• Carlos Estévez, director general de aguas, salió al paso de los dichos de la comunidad de regantes de la región de Coquimbo en torno a la reforma del Código de Aguas.
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Janina Guerrero
La autoridad de la institución que gestiona el recurso hídrico en Chile aseguró a diario El Día que las modificaciones en curso permitirán a la Dirección General de Aguas investigar, monitorear y fiscalizar la calidad de las aguas; contar con mejores herramientas frente a sequías severas y mejorar el control de las extracciones, entre otros.

En el Senado se encuentra actualmente el debate en torno de la Reforma al Código de Aguas, proyecto que cuenta con suma urgencia y que plantea cambiar, por primera vez en varias décadas, las bases de la gestión del recurso hídrico en Chile.

Si bien de un tiempo a esta parte los regantes de la región de Coquimbo se han empeñado en dar a conocer su descontento con una reforma que según ellos, no los beneficia, esta semana el Director General de Aguas, Carlos Estévez, salió al paso de una serie de dichos y afirmaciones que, según la autoridad, carecen de fundamento y denotan “que los regantes no han leído en profundidad el escrito legal”, afirmó en entrevista con diario El Día.

Los regantes de la región han cuestionado de sobre manera la reforma al Código de Aguas, en parte porque aseguran que se les quita un derecho de propiedad que ostentan desde la Colonia, o que hay algunos puntos que dejan vacíos legales que pueden generar problemas de interpretación de la ley para más adelante, ¿cómo responden a estos emplazamientos?

“Toda reforma legislativa puede conllevar incertidumbre. Sin embargo, eso no da derecho a decir frases al voleo, sin fundamento que invitan al engaño. Por ejemplo, las juntas de vigilancia han dicho que si bien el proyecto facilita los procesos de regularización de usos antiguos para poder transformarlos en derechos indefinidos o perpetuos, cuestionan que sólo se den 18 meses para hacerlo y los recursos sean insuficientes, ya que, señalan, habría 400.000 casos de esta naturaleza sin resolver”.

“Es evidente que después de 35 años la norma vigente no ha cumplido con su propósito y no nos gusta que otra persona pueda regularizar e inscribir a su nombre derechos de un tercero que se encuentren debidamente inscritos. No creo que haya mayor incertidumbre para el derecho de dominio sobre un derecho de aprovechamiento que eso. Luego, la modificación precisa que lo que se regulariza es un uso, pudiendo consultarse previamente a la organización de usuarios, para ser reconocido como un derecho. En ninguna parte se dice que tendrán un plazo de 18 meses para poder regularizar. De hecho, el artículo 1° transitorio, en su inciso 3°, expresa que “sólo podrán iniciarse dentro del plazo de cinco años”. Es decir, no son 18 meses para regularizar, sino cinco años para ingresar los antecedentes e iniciar el procedimiento. Además, la cifra de 400.000 casos para ser regularizados es un invento, no existe ningún estudio que así lo concluya, sin embargo, los 2.750 millones extras que se disponen para facilitar 50.000 expedientes, se debieran utilizar en un modo importante en procesos colectivos de regularización que inicien las juntas de vigilancia, canalistas y demás organizaciones de usuarios. Si en promedio los expedientes incluyeran a 10 titulares, los números sobrepasarían esas cifras que cuestiono”.

Los agricultores dicen que en definitiva, la agricultura se podría ver afectada con esta reforma, ¿cuál es la valoración del gobierno frente a esta postura?

“Sorprendentemente las grandes organizaciones de regantes de Coquimbo afirman, en un inserto titulado “Reforma al Código de Aguas: ¿quién miente?” varias imprecisiones o directamente falsedades, además de algunas ya mencionadas. Señalan, por ejemplo, que se elimina la disposición como atributo del dominio y agregan que sus derechos se precarizan al ser convertidos en concesiones temporales, pudiendo ser extinguidos por un funcionario de turno. Es decir, no han leído el texto del articulado que acaba de ingresar a la comisión de agricultura del Senado.

No sólo no se elimina el atributo de disposición, sino que se establece en el articulado permanente del Código de Aguas, que “el titular de un derecho de aprovechamiento inscrito podrá disponer de él con los requisitos y en las formas prescritas en este Código y demás disposiciones legales”. No puede estar más claro. Además, toda vez que prácticamente no hay disponibilidad en la región para nuevos derechos de aguas, no habrán derechos nuevos de carácter temporal y, por cierto, los derecho antiguos mantendrán su característica de indefinidos en el tiempo, es decir, sin límite temporal, tal como lo dice expresamente el artículo primero transitorio del proyecto de ley, el que, además, no dice lo que señalan en su inserto. Baste leer el texto aprobado por la comisión de recursos hídricos del Senado”.

Otra de las incertidumbres es la razón detrás de quitar capacidad de gestión a las Juntas de Vigilancia, en vez de empoderarlas…

“Nunca hemos dicho que los regantes no aprovechan responsablemente las aguas. Hemos sostenido exactamente lo contrario. No son los regantes quienes poseen grandes cantidades de derechos que nunca han utilizado. Hemos señalado que los derechos ociosos o de usos especulativos tendrán un plazo para construir sus obras de aprovechamiento o los perderán. Sin embargo, aparecen juntas de vigilancia defendiéndolos. Nunca he logrado entender esto último. Es evidente que los agricultores cuentan con sus obras para sacarle provecho a las aguas sobre las cuales tienen derecho. Sabemos que los agricultores utilizan el agua y construyen sus obras, aquéllos que deben preocuparse son los que tienen derechos de agua sin usar y que esperan el momento de mayor estrés hídrico para poner los derechos de agua a la venta”.

LA VALORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN POS DE LA REFORMA

Entonces, ¿cuál es el argumento de la actual administración que impulsa la reforma al Código de Aguas?

“La gestión es una derivada de la gobernanza y ésta dice relación con la información, la investigación, el marco regulatorio, la organización y otros componentes, es decir, un articulado no resuelve por sí solo ese desafío, pero ayudaría el que no se convierta en un obstáculo.

Los dos proyectos de ley que reforman el Código de Aguas, buscan plasmar que el recurso hídrico es un bien nacional de uso público de carácter multifuncional, cuyo marco regulatorio debe ajustarse para responder a la nueva realidad del recurso hídrico ante un escenario de cambio climático, demográfico, económico, cultural, político e hidrológico.

Las modificaciones en curso permitirán a la DGA investigar, monitorear y fiscalizar la calidad de las aguas; contar con mejores herramientas frente a sequías severas, mejorar el control de las extracciones, fortalecer la atribución fiscalizadora y la capacidad de sancionar con multas realmente disuasivas el incumplimiento de la instrucción de modificar la operación de embalses en mal estado o incluso demolerlo, como el ejemplo del tranque La Paciencia en esta región; también la posibilidad de proteger la sustentabilidad de los acuíferos. En fin, todas estas normas contribuyen a una mejor gobernanza de las aguas”.     

¿Cuáles son las ventajas que traería aprobar esta reforma tal como está ahora?

“Quizás convenga preguntarse ventajas para qué o quién. La reforma en curso recoge la consagración en julio de 2010 por Naciones Unidas del derecho humano de acceso al agua potable al saneamiento. En Chile más de un millón y medio de personas tienen mal resuelto el derecho de saneamiento aún y casi medio millón respecto al acceso a agua potable. Los que dicen que las cosas hay que dejarlas tal cómo están son los que tienen bastante resuelto su problema. Luego, las normas de protección de cauces y acuíferos, buscan darle sostenibilidad al aprovechamiento de las aguas y que unos pocos no maten hoy las posibilidades de las generaciones venideras. Así, por ejemplo, en términos de áreas de importancia patrimonial y ambiental para la región de Coquimbo, se incorpora la protección de los acuíferos que alimenten vegas, pajonales y bofedales andinos”.

“He escuchado críticas recientes y por escrito de algunos regantes de la zona, que enseñan la triste realidad de que no leen en profundidad el articulado en debate. Si alguien señala que la discusión es ideológica, entonces debe hacerla más fenomenológica, es decir, basarla en hechos y, en un proyecto legislativo, el principal hecho es el texto del articulado”.62-03

 

El impacto  de la contaminación política 
En una entrevista con Radio Mistral (95.1), Carlos Estévez profundizó, además, en el lobby político que involucra este tipo de reformas.
¿Qué le parece las apreciaciones que se dan a conocer en un inserto publicado por los regantes hace unos días atrás en torno a sus demandas en torno a la reforma?
“A mí me huele más bien a chimuchina y no a la realidad del texto que está escrito y que están analizando los senadores”.
Esos regantes son asesorados por el abogado Rodrigo Weisner, quien también fue ex Director de Aguas entre el 2006 y 2010, ¿cómo toma su respaldo a los agricultores?
“Yo creo que Rodrigo Weisner en algunos elementos se equivoca. Desconozco si el participó de la redacción de este inserto, que está lleno de equivocaciones”.
¿Usted cree que este rechazo, con insertos en los diarios inclusive, tiene que ver con subirse a esta ola de críticas al gobierno reformista de la Presidenta Bachelet?
“Creo que en incertidumbre, la gente tiene derecho a preocuparse. Pero aquí hay un tema más de fondo, sí, yo creo que efectivamente esto comenzó a contaminarse por el hecho de que vienen elecciones, entonces más bien se repiten slogans y dicen cosas insólitas. Hay un candidato de la región que dice que es increíble que los nuevos derechos van a ser un mero usufructo, cuando la realidad es que el código actual de aguas cuando define el derecho de aprovechamiento lo define como el derecho a usar y gozar las aguas, eso es”.
¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto de los plazos de cuándo se podría aprobar esta reforma?
“Hay dos elecciones presidenciales de por medio y además tenemos toda la discusión de la Ley de Presupuesto. Eso indica que si tenemos suerte podría ser ley en el mes de enero, pero también puede que no sea así, porque muchos de los parlamentarios van a estar dedicados a su reelección y es muy probable que pueda pasar para una próxima gestión, no lo sé”.
Y ante un posible nuevo gobierno de Sebastián Piñera ¿Qué va a ocurrir? ¿Podría llegar a foja cero o ustedes se van a encargar de resguardar para que esto no ocurra y no se contamine políticamente esta discusión?
“Yo creo que la discusión, no el texto legislativo, ya está contaminada políticamente, porque cuando la gente habla del proyecto de ley y lo entiende, se le olvida algo que es fundamental, porque aquí se defiende a los titulares de los derechos de agua, pero, ¿cuántas personas tienen problemas de saneamiento? Yo diría que fácil un millón y medio de personas, y a ellos, ¿quién los defiende?. Me parece muy bien que saquemos la voz por los que tienen resuelto su problema, porque son dueños, son titulares de derecho, pero ¿qué pasa con el resto?”.

 

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