Hasta agotar todas las instancias de reclamación para lograr la aprobación del megaproyecto minero Dominga, llegará la empresa Andes Iron. Así lo aseguró su presidente Iván Garrido durante el año pasado, tras haber recibido el rechazo de la iniciativa en el Comité de Evaluación Ambiental en marzo pasado, y en el Comité de Ministros en agosto de 2017.
Frente a la decisión de las autoridades, Garrido fue enfático en señalar que lo sucedido daña a la democracia del país, y que insistirían en los Tribunales Ambientales.
Pues bien, ayer jueves se realizó la primera audiencia en el tribunal competente correspondiente a Antofagasta, un trámite que consistió en la llamada “percepción de los documentos”. Este es un acto administrativo en el que el Tribunal revisa que los documentos entregados, instancia que da el puntapié inicial al primer trámite de lo que puede ser un largo proceso judicial que determine el futuro de la costa de la región de Coquimbo.
EMPRESA NO DESCARTA LLEGAR A LA CORTE SUPREMA EN CASO DE TROPIEZO EN TRIBUNALES
En su momento, Iván Garrido confirmó que van “a seguir defendiendo el estado de derecho, la igualdad ante la ley y la genuina búsqueda de una solución para el desarrollo sostenible en nuestro país”. Respecto de sobre si llegarían a la Corte Suprema en caso de ser rechazados también en Tribunales, el ejecutivo señaló en agosto pasado que “utilizarán todas las herramientas que les entrega la institucionalidad”. En esas instancias, insistirían en la arbitrariedad, —y por tanto, ilegalidad según Garrido—, de ciertos funcionarios públicos.
LA FUNCIÓN DEL TRIBUNAL EN EL CASO DOMINGA
Cabe destacar que si bien el pasado 3 de julio, Daniel Guevara, Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández juraron ante la Corte Suprema para guiar los destinos de la entidad que revisará el caso Dominga, recién el pasado 4 de septiembre el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta inició su función jurisdiccional, quedando en condiciones de recibir causas y sesionar como tribunal propiamente tal.
Los tres ministros titulares que conforman esta nueva instancia destacaron en una entrevista con diario El Día, el interés de convertirse en un tribunal de carácter más “ciudadano”.
Respecto de las labores que les corresponderá desempeñar, Mauricio Oviedo indicó que en líneas generales les corresponderá actuar en tres grandes líneas.
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La primera, dice, en cuanto a la acción o juicios por daño ambiental. “El contencioso administrativo le tocará conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de actos administrativos dictados por la superintendencia de medio ambiente, las sanciones”, precisa.
En una segunda línea, deberán visar los procesos del Servicio de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros. “Le cabe la competencia de revisar lo decidido a través de las Resoluciones de Calificación Ambiental”.
Por último, indica, tendrán también la misión de velar por el régimen autorizatorio a que está sujeto la Superintendencia de Medio Ambiente “que la ley estimó de mayor intensidad y que debieran ser analizadas por los Tribunales Ambientales, tales como clausuras, cierres de faenas y revocaciones de RCA”, puntualiza.
EMPRESA PRESENTÓ RECLAMACIÓN DENTRO DEL PLAZO
Hay que recordar que el 1de diciembre recién pasado fue declarada admisible la reclamación presentada por la empresa controladora del proyecto minero portuario Dominga, Andes Iron SpA, en contra de la resolución del 13 de octubre de 2017, del director ejecutivo (s) del Servicio de Evaluación Ambiental y secretario del Comité de Ministros, que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Según el Primer Tribunal Ambiental, la reclamación fue interpuesta en el tiempo y forma que dispone la ley por lo que se admitió a tramitación: “Informe el reclamado sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días, adjuntando copia física autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la reclamación, en forma que lo dispone el artículo 29 de la Ley de Tribunales Ambientales”, indicó en su resolución.
Durante 2017, este proyecto provocó una fractura en el Gobierno, ante la diferencia de las posturas, que días después terminó con la salida del gabinete de los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes.
La iniciativa comprende la construcción de una mina y un puerto para la extracción de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, con unos diez mil puestos de trabajo y una inversión cercana a los US$ 2.500 millones, según han asegurado desde la empresa. Sin embargo, el megaproyecto estaría situado en las cercanías y afectaría a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
CRONOLOGÍA DEL PROYECTO MINERO DOMINGA
- Enero de 2011:
Andes Iron inicia un proceso participativo en la comuna de La Higuera para mostrar el proyecto
- Septiembre de 2013:
Andes Iron ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minero Portuario Dominga.
- Febrero de 2014:
La Comisión Regional del Uso del Borde Costero (CRUBC) aprobó ampliar su concesión marítima, con lo cual se dio la autorización para la construcción del puerto.
- Entre 2014 y 2016:
El proyecto pasa por un exhaustivo proceso de estudios ambientales, período en el que se ingresan distintos Informes Consolidados al SEA, Pronunciamientos por parte de autoridades competentes y Adendas con consideraciones sobre el proceso.
- Febrero de 2017:
El Servicio de Evaluación Ambiental, (SEA), de la región de Coquimbo recomendó aprobar el estudio de impacto ambiental.
- Marzo de 2017:
Comité de Evaluación integrado por 12 autoridades regionales rechaza la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Dominga.
- Mayo de 2017:
Empresa Andes Iron apela decisión del Consejo de Evaluación regional ante Consejo de Ministros.
- Agosto de 2017:
Comité de Ministros rechazó el proyecto Dominga.
- Diciembre 2017:
Tribunal Ambiental admite reclamación que busca revertir el rechazo a proyecto Dominga.
- Enero 2018:
Se realiza la primera audiencia en el tribunal en torno al megaproyecto minero.
Dominga es un proyecto que se construiría en la comuna de La Higuera, y contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto.
LA CIFRA
US$2.500 millones es la inversión que contempla el proyecto minero portuario, que tendría una vida útil es de 26,5 años.