A través de las demandas colectivas, el Sernac ha logrado obtener más de US$ 300 millones en compensaciones a los consumidores en estos últimos 8 años, por lo que fortalecer esta herramienta desincentivará las malas prácticas masivas.
Desde la semana pasada opera en el país la ley que reforma al Servicio Nacional al Consumidor, Sernac, que le entrega nuevas facultades para proteger de mejor manera los derechos de los consumidores.
En efecto, el nuevo reglamento otorga al servicio la facultad de poder fiscalizar a las empresas, las que estarán obligadas a responder ante sus exigencias, pudiendo, por ejemplo, citar a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas de forma obligatoria y coercitiva.
Asimismo, se duplicará la dotación del Sernac para fiscalizar, perseguir infracciones y hacer cumplir la ley, para lo cual contará ahora con más recursos y con 10 nuevas oficinas provinciales de atención al consumidor, derivación de casos a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), fiscalización y la persecución judicial de multas.
EL ANÁLISIS DE LA AUTORIDAD REGIONAL
Hay que destacar que el seremi de Economía, Luis Arjona señaló que para su implementación el Sernac deberá confeccionar un plan anual de fiscalización que permita atender de manera más efectiva las denuncias y requerimientos de los consumidores.
Además, se aumentará la dotación del personal encargado de fiscalizar, lo cual significará hacer más efectivo y riguroso los procesos de fiscalización y cumplimiento de la ley.
Asimismo, el servicio podrá iniciar Procedimientos Voluntarios Colectivos, con nuevas exigencias a las propuestas de las empresas, con el objeto de acotar los plazos de respuestas, para lograr compensar a miles de consumidores en un plazo máximo de seis meses, sin necesidad de juicios.
Hay que recordar que desde 2012, a través de mediaciones colectivas, antecedente actual de los Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC), se han logrado más de $10 mil millones en compensaciones directas a los consumidores. “Es un procedimiento que la ley va a perfeccionar, acortando los plazos y generando los incentivos para que las empresas se acojan a este mecanismo compensando a todos los consumidores de una vez”, explicó el director del Sernac, Lucas Del Villar.
Sobre las repercusiones de esta nueva ley, Arjona señaló que “esta modernización es una buena noticia para todos los chilenos, debido a que es un gran avance con respecto a los derechos de los consumidores y además está en sintonía con una sociedad que exige mejores estándares de calidad de los bienes y servicios”, dijo.
MAYOR FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
Adicionalmente, con la nueva ley, el Sernac podrá perseguir las infracciones de las empresas ante 350 Juzgados de policía local del país, función que se intensificará con mayor dotación y recursos, persiguiendo multas que aumentaran hasta 6 veces respectos a las actuales, llegando hasta 108 millones de pesos por una sola infracción.
“Con esta nueva ley el Sernac estará facultado para interpretar administrativamente las leyes que protegen al consumidor y podrá proponer cambios normativos y legales directamente al Presidente de la Republica” sostuvo la autoridad.
También se refuerza la demanda colectiva, “que es la herramienta más eficaz para la defensa de los consumidores, pues representa a todos los afectados sin tener que hacer ninguna gestión”, subrayó Del Villar. De esta forma, el proceso se hará más eficiente y corto, pues el trámite de admisibilidad desaparece; el juez podrá invertir la carga de la prueba a las empresas que no entregan antecedentes claves en el juicio; las indemnizaciones a los consumidores podrán aumentarse en un 25% cuando existan agravantes y extenderse al daño moral.62-02
UN REPASO POR EL TRABAJO DEL SERNAC
A través de las demandas colectivas, el Sernac ha logrado obtener más de SU$ 300 millones en compensaciones a los consumidores en estos últimos 8 años, por lo que fortalecer esta herramienta desincentivará las malas prácticas masivas.
La autoridad aprovecha de desmitificar la idea de que la facultad sancionatoria que se excluyó de la ley, deje al Servicio con menos autoridad, pues “tal como estaba la normativa, el Sernac nunca podría haber aplicado directamente multas ni sanciones. Siempre tendría que recurrir a los tribunales mediante un proceso judicial para hacerlo, porque no tenía el imperio o atribución para hacerlas cumplir. Por lo tanto, hubiera sido un trámite lento, ineficiente y burocrático”.
Asimismo, la facultad sancionatoria además de apelable por parte de las empresas, no permitía indemnizar a los afectados por lo que alejaba al consumidor de la solución.
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