Carlos Galleguillos, seremi de Justicia: “Estos cambios vienen a solucionar los problemas que ha presentado el sistema”

En lo que era una prioridad para el actual Gobierno, finalmente el día lunes se promulgó la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público. Con la nueva normativa, la dotación de funcionarios aumenta en 577 trabajadores, entre fiscales y abogados, con lo que se pretende elevar la persecución penal, incrementar la atención de los usuarios y, además mejorar las condiciones laborales de quienes integran la institución. 

En este sentido, representa un logro para las autoridades. Por ello, el seremi de Justicia de la Región de Coquimbo, Carlos Galleguillos, hace una positiva evaluación del nuevo marco regulador que regirá al órgano persecutor. 

-¿Se valora positivamente, tomando en cuenta el tiempo que demoró en ver la luz?

“Claro. Hay que señalar que esta es una ley que estuvo durante mucho tiempo en discusión al interior del Congreso, que fue evolucionando, que el Gobierno de la Nueva Mayoría le agregó nuevos contenidos con el fin de que fuese una realidad como lo es ahora. En primer lugar se va a poder elevar el nivel de la persecución penal en todo el país, se incrementará el número de atenciones del Ministerio Público en esta persecución penal y también, con ello, se permitirán mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios. Aquí estamos hablando de más de 577 nuevos abogados y otros profesionales que van a realizar diferentes trabajos, con lo que también se busca generar una atención más cercana a las víctimas del delito”. 

-¿Esta Ley viene a descongestionar un sistema que estaba colapsado? Eso era lo que acusaban los fiscales en su minuto…

“Eso había sido una manifestación de la asociación de fiscales a nivel nacional y obviamente hay una gran cantidad de trabajo que ellos tienen que manejar día a día. Precisamente la ley viene a tratar de contrarrestar esa situación, pero además viene a salvar ciertas problemáticas que se presentaban con anterioridad y esto dice relación con la creación de una Unidad de Análisis Criminal y de foco investigativo que va a poder concentrar profesionales en ciertas áreas como son el estudio del comportamiento criminal de ciertas personas, sobre todo en el estudio de delitos que no tenían imputados conocidos”. 

-Entonces, ¿disminuirá la carga de los funcionarios del Ministerio Público? Particularmente la de los persecutores…

“Claro. Porque además de contar con nuevos abogados, ahora el asistente del fiscal tendrá la posibilidad de litigar ante los juzgados de garantía previa delegación del poder por parte del fiscal, lo que obviamente disminuirá la carga laboral de todos los que tenían que asistir a las audiencias. Lo que no se va a dar respecto de los que tengan que asistir al Tribunal Oral en lo Penal, es decir a los juicios orales, pero sí a los juzgados de garantía, lo que es bastante, porque recordemos que no todos los procesos llegan a juicios orales”. 

-Es decir, ¿el fiscal ya no tendrá qua acudir a los procesos previos, antes del juicio oral?

“Pueden acudir los fiscales o los asistentes de los fiscales, siempre que se les delegue esta facultad por parte del fiscal que esté a cargo, con esto evidente que se le facilita el trabajo al fiscal”. 

-Que el cambio venga a 10 años de la implementación de la Reforma Procesal Penal, ¿es una señal de que había un mal diseño inicial, o tiene que ver con los cambios naturales de la sociedad? 

“Lo que se puede decir en este sentido, es que el sistema después de la Reforma, sin duda que si uno lo mira en comparación a lo que teníamos antes fue un avance, en todos los aspectos. Pero obviamente, como todo cambio que se lleva adelante, el sistema procesal penal tuvo algunas complicaciones en estos 10 años, y lo más probable es que las siga teniendo pero estos cambios vienen a solucionar los problemas que ha presentado el sistema. Eso es lo que se está haciendo ahora y tiene que ver necesariamente con ir adecuándose a los nuevos tiempos”. 

-La ley también trae aparejada una modernización…

“Por supuesto. Casos que muchas veces antes se archivaban, hoy día podrán ser investigados. Por ejemplo, se llega a una casa a un robo y no se puede determinar el responsable de ese robo, ahora esa información se va a canalizar y los profesionales van a poder hacer análisis de cuáles son los patrones de conducta que se utilizaron y compararlos con otros patrones de conducta para poder cruzar datos y poder hacer la persecución de ese tipo de delitos donde no hay imputado conocido. Para esto son las unidades de Análisis Criminal”.

-Pero, pese a todos los avances, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán ha dicho que no es lo ideal… 

“Bueno, siempre las leyes pueden ser mucho más óptimas de lo que se espera, pero eso se tiene que conjugar con la situación que vive el país, con los recursos disponibles. Nosotros creemos que esta es una buena ley que fortalece el sistema procesal penal ya existente, pero también tenemos que tener en claro que esta es una línea de trabajo que viene a fortalecer a otras, todo en la línea del mejoramiento de la seguridad pública”.