Durante este año se han aprobado tres iniciativas relacionadas con el desarrollo sustentable de Chile: La Ley de Transmisión Eléctrica para producir energías más limpias y a menor precio, la creación del primer Parque Nacional de la Región Metropolitana y la Ley de Fomento al Reciclaje o Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Respecto de la REP, debemos entenderla como un instrumento económico establecido para la gestión de los residuos, que tiene por objeto que los productores de aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas, todos considerados como prioritarios, cumplan determinadas obligaciones destinadas a proteger la salud de las personas y el medio ambiente. En esa línea, deberán inscribirse en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes; organizar y financiar la recolección, almacenamiento, transporte y tratamiento de los residuos de sus productos, a través de los sistemas de gestión existentes y autorizado; y cumplir con las metas de recolección y valorización, entendiéndose esto último, como la reutilización, reciclaje y valorización energética de un producto.
Al mismo tiempo, esta nueva Ley viene a formalizar el negocio de los residuos, creando un mercado e integrando a nuevos actores como los generadores y gestores de residuos; permitiendo la utilización de modernas tecnologías, disminuyendo la contaminación y creando valor en la economía, como asimismo, nuevos emprendimientos y empleos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, se debe considerar que el incumplimiento de las obligaciones de la REP, será sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente, aplicando desde una amonestación por escrito hasta una multa de 10.000 UTA.
Ahora bien, mientras no se dicte el Decreto Supremo que establezca las metas de recolección y valorización, los productores podrán celebrar voluntariamente Acuerdos de Producción Limpia, como recientemente lo hicieron empresas importadoras de baterías, para el manejo de aquellas que ya no están en uso. Esto permitirá que asociaciones gremiales de productores, diseñen y operen un sistema de gestión colectivo de residuos, comuniquen y eduquen a otros actores del mercado y recopilen información de utilidad para el futuro Decreto Supremo. Todo esto es solo un avance para la gestión ambiental en Chile, ya que su desarrollo, depende de la eficaz aplicación de esta norma y de la proactividad de todos los actores.
Enrique Gillmore Carmona
Abogado
Magister en Derecho Ambiental y Recursos Naturales
