Los alcances de los decretos de emergencia que rigen en la región

La región de Coquimbo vive la peor sequía en décadas. Eso ya no es novedad para nadie, pero si implica una fuerte afectación a diversos sectores sociales y económicos de la región. Desde la falta de agua que sufren hoy numerosos comités de Agua Potable Rural hasta las muertes que ha registrado el ganado caprino, pasando por la pérdida de cosechas, la sequía no deja de golpear a la zona. 

Ante tal realidad, enmarcado además en un contexto de cambio climático, las autoridades han debido acudir al llamado de auxilio de la región, mediante diversos instrumentos. 

La última herramienta que ha puesto en marcha el gobierno ha sido el decreto de Zona de Emergencia Agrícola para la región, anunciado este miércoles por el propio ministro del ramo, Antonio Walker.

Pero ya desde el 28 de junio, la región se encontraba bajo el decreto de Zona de Escasez Hídrica, la cual se renovó luego de seis meses en 14 comunas. A eso se suma la declaración de Zona de Catástrofe que está vigente desde el año pasado. 

Agricultura

¿Pero cuáles son los alcances de cada una de estas declaraciones de emergencia?

En sí, todas tienen por objetivo general, facilitar la llegada de recursos frescos y la implementación de herramientas para ir en auxilio de los habitantes de las comunas afectadas por la sequía. Cada una de éstas además, es emitida por distintos organismos del Estado.

Así, el decreto de Zona de Emergencia Agrícola es emitido por el Ministerio de Agricultura, y tal como indica el seremi del ramo, Rodrigo Ordenes, se trata de una “resolución exenta que se implementa cuando se enfrentan fenómenos climáticos o catástrofes naturales que provocan graves daños a los sistemas productivos y que requieren de apoyos externos extraordinarios para poder apoyar en esas situaciones de emergencia”.

“Esto implica”, agrega “que se realiza una redistribución presupuestaria que va básicamente enfocada a la entrega de bonos, programas o concursos especiales dirigidos a la emergencia agrícola”.

En ese sentido, el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, recordó que “hace dos semanas estuvimos en la región junto al Ministro de Agricultura, Antonio Walker, específicamente en la comuna de Río Hurtado (…) constatando en terreno las consecuencias que está dejando el déficit hídrico”, agregando que “fue así que dispusimos de recursos frescos, consistentes en 470 millones de pesos destinados al rubro pecuario, y que se enmarcan en el decreto de zona de emergencia agrícola por escasez hídrica para la región de Coquimbo”, monto que se suma a los más de 1.000 millones de pesos otorgados por Interior. 

Agua para la bebida

Respecto al decreto de Escasez Hídrica, éste es emitido por el Ministerio de Obras Públicas, cuyo objetivo es proveer determinadas herramientas a usuarios del agua y a la población en general para mitigar los daños derivados de la sequía. Su vigencia tiene una duración de 6 meses renovable. 

En el mundo rural, la aplicación de este decreto se traduce en la entrega de recursos de emergencia para las comunas, incluyendo la distribución de agua a través de camiones aljibe. Estos son contratados por las comunas, financiados por el gobierno regional, una vez que ha sido autorizado por el Ministerio del Interior (Subsecretaría del interior), si se cumplen algunos requisitos, como un informe que acredite la falta de recursos en un sector o sistema APR producto del déficit de precipitaciones, entre otros. 

También se otorgan una serie de atribuciones a la DGA para establecer criterios y delimitaciones para las autorizaciones de extracción de aguas. 

Finalmente, está el decreto de Zona de Catástrofe, el cual emite el Ministerio del Interior, que permite liberar recursos extraordinarios para ir en ayuda de los afectados por la sequía.