pero eso va a quedar acotado que es solamente para el consumo humano y no para ejercer un fin de lucro”.

-¿Qué opina de las críticas que señalan que se pone en riesgo a la agricultura?

“Lo quiero recalcar, porque ha aparecido en muchos medios de que  esta reforma pone en riesgo la agricultura, que le quita el patrimonio, que va a poner en jaque al país desde el punto de vista de las inversiones. Eso yo quiero asegurar 100% que no va a ser así, porque lo que viene a hacer es que garantiza los derechos de quienes usen el agua. Hoy todos esos pequeños agricultores, mediano y grandes que tienen derechos de aprovechamiento de agua y tienen un proyecto productivo y genere agricultura, minería o las mismas sanitarias, esos derechos no se van a tocar, no se expropian, no se dañan en lo absoluto, sigue exactamente igual”.

-¿Pero se pueden caducar?

“Lo que hace esta reforma es normar la caducidad y la extinción por el no uso de los derechos. Ese tema a nosotros como región casi no nos afecta, como en el sur, por ejemplo, que hay grandes empresas que han pedido derechos de aprovechamiento y no los usan. Hoy cómo se les castiga, ellos pagan una patente, pero a lo mejor eso no les duele mucho. Por eso lo que viene a hacer esta reforma es normar, se les va a dar una plazo y que se asegure de que cumplan el objetivo de cuando se dieron estos derechos, porque el Estado cuando los entregó fue con un fin productivo, no que el agua se tenga ahí estancada y no coarte el desarrollo del sector. Entonces, si esas personas no están usando el agua obviamente hay otros que la necesitan usar y eso es lo que quiere el Estado hacer”

-Entonces de ahora en adelante ¿Cuál va a ser la diferencia para los que tengan ya los derechos constituidos, van a tener que inscribirlos, hacer algún trámite adicional?

“Esta reforma también tiene un objetivo de ordenamiento, de disciplina, entonces todos los que hoy día tienen sus derechos de aprovechamiento otorgados por el Estado van a tener que inscribirlos. Es como cuando uno tiene un bien raíz y lo tiene que ir a inscribir al conservador, esto es lo mismo, el Estado le da este derecho de aprovechamiento porque ahí está la protección”.

“Pero por favor en lo absoluto que no teman que porque no lo inscriben se lo van a quitar, aquí se va a ayudar a todos para que efectivamente lo inscriban, especialmente a los pequeños agricultores, el gobierno siempre está en pos de apoyarlos y nunca ha estado el ánimo de quitarles los derechos, ni tampoco expropiárselos. Se va a respetar y garantizar los derechos de quienes los tienen y lo usan”.

-Pero ¿Qué pasa en el caso de un pequeño agricultor que tienen una o dos acciones de agua y que no ha podido sembrar porque no tiene recursos. ¿No corre riesgo de que se le caduquen?

“No, no corre el riesgo, porque él tiene demostrado que usa el agua. Ahora, si no le llega agua obviamente no le vamos a exigir, pero él tiene sus derechos y demuestra que tiene su predio y que por las circunstancias ya sea económica o porque no hay agua no ha podido, pero siempre el Estado lo va a apoyar”.

-Y si no la usan ¿En cuánto tiempo se les va a cobrar una patente?

“Eso está en la misma reforma en análisis, entre 2 o 4 años, y si se demuestra que no han usado y que tienen esos derechos, bueno, el Estado se los va a quitar, pero eso solo se está regulando. Esto es como un téngase presente, porque hoy muchas empresas grandes que tienen derechos pedidos, que se da más en el sur, están pagando unas patentes de 100 millones de pesos y lo cierto es que prefieren entregar los derechos, devolverlos, porque no les es rentable y mucha veces no tienen espalda para pagar esa patente tan alta”.

-La normativa solo afectará a los derechos que aún no están constituidos entonces…

“Se han confundido los derechos que ya están otorgados, que no se van a tocar ni expropiar, con los nuevos que quedan por dar y eso en nuestra región es la nada misma, porque nosotros tenemos casi todas las cuencas agotadas. Como referencia, a nivel de país el 90% de todos los derechos de aprovechamiento de agua están ya dados. Ese 10% que queda es el que se va a dar en una concesión por 30 años. Si durante ese periodo no demuestra esta persona un proyecto productivo se le quitan. Pero si lo tiene y está usando esa agua se le van a renovar. Entonces, yo no veo la maldad, lo malo, todo lo contrario, esta es una reforma muy buena, muy importante, protege a todos los usuarios del agua y también protege al medio ambiente, que eso tampoco estaba en el código antiguo”.

-Claro, porque se protege los glaciares, las áreas de biodiversidad

“Si alguien quiere sacar agua cercano a un glaciar eso no se le va a permitir, si alguien quiere hacer lo mismo en un humedal tampoco, porque eso daña al ecosistema y nos afecta a todos”.

-Es positiva esta reforma a su juicio entonces…

“Lo único que puedo decir es que esta reforma es muy buena, viene a priorizar el consumo humano, a proteger el medio ambiente, garantiza los derechos a quienes los usan y también le pone una norma a quienes no los usan y establece una modalidad a los derechos que quedan por otorgar. Es muy simple de entender, desgraciadamente yo creo que la confusión que ha habido con los agricultores, con algunas empresas grandes, es que están confundiendo la reforma del agua con la reforma a la constitución”.

 

MAYOR FISCALIZACIÓN CONTRA LA ESPECULACIÓN

-La Dirección General de Aguas (DGA) va a tener mayores atribuciones ¿Cuál va a ser la diferencia con lo que hace hoy?

“No es que se le dé nuevas atribuciones, muchas de ellas ya están, pero se fortalece desde el punto de vista humano y de recursos. Ahora va a ejercer su rol de fiscalización, de responsabilidad de la distribución del agua. Eso es muy bueno, porque hoy tenemos una DGA bastante débil, donde no se explica que en cuencas y en periodos de sequía de importancia exista 1 fiscalizador para toda una provincia”.

-¿Va a poder sancionar?

“Eso es lo otro. Lo que se hace hoy, es que, como no tiene los instrumentos, no tiene las facultades, todo lo hace vía judicial y los jueces a veces determinan conforme a papel y no al territorio, al lugar, a la realidad, entonces hay muchas cosas técnicas que los jueces no tienen por qué saberlas. Esa es la importancia, hay mayores facultades desde ese punto de vista”.

-Se ha planteado que se va a terminar con la especulación. Según el análisis que hacen desde la DGA ¿En la región existe esta práctica? ¿Hay gente que está haciendo negocios con el agua?

“(…) La especulación a nosotros nos afecta mucho, porque como tenemos esos periodos extensos de sequía aquí el agua no pasa a ser un bien necesario, un bien social, pasa a ser un bien económico y se vende a valores tremendos. Cuando yo estuve en Copiapó una acción, que corresponde a un litro por segundo, estaba por sobre los 60 o 70 millones de pesos. Pero ahora,  como el agua ahora va a tener prioridad, no se va a especular, va a tener una prioridad para el agua potable, para la agricultura”.

-¿Cuánto puede llegar a costar en la región una acción de agua?

“En la región hay sectores, por ejemplo sobre el embalse La Paloma, donde la acción es cara, pero si estamos hablando de sectores acá, bajo el canal La Herradura, en canal Bellavista, esas acciones hoy fluctúan entre 7 o quizás 8 millones de pesos, pero en periodo de sequía se pueden disparar y, aparte de eso, en el fondo no se vende la acción, se vende la temporada de agua de esa acción, por metro cúbico. Nosotros hemos experimentado, por ejemplo, que el agua que se reparte en los camiones aljibe hay que comprarla y son millones y millones de pesos que la región tiene que gastar para dotar de agua potable a todo el sector rural, entonces eso ahora va a bajar bastante”.

-Claro, porque si bien la sequía es menor, hay sectores de la región de Coquimbo que todavía siguen con camiones aljibe…

“Si, hemos conversado por ejemplo con el alcalde de la comuna de La Higuera y ellos continúan en sequía, porque no han tenido una gota de agua, es donde menos pluviometría se ha registrado por lo que todas sus localidades están con una crisis de agua. También en algunos sectores de Limarí, de Choapa, que claro, tiene embalses llenos, más seguridad de agua, pero los sectores rurales altos como Quilitapia, El Huacho, Combarbalá, todavía tienen problemas bastante serios de agua”.3701i

RECUADRO

CRITICAS A LA INFRAESTRUCTURA

-El diputado Sergio Gahona ha señalado que el tema no es que no haya agua, sino que no hay infraestructura en la zona. ¿Qué le parece esa apreciación?

“A nivel de país somos la región que mejor posicionada estamos desde el punto de vista de infraestructura, tenemos una capacidad de regulación en embalses más o menos de 1.350 millones de metros cúbicos, dos embalses en Elqui, 3 en Limarí, 3 en Choapa, uno en construcción que es Valle Hermoso en Combarbalá y 3 en diseño. Nuestra infraestructura desde el punto de vista de la regulación es buenísima”.

“Ahora en lo que sí nosotros tenemos falencias y yo comparto no tan solo con el diputado Gahona, sino que con otros diputados con los que hemos tenido talleres es con respecto a la infraestructura de riego, donde tenemos mucho problema en la conducción. Ayer estaba con los representantes del embalse Cogotí y me decían que su canal matriz con el deterioro que sufrió con el terremoto está perdiendo como el 60% del agua. Ahí hay un tema que agricultura tiene que trabajar con los productores en ver cómo optimizamos la ley de fomento para el revestimiento de canales, tecnificación del riego”.

 

FRASES DESTACADAS

“El código de aguas que tenemos es antiguo y fue hecho en una época que había abundancia en la parte hídrica, lo que es muy distinto a la situación actual”

“Yo creo que la confusión que ha habido con los agricultores, con algunas empresas grandes, es que están confundiendo la reforma del agua con la reforma a la constitución”.

“La especulación a nosotros nos afecta mucho, porque como tenemos esos periodos extensos de sequía aquí el agua no pasa a ser un bien necesario, un bien social, pasa a ser un bien económico y se vende a valores tremendos”

 

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