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Archivo El Día
Recordó además que el gobierno actual sí aprobó el proyecto Cruz Grande, que "está más cerca de las áreas protegidas que Dominga".

El director ejecutivo de la empresa Andes Iron, Ivan Garrido, informó durante un punto de prensa en Santiago que apelarán ante Tribunales Ambientales, y de ser necesario ante la Corte Suprema, para lograr la implementación del megaproyecto minero-portuario Dominga en la comuna de La Higuera. 

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Un anuncio que se conoce luego de la decisión tomada por el Comité de Ministros este lunes por tres votos en contra y dos a favor, de rechazar la reclamación interpuesta por la compañía el pasado mayo, y acoger parcialmente los informes de los servicios técnicos de la Región de Coquimbo, que votaron en marzo en contra del proyecto. 

En la oportunidad, Garrido manifestó que están "decepcionados de las autoridades de este país", mientras ven como se "profundiza la arbitrariedad".

“Queremos expresar nuestra más profunda decepción de la institucionalidad de este país. Estamos profundamente dolidos, nosotros confiábamos genuinamente en que esta administración atendiera los méritos del proceso de la evaluación ambiental del proyecto Dominga, que fue recomendado para aprobarse por el informe del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile", dijo.

“Nosotros encontramos que había una falta de motivación, una arbitrariedad y una ilegalidad en la comisión regional, sin embargo confiamos en que el Comité de Ministros como institución, como parte relevante de la institucionalidad iba a revertirlo, no obstante lo que vemos es de una gravedad máxima”, sentenció. 

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También criticó que la citación al Comité de ministros se haya hecho un viernes por la tardes, mientras que los informes para fallar fueron entregados el lunes a las 7:30. 

"Se ha causado un  daño a la democracia de nuestro país (...) nos están diciendo a los emprendedores que las reglas no son claras y lo que prima es la política pequeña. Es de sentido común pensar que los ministros no iban a tener el tiempo necesario para revisar esos informes, nuestra reclamación y votar en consecuencia". 

Recordó además que el gobierno actual sí aprobó el proyecto Cruz Grande, que "está más cerca de las áreas protegidas que Dominga".

Finalmente confirmó que la empresa recurrirá a tribunales ambientales, y de ser necesario a la Corte Suprema"

 

 

 

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