Parlamentarios insisten en que reforma al Código de Aguas no implicará expropiación de derechos

Los agricultores volvieron a alzar la voz, tal como lo hicieron en el mes de mayo, por la discusión de la reforma al Código de Aguas que se está llevando a cabo en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. 

A través de una declaración pública, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y unos 50 representantes del sector (entre los que se incluyen las principales asociaciones de la región) manifestaron su preocupación respecto de esta iniciativa que, a juicio de los firmantes, permite la expropiación por parte del Estado de todos los derechos de agua existentes en el país.

En el escrito explican que en días pasados se aprobó un texto refundido de nueve mociones legislativas presentadas, en diversas fechas, por senadores de todos los sectores políticos “utilizando sus textos de manera acomodaticia, con el objeto de reformar la Constitución Política y permitir así la expropiación para el Estado de todos los derechos de agua existentes en el país”.

Según enfatiza el documento, “agrava esta decisión la inexplicable renuncia al rol calificador de la utilidad pública que la Constitución encomienda al Parlamento en defensa de los potenciales abusos de autoridad que pudieren, en materia de expropiaciones, suscitarse en perjuicio de la ciudadanía. Así, se buscaría evitar toda interferencia del Parlamento en la extinción de la propiedad sobre los derechos adquiridos de miles de ciudadanos”

Según los denunciantes, esto traerá graves consecuencias para otros usuarios, “que verán extinguidos sus derechos. Denunciamos este intento de hacer una suerte de expropiación sin indemnización, ahora mediante la confiscación de los derechos de agua, lo que afectaría con mayor fuerza a los pequeños y medianos campesinos y agricultores que son la inmensa mayoría; y alertamos a todos los que trabajan la tierra para que no se dejen engañar por la falsa promesa de que el Estado sería mejor administrador que nosotros mismos”, enfatizan.

Una de las entidades firmantes en este documento fue la Asociación de Canalistas de Illapel, cuyo presidente, Ignacio Millet, señala que no es normal que un proyecto de ley nazca en el Senado “porque lo normal es que sea una iniciativa de carácter Ejecutivo”, porque los criterios no son tan técnicos, sino más bien de tipo político.

“Están tratando de proponer una cantidad de normas que le dan un grado de fragilidad muy grande al derecho de la propiedad, tanto así que después podría ser que a través de una interpretación funcionaria, se podría eliminar y eso es lo que nos causa cuidado y queremos hacer un llamado de atención”, recalca.

Para Mariela Arqueros, presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, son bastantes las razones que los llevan a rechazar estos cambios en la normativa. Una de ellas es que no han sido recibidas las inquietudes de los gremios en esta materia. El tema, dice, es que se les ha dicho que estamos equivocados, “pero lo que finalmente sale como proyecto aprobado por esa comisión es un documento que en su redacción contiene preocupantes formas de plantear las cosas”. 

Lo que hoy está, advierte, tiene muy poca claridad en su redacción respecto a los fondos, a las justificaciones y al cómo se implementaría una reforma de este tipo. “A partir de estos espacios grises las conclusiones que todos sacan en los gremios e incluso los abogados con los que nos hemos ido asesorando son preocupantes y no vemos reacción desde quienes están trabajando la materia”.

Por su parte, Bruno Sandonai, presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Bellavista, recalca que les preocupa que no se les haya considerado en esta discusión, pues serán los más afectados. “Los derechos de agua a nosotros nadie nos los regaló y la gente invirtió en el pasado en canales, acueductos”.
Lo que genera esto es incertidumbre, dice, pues cuando los agricultores van al banco lo primero que preguntan es si la tierra cuenta con agua “y si no contamos con derechos nadie nos dará nada, no corresponde que se desarme un sistema que tiene más de 50 años, no quiero ni imaginar la desorganización que puede haber el día de mañana”.

Pero en esta oportunidad los agricultores no fueron los únicos en reaccionar. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también hizo lo propio al dar a conocer una declaración pública en la que, entre otras cosas, sostienen que el proyecto de reforma constitucional recién aprobado por la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado pretende desconocer el derecho de propiedad sobre los derechos de aguas existentes, declarándolos “de utilidad pública” y reemplazándolos por una concesión de carácter temporal. “Ello tiene una clara intencionalidad expropiatoria sobre estos derechos, pues no permite que el Congreso -en el ejercicio de su rol calificador de bienes de utilidad pública- evite potenciales abusos de autoridad que pudieran suscitarse en caso de expropiaciones”, puntualiza.

Aseguran que la protección constitucional del derecho de aprovechamiento sobre las aguas “es la única forma de dar certeza, estabilidad y racionalidad a su uso”. 

NO SE TRATA DE EXPROPIAR 

Cabe destacar que la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía  del Senado en la que se discute esta reforma al Código de Aguas, está integrada por los senadores Isabel Allende, Víctor Pérez, Francisco Chahuán, Jorge Pizarro y Adriana Muñoz.

Esta última, quien preside la instancia y expuso ayer el resultado del trabajo de esta Comisión de Aguas del Senado, tras estas declaraciones manifestó que en estas entidades gremiales existe un gran desconocimiento en relación a lo que se propone. “No quieren comprender o están en una actitud de desinformar públicamente y no han escuchado que tanto el Código de Aguas como esta propuesta de Reforma Constitucional no proponen en ningún momento eliminar los derechos de agua que se han entregado en forma de propiedad privada”, recalca. 

Hoy lo que rige en la Constitución, dice, es que el Estado entrega a los particulares los derechos de agua en la forma de propiedad privada “y eso se mantiene así, tal cual, es a perpetuidad. Lo que sí cambia es que de aquí en adelante los nuevos derechos que solicitarán los privados se entregarán en forma de concesiones y temporalmente”.

Para la senadora, estos argumentos forman “parte de la campaña de entorpecimiento del debate y sobre situaciones que no son reales. Este informe lo único que ha hecho es recoger  diez mociones de distintos senadores que han presentado iniciativas en materia de reforma constitucional de las aguas. Nosotros como comisión las estudiamos, las registramos, vimos cuál era el común denominador de todas aquellas y armamos con eso un proyecto de reforma constitucional”.

En cuanto a la incertidumbre que esto generaría en el empresariado, la parlamentaria indica que “no hay ninguna incertidumbre posible, si nadie va a tocar los derechos que está entregados hoy día, cualquier cambio genera incertidumbre, eso es verdad, pero acá hemos resguardado que no se toque nada de lo que ya está entregado, que es el 90% de las aguas superficiales”, puntualiza.

Por su parte, el senador Jorge Pizarro también volvió a reiterar que no es efectivo que esta medida pretenda expropiar los derechos de agua. “Lo único que se aprobó es elevar a nivel de rango constitucional que el agua es un bien nacional de uso público y que a futuro tiene que establecer una prioridad clara en el uso de las aguas”.

Respecto a que se perjudica el derecho de propiedad, insiste es que eso no se aprobó en la comisión ni viene dentro del informe. “Por lo tanto, quienes tienen derechos de agua hoy no tienen ningún problema, los van a seguir manteniendo y podrán seguir desarrollando todas las actividades que estimen convenientes”.

Respecto a que generaría incertidumbre en el empresariado, el parlamentario sostiene que la idea justamente es no crearla y “tranquilizar a todo el mundo respecto a lo que es el buen uso, equitativo, justo y solidario de un recurso escaso como es el agua, de manera que debemos ser capaces de administrar bien ese recurso, que es de todos los chilenos. No deben temer ese tipo de perjuicio y creo que están muy equivocados”, precisa.