“Estamos repartiendo agua potable de manera normal pese a no recibir pagos hace 9 meses. Hemos decidido entregar el servicio hasta el día viernes y estamos evaluando la opción de paralizarnos”. Con esas palabras, Pedro Herrera, empresario y dueño de camiones aljibes, se refirió a la situación que están viviendo actualmente en la comuna de Monte Patria, ya que hasta la fecha, se les adeudan entre 6 a 9 meses de pago por el trabajo que realizan en diversos sectores rurales de la región.
Se trata de trabajadores que prestan servicios a la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi) y que reparten el suministro de agua potable a través de camiones aljibes. El problema que existe, es que a la fecha, se les adeudarían entre 6 a 9 meses de servicio, lo que ha generado complicaciones, siendo casi 90 camiones a nivel regional.
“Hay quienes son proveedores de agua potable y otros que tienen camiones aljibes y que se encargan de trasportar el agua a distintos destinos. A nosotros el Gobierno nos cancela por el servicio, pero a la fecha existe un retraso en el pago, en algunas comunas de adeudan entre 6 a 9 meses del servicio, lo que claramente nos perjudica”, señaló Pedro Herrera, uno de los afectados.
Una de las comunas más afectadas es Monte Patria, ya que el servicio que prestan los abastecedores de agua no es cancelado hace 9 meses, lo que incluso estaría motivando una movilización.
“Estamos bastante complicados en Monte Patria, ya que a la fecha son 9 meses los que se adeudan por el servicio. Pese a ello hemos continuado repartiendo agua potable en las zonas rurales, porque sabemos la necesidad de las personas, pero necesitamos una respuesta concreta. Por ello hemos decidido parar con la entrega de agua, realizamos nuestro servicio hasta el viernes de manera normal, pero ya el lunes estamos analizando una paralización en la comuna, ya que necesitamos que se nos pague por el trabajo que realizamos”, agregó Herrera.
El diputado Sergio Gahona (UDI), solidarizó con los afectados y anunció una fiscalización para determinar responsabilidades.
"Solidarizo con estos camioneros que durante más de 6 meses no se les ha pagado por su trabajo, esta es una situación insostenible y exigimos que se responda cuanto antes con los compromisos adquiridos por el Gobierno, no es posible que no se le pague a quienes realizan una labor muy importante como es llevar el vital elemento a las zonas más alejadas de nuestra región. Desde la Cámara de Diputados iniciaremos una fiscalización que busque las responsabilidades y que se ponga fin a la angustia que viven hoy estos trabajadores”, señaló.
Regularizar la entrega
El organismo encargado de administrar el servicio que realizan estos servicios de abastecimiento de agua potable es la Subsecretaría del Interior a través de la Onemi, en este sentido, Rubén Contador, director regional de la Oficina Nacional de Emergencia, destacó que desde agosto de 2016, esta repartición mediante el oficio 18.087 estableció una serie de requisitos para efectuar las solicitudes trimestrales de arriendo de camiones aljibes, "con el fin de realizar una estandarización a nivel nacional, para la entrega de agua potable a quienes realmente carecen de ella producto del déficit hídrico y no se entregue este recurso de manera desmedida a cualquiera, ya que se encontraron muchas irregularidades”, señaló Contador.
Los requisitos establecidos en este oficio consisten en la aplicación de la ficha Fibe a cada familia afectada por déficit hídrico; georreferenciación del territorio; planilla única de beneficiarios que consolida la totalidad de familias afectadas en la respectiva comuna; la cantidad de agua a entregar a cada una de ellas (50 litros por persona al día) y derivado a esto, la cantidad de camiones necesarios a arrendar para satisfacer esta necesidad vital.
"Lo que se busca con estos nuevos requisitos, es regularizar la entrega de agua potable y que esta llegue sólo a la población que realmente las necesite. Por ello, cuando la solicitud comunal y los antecedentes son visados por Onemi Regional, se envían luego a Onemi Nacional, en donde se revisa y, una vez aprobada, es derivada a la Subsecretaría del Interior para que, luego de un proceso de análisis, se transfieran los recursos para el pago del periodo que se realiza de manera trimestral", agregó Contador.
El conducto regular, que generalmente requiere sus tiempos y que depende de la Onemi, es conocido por cada municipio, por lo cual se ha informado a cada uno de ellos realicen estas solicitudes con la antelación suficiente para evitar atrasos y a la vez se entreguen todos los antecedentes solicitados.
“Durante los meses de diciembre de 2016 y marzo de 2017, la Intendencia Regional junto a la Onemi, se reunió con los alcaldes de la región para ver el estado de avance en la aplicación del oficio antes mencionado y coordinar con ellos una nueva fecha límite para cumplir con los requisitos, dado que inicialmente la aplicación de estos debía comenzar el primero de enero de 2017”, dijo el director de la Onemi Regional.
Problema administrativo
En el mes de marzo, la Intendencia Regional, tras acuerdo con los municipios, se gestionó con la Subsecretaría del Interior el aplazamiento de la aplicación de estos nuevos requisitos incluídos en el oficio 18.087 y, mediante la Mesa Técnica de Déficit Hídrico, se acordó que a partir del 1 de julio del presente año, se exigiría que todas las solicitudes que se ingresaran por las administraciones comunales, mediante informe Alfa a la Dirección Regional de Onemi, debían cumplir cabalmente con lo requerido por la Subsecretaría independiente del periodo solicitado.
“El tema del pago no depende directamente de la Onemi, ya que se realiza a través del DAS de Intendencia Regional, pero claramente la entrega de información incompleta por parte de los municipios genera observaciones que retrasan que se cancelen los servicios. Durante este tiempo, las solicitudes realizadas por las diversas comunas han sido revisadas y validadas por la Dirección Regional de Onemi, en donde las observaciones encontradas se comunican a cada municipio con el fin de subsanarlas, en el menor tiempo posible”, puntualizó Contador.
Actualmente existiría un retraso en los pagos de este servicio principalmente en las comunas de la provincia del Limarí, donde en la mayoría de los casos se debe a las observaciones a la documentación entregada por cada municipio, siendo un problema netamente administrativo.
“Las deudas se presentan principalmente en las comunas de Monte Patria, Canela, Río Hurtado y Combarbalá, en la mayoría de ellas se ha demorado la aprobación de las cotizaciones debido a la falta de documentación solicitada, lo que determina observaciones que deben ser solucionadas por cada municipio y que lamentablemente hacen más lento el proceso de pago de este servicio, por lo tanto es un problema administrativo, en las que también tienen responsabilidades los municipios”, finalizó Contador.
Responsabilidad de todos los actores
Camilo Ossandón, alcalde de la comuna de Monte Patria, lugar donde el retraso de los pagos se ha extendido por 9 meses, reconoció que “efectivamente hubo problemas del municipio con la documentación, que era inconsistente con lo que exigía la Onemi”, sin embargo agregó que “eso fue devuelto y luego se rectificó”.
Según la visión del alcalde, la problemática se extendió porque “cada vez que volvíamos a solucionar los problemas nos exigían más cosas, que tenían que ver con procedimientos que se estaban estableciendo y a nuestro entender no podían ser solicitados si lo que entregábamos correspondía a un proceso anterior”, situación que generó problemas entre ambos entes, que luego fueron solucionados con la intervención del Gobierno Regional.
Pero Ossandón además sostuvo que la responsabilidad recae también en las irregularidades que presentaban los mismos proveedores que ahora se ven afectados por el retraso en los pagos, lo que hizo establecer procedimientos más complejos para que la autoridad verificara el buen uso del recurso, además de las pocas capacidades que tiene la Onemi regional para atender a las 15 comunas involucradas.
El alcalde sostuvo que el municipio ha dado respuesta a los requerimientos y que estos “se han hecho en los periodos establecidos y se han entregado una y otra vez, pero la dificultad operativa es que la Onemi tiene muy poco personal para eso, específicamente una persona y revisan a las 15 comunas que tienen este servicio, por lo tanto cada vez que volvemos a ingresar las rectificaciones uno vuelve a quedar al final de la fila”, dijo el edil.
“Estamos concentrados en las soluciones desde el primer día y esperamos que tanto la Onemi como el Ministerio del Interior, a través de la Intendencia puedan resolver lo antes posible al menos el primer pago de estos tres meses, que ya fueron revisados y aprobados. Además que Onemi pueda revisar los documentos de los meses siguientes, que ingresamos hace casi un mes y esperamos que sean revisados para que se pueda tramitar el resto del pago”, agregó el alcalde.
Sobre la posible paralización por parte de los proveedores del servicio, el edil indicó que espera “que no se lleve adelante, porque va a afectar directamente a los ciudadanos de Monte Patria, sin perjuicio de que nosotros tenemos que ver cómo resolverlo”.
En este sentido agregó que “me he reunido con ellos y les he explicado, porque además parte de la responsabilidad tiene que ver con sus mismas faltas y yo se los hice ver en su minuto, porque aquí todos tienen que asumir las responsabilidades que han existido en este procedimiento. Ha habido un poco de responsabilidad de todos los actores en esto, estamos concentrados en la solución y que efectivamente los dineros se usen para el bien de los ciudadanos y para el bien de la salud fiscal del Estado”, finalizó.
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