• Pobladores de Caimanes interpusieron querella en contra de sus abogados por prevaricación. Foto: Lautaro Carmona
Parte de los pobladores de la localidad, liderados por Cristián Flores, interpusieron una querella en contra de sus exabogados por el delito de prevaricación y ahora acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y La Haya. Desde Antofagasta Minerals, en tanto, se desligaron de la demanda.

Parte del Comité de Defensa de Caimanes, la localidad afectada por el tranque de relave “El Mauro”, liderado por Cristián Flores, aseguró a Diario El Día que en marzo podrían levantar acciones internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. Y si fuera necesario, también lo harán ante La Haya. Esto, después de que este lunes el grupo de pobladores de Caimanes interpusieran una querella criminal contra sus abogados, por el delito de prevaricación.

Con esto, indicó Flores, buscan que "se haga justicia frente a la violación de derechos humanos que se cometió con la grave contaminación que generó la minera, propiedad del Grupo Luksic”.

“No somos partes del acuerdo con Minera Los Pelambres en la comunidad de Caimanes. Este debe quedar nulo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en términos legales para lograr el objetivo. Los abogados contra los cuales interpusimos la demanda deben responder ante los Tribunales de Justicia. Hasta ahora, el proceso de demanda va bien encaminado”, sostuvo Flores, quien agregó que en 10 días debieran tener una respuesta por parte de las autoridades.

En tanto, desde Antofagasta Minerals, se desligaron de la demanda. "Minera Los Pelambres no es parte de esta acción judicial”, consignó a Diario El Día Andrés Morán, gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals.

Por otro lado, Marcela Araya, parte de la comisión de pobladores de Caimanes que aceptó el acuerdo con Pelambres, opina que no le ve futuro a la demanda. "Como comunidad creemos que la cruzada de este grupo no llegará a buen puerto. Nosotros entendemos que la propuesta de la minera fue para todos, y ellos no la aceptaron. Creo que están alimentando a la gente que los sigue, con una falsa ilusión. Sin embargo, son libres de pelear por lo que ellos creen correcto, y si les resulta, bien por ellos", opinó Araya.

Clarificar los papeles

El abogado del comité de defensa de Caimanes, Esteban Vilches, comentó durante la presentación de la querella que la acción legal pretende clarificar el rol que jugaron los representantes de la compañía minera en esta acusación por delito de prevaricación.

Con todo, Flores adelantó que es probable que organizaciones en contra de proyectos como Alto Maipo e Isla Riesco se sumen a las demandas en los tribunales internacionales. “En marzo, más de cinco organizaciones nos reuniremos para llegar a acuerdos relacionados con la defensa del patrimonio que se ha pasado a llevar”, aseguró.

La acción judicial seguirá su curso hasta que fiscalía decida acoger o desestimar la querella según los antecedentes entregados, los que según el actual abogado del Comité, “son suficientes para que se tome en cuenta e inicie otro proceso legal en contra de los acusados”.

Luego de una década de diferencias, la minera llegó a un acuerdo en mayo pasado con un 81% de la comunidad de Caimanes para poner fin al conflicto que sostenían a raíz de la presencia del tranque de relaves El Mauro, según informaron desde la propia empresa.

El Mauro es una infraestructura vital para las operaciones de la minera Los Pelambres en la provincia del Choapa y tiene una capacidad de 2.000 toneladas de relave minero. 

La querella

La querella presentada este lunes 13 ante los Tribunales de Justicia fue interpuesta en contra de tres de sus ex representantes jurídicos: Ramón Ossa Infante, Sandra Dagnino Urrutia y Roberto Arroyo Correa. Según la denuncia, los profesionales recibieron beneficios económicos durante la investigación contra el tranque de relaves El Mauro de Minera Los Pelambres.

Aquí, se culpa a los juristas de recibir millonarios pagos por parte de ejecutivos de Minera Los Pelambres, lo que permitió la revocación del dictamen que obligaba a la compañía a demoler el tranque de relaves El Mauro, construcción que según los representantes, trajo como consecuencia la contaminación de las aguas del valle del Pupío.

 

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