“Vamos a mantener nuestras inversiones para contribuir a enfrentar los impactos económicos de la crisis social”

El jueves pasado Antofagasta Minerals anunció un aumento en el ingreso ético que deben recibir los trabajadores de las empresas colaboradoras que prestan servicios permanentes dentro de las operaciones del Grupo. A partir de enero, ningún empleado de estas compañías podrá ganar menos de $500.000 brutos mensuales, lo que en el caso Minera Los Pelambres beneficiará a casi 1.000 trabajadores.

Mauricio Larrain, gerente general de Minera Los Pelambres,  resaltó que la medida se concreta como una forma de impulsar mejores condiciones laborales para quienes colaboran en los procesos productivos de sus operaciones. “Creemos que tenemos un rol importante que cumplir en la búsqueda de soluciones para abordar las demandas de mayores oportunidades”, explicó Larraín.

Y si bien en los primeros días del estallido social Los Pelambres también fue blanco de algunos ataques por parte de un pequeño grupo, hoy mira optimista el 2020, manteniendo sus planes de inversión y con ello las oportunidades laborales comprometidas para trabajadores de la región de Coquimbo.

Larraín subrayó que el 2007 Antofagasta Minerals fijó un ingreso ético para trabajadores contratistas de sus operaciones, “el que establece un mínimo que deben pagar las empresas colaboradoras a sus empleados cuando trabajan de forma permanente dentro de algunas de sus compañías. Se trata de un ingreso superior al sueldo mínimo, el que hoy está fijado en $435.000 brutos al mes. Hemos decidido reajustar el monto exigido para este ingreso ético. A partir de enero de 2020, nadie que trabaje de forma permanente en nuestras operaciones y oficinas podrá tener una remuneración bruta mensual menor a $500.000 brutos. A este salario se agrega la gratificación legal y otras asignaciones acordadas entre los trabajadores contratistas y sus empleadores directos. También introdujimos mejoras en los beneficios asociados a seguros de vida y salud”.

-¿Cuáles son esas mejoras, considerando que la salud es una de las principales demandas del movimiento social?

“Aunque ya estaba vigente en muchos contratos, toda empresa colaboradora de Antofagasta Minerals debe ahora acreditar que cuenta con un seguro complementario de salud para el trabajador y su grupo familiar por un mínimo de 500 UF al año. Además, deben contratar un seguro de vida por muerte accidental de al menos 1000 UF.  Para asegurar que estas nuevas condiciones sean un estándar formal, estamos incorporando estos cambios tanto en nuestras bases de licitación como en nuevas cláusulas en los contratos ya vigentes.  

-¿Qué los motivó a realizar estos cambios?

“Como Grupo Minero no somos indiferentes a las demandas sociales por cambios y mayores oportunidades que se han expresado en nuestro país. Al contrario, creemos que todos podemos colaborar y que tenemos un rol importante que cumplir. Por ello estamos impulsando iniciativas que persiguen generar mejores condiciones para quienes trabajan en los procesos productivos de nuestra operación. Nuestro propósito como grupo minero es desarrollar minería para un futuro mejor y, desde ese punto de vista, creemos que podemos aportar a generar mayores oportunidades.

Además, como la gran mayoría de los trabajadores beneficiados con estas medidas son nuestros vecinos, estos cambios nos permitirán contribuir a la recuperación de la economía local. Son recursos que ayudarán a muchas familias a comenzar mejor el 2020”.

Inversiones intactas

-Se ha visto una ralentización de las inversiones producto de la crisis social que enfrenta nuestro país,  ¿qué sucede con el proyecto INCO?

“Nosotros vamos a mantener nuestras inversiones, porque entendemos que es una forma de colaborar para enfrentar la crisis social. Al inicio de la crisis tuvimos que hacer algunos ajustes en los avances del proyecto producto de las movilizaciones, para resguardar la seguridad de todas las personas, lo que pudimos recuperar en las semanas siguientes. Estamos avanzando de acuerdo a lo planificado, tanto desde lo constructivo como del cumplimiento de los compromisos sociales voluntarios que propusimos”.

¿Cuál es el avance que lleva el proyecto?

“A la fecha llevamos un avance del 29%, con obras visibles en el sector de la planta concentradora de Chacay, donde estamos trabajando en la ampliación del acopio de mineral y generando las plataformas para instalar los equipos de la nueva línea de molienda, además de la construcción del campamento Chacay 2. En Los Vilos ya iniciamos las obras relativas a la plataforma de la planta desalinizadora y de los futuros campamentos”.

 El ejecutivo enfatizó que  la proyección es que INCO esté completamiento operativo el año 2022, “lo que nos permitirá una mayor seguridad hídrica y recuperar producción que hemos ido perdiendo producto de la mayor dureza de los minerales.

-¿Qué pasa con el compromiso de contratación de mano de obra local?

“Ese es un tema en que hemos puesto especial cuidado, que estamos monitoreando permanentemente. Tememos el compromiso de que al menos un 30% de los trabajadores sea de la provincia del Choapa y de la región. Hasta ahora estamos cumpliendo, con 32% de los trabajadores, aunque queremos hacer esfuerzos para aumentar este porcentaje, entendiendo que este proyecto es dinámico y que las obras constructivas se intensificarán en el futuro.

Enfrentando la sequía en conjunto

-La escasez hídrica que enfrenta el país, y que llevó a decretar zona de emergencia agrícola a la región de Coquimbo, entre otras regiones, ha generado impactos importantes en el Choapa. ¿cómo están abordando ese tema?

“La eficiencia en el uso del agua es un tema clave para nosotros. En nuestro proceso privilegiamos la recirculación, la que alcanza un 85%. Es decir, de 100 litros que requerimos, 85 provienen de aguas que ya hemos utilizado anteriormente y 15 corresponden a agua fresca. Somos una de las operaciones mineras con la mayor tasa de recirculación de la industria y nuestro desafío es seguir avanzando en esta línea, para lo cual estamos desarrollando una serie de iniciativas que buscan reducir pérdidas y hacer más eficiente nuestro proceso, y también transfiriendo conocimiento, buenas prácticas y tecnología a las comunidades que demandan para sus actividades productivas. Junto a esto estamos avanzando en la construcción de nuestra planta desalinizadora, un compromiso asumido con la comunidad que es parte del proyecto INCO, la que proyectamos esté en operación el año 2022, pudiendo enfrentar de mejor forma los requerimientos futuros ante escenarios de sequía como el actual”.