El complejo camino hacia la reinserción de los condenados en caso Carabineros

Parecía ser un triunfo rotundo para la defensa, pero no lo fue del todo. Y es que cuando el martes 12 de septiembre se dio lectura al veredicto en el caso Carabineros, y se absolvió del crimen de robo con homicidio a los seis acusados por la muerte de dos funcionarios policiales -en un hecho ocurrido en noviembre del año pasado- y a cambio sólo se les condenó por los delitos de robo de vehículos y receptación, se pensó que las penas serían mucho menos drásticas de lo que finalmente fueron, y, de hecho, para muchos, incluso los que tenían más de 18 años al momento de la tragedia, en el sector del cruce Apatitas, en Pan De azúcar, podrían cumplir la condena en libertad. Sin embargo, aquello no ocurrió.

Según quedó establecido en la sentencia dada a conocer el día jueves 21, si bien tres de los cuatro menores tendrán la posibilidad de pagar sus culpas a través de un régimen de libertad asistida especial que durará tres años, y uno de ellos deberá cumplir con ocho años en régimen semi cerrado, los dos mayores -Bastián Díaz (19) y Dixon Saavedra (20)- no corrieron con la misma suerte y fueron condenados a ocho años y 300 días y 6 años y 300 días de pena efectiva respectivamente, sin derecho a ningún tipo de beneficio extracarcelario.

CONDENAS CONCRETAS, RECURSOS PENDIENTES.

Más allá de que tras la lectura de la sentencia todavía quedan pendientes los recursos de nulidad que presentará la fiscalía que pretende realizar un nuevo juicio y también los que interpondrá el abogado defensor de Dixon Saavedra (Carlos Silva)  y eventualmente la Defensoría Penal Pública por Bastián Díaz, ya que consideran que las penas fueron demasiado altas, lo concreto es que hoy por hoy los tribunales han resuelto y los entes competentes se preparan para activar las redes respectivas en las que se moverán los seis tristemente célebres protagonistas de uno de los hechos policiales más bullados de la década en la Región de Coquimbo. 

¿EL “REMEDIO” ES LA CÁRCEL?

“Mi hijo cometió un error y debe pagar, pero si pasa seis años en la cárcel, va salir muy mal”. Estas fueron las palabras de Angélica Cortes, madre de Dixon Saavedra, uno de los jóvenes que deberá cumplir la pena en la cárcel.

Claramente la mujer está convencida de que la posibilidad de que logre reinsertarse en la sociedad después de esto son pocas y lo mismo piensan en la familia de Bastián Díaz, conductor del automóvil quien también estará ocho años tras las rejas sin poder obtener beneficios.

Y es que si bien las cárceles en Chile tienen políticas para rehabilitar a los antisociales para que una vez que salgan logren rehacer sus vidas y contribuir y ser un real aporte a la sociedad, hay quienes señalan que los recintos penitenciarios son “verdaderas universidades del delito”. Y aunque nadie podría aseverar que esto sea cierto, existen cifras que tienen a avalar esta realidad.

Según concluyó un estudio de la Fundación Paz Ciudadana y de la Universidad Adolfo Ibáñez del año 2013 un 61% de los condenados que pasan más de dos años privados de libertad en algún recinto penal del país vuelven a delinquir.

Además, se establece que la reinserción social es más efectiva en un delincuente que cumple con una medida alternativa al que lo hace en el encierro.

DISPOSICIÓN A LA REINSERCIÓN

Pero desde Justicia aseguran que se ha ido avanzando en esta materia y que hoy en día el trabajo que se hace con los reclusos es mucho más efectivo, por lo que, tanto Dixon Saavedra como Bastián Díaz, tendrían las posibilidades de reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan sus condenas, claro, “si ellos así lo desean. Lo que pasa es que esto depende de la voluntad que tenga la persona al interior de la cárcel, si se vuelve receptiva a los beneficios intrapenitenciarios, probablemente después no reincida, pero si se mantiene en una actitud refractaria al sistema, esta va a continuar afuera una vez que cumpla su condena”, inda el seremi de Justicia Carlos Galleguillos.

En este sentido la autoridad insiste en que “nosotros contamos con programas de nivelación de estudios y también en materia de determinados oficios y empleos. En Huachalalume, por ejemplo hemos iniciado una alianza con  el Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) y con empresas privadas como Ecomac para facilitar la reinserción y preparación para el trabajo”, enfatiza.

Pero el seremi admite que lo más trascendental está en el proceso psicológico del interno. “Lo más importante es generar la intervención psicológica, para generar el proceso de convicción en el interno de entender que la única forma en la que él va a tener una oportunidad una vez en el medio libre es adaptarse a él. Tenemos que desarrollar esas habilidades blandas, generar el sentido de la responsabilidad, el cumplir ciertos mandatos a los cuales todos los ciudadanos estamos sometidos y ahí yo creo que tenemos los medios adecuados que nos permite encaminar a estas personas. Pero te insisto, aquí hay un tema de voluntad del condenado”, asegura Galleguillos.  

“UN MAL ENFOQUE”.

Pero la psicóloga de la Universidad Católica del Norte, Marisol Urrutia tiene otra visión. Ella es de las que piensa que la rehabilitación en las cárceles del país es muy difícil sobre todo por la contaminación criminógena que se produce en los recintos penales y a la que estarían expuestos los condenados en el caso Carabineros, quienes, en su mayoría ya venían de ambientes en dónde es difícil escapar del círculo de la delincuencia. “Lo que yo pienso con respecto a esto es que las políticas de reinserción social y rehabilitación en Chile están muy mal planteadas. Tenemos una cultura que es más tendiente a castigar que a rehabilitar y eso a la larga va a repercutir en las cifras de reincidencia delictual, que está ligada a la contaminación criminógena que existe en las cárceles donde los internos jóvenes, como es este caso, al final salen con conocimientos delictuales, con costumbres que los van a perjudicar”, manifiesta la profesional.

PENAS EN LIBERTAD, UN PROCESO COMPLEJO. 

Hasta ahora los cuatro menores de edad cumplirán las condenas en libertad, pero si llegan a cometer otro ilícito durante los tres años que dure la pena, deberán, de inmediato, pagar en un centro cerrado. Esto, tanto para los tres que estarán bajo el régimen de libertad asistida especial, como para el joven que cumplirá  en un centro semi cerrado dependiente del Sename. 

Claro, a diferencia de los dos casos anteriormente descritos, donde los condenados quedan a cargo de Gendarmería de Chile, aquí es el Servicio Nacional de Menores el que toma la posta.

Según explica la directora regional de la entidad, Verónica Zárate, ellos aún no han sido notificados de que deben a comenzar a trabajar con los menores, ya que todavía falta que se resuelva la eventual nulidad del juicio. Sin embargo, están consiente de que será un trabajo complejo para la red, aunque confía en que se podrán obtener buenos resultados.

“En cuanto nosotros tomamos conocimiento de estos casos, tenemos que activar la red. En el caso de la libertad asistida especial, esta es administrada por instituciones colaboradoras nuestras, y participa un psicólogo y un asistente social por cada caso, que son los que elaboran un plan de intervención de acuerdo a las necesidades de cada joven”, manifiesta Zárate.

Pero hay objetivos que cumplir y en ese sentido se trabaja en grandes líneas de acción una vez que se elabora la evaluación personal de cada individuo. “Una de las metas es que el joven se responsabilice del daño causado, que empatice y visibilice el daño causado. También hay otra línea de trabajo que es la reparación porque muchas veces tienen historias de vida que los ha perjudicado. Aquí se intenta mejorar sus habilidades sociales para que puedan reinsertarse y pasar a una vida más pro social”, indicó.

Precisó que el tratamiento es integral y que el condenado no puede negarse a asistir a los programas que le indiquen sus tutores. “El trabajo de libertad asistida es de alta intensidad con el menor. Incluye un gran compromiso con la intervención, puede incluir citas domiciliarias, y si el adolescente no cumple deberá responder al tribunal, porque existen audiencias de cumplimiento en donde el joven tiene que comparecer y si no ha respondido puede haber un quebrantamiento de pena en el que puede pasar a un centro cerrado y un centro semi cerrado”, sostuvo.

EN EL SEMI CERRADO.

En el caso del joven que podrá cumplir su pena en libertad, pero no bajo el régimen de libertad asistida especial sino con régimen semi cerrado, la directora regional del Sename, explicó que, al igual que los otros menores de edad se elabora un plan de intervención, de acompañamiento y vigilancia, pero la diferencia es él debe concurrir a pernoctar todos los días a un centro de la entidad. “Es muy similiar todo. También hay un trabajo con la familia para generar el apoyo necesario, ser derivados a los centros de tratamiento respectivos necesarios. Y desde luego que hay un seguimiento por parte del tribunal porque en caso de no cumplir se les quitan los beneficios”, expresó Verónica Zárate.

EL DESAFÍO

Pero, ¿qué garantiza que los jóvenes no incurran en delitos mientras no están bajo vigilancia? La respuesta por parte del Sename es clara. Y es que si bien no existen garantías, asegura que en el 60% de los casos los adolescentes respetan los beneficios y no reinciden, al menos durante el tiempo que dura la condena.

El desafío estaría entonces en lograr que, efectivamente, una vez que han enfrentado este proceso, no vuelvan a delinquir. En esa línea, la psicóloga Marisol Urrutia, cree que la clave está en los valores que puedan adquirir mientras están con los profesionales que estarán a cargo de sus custodias. “Hay que hacer un trabajo fundamental acá que tiene que ver con aspectos blandos, de cómo ellos van a aprender a enfrentar a la sociedad después de lo ocurrido, porque puede repercutir en sus conductas posteriores. Hay un proceso de sanación que ellos tienen que tener porque pueden ser sindicados con el dedo por lo que pasó y ellos también tienen en sus conciencias la culpa de lo ocurrido, por eso es fundamental el acompañamiento que tengan, tanto del Sename como de la familia”, sostuvo la profesional.

Cierto, si bien, tal como lo dijimos al comienzo, todavía queda la instancia de nulidad en la que las condenas de los seis involucrados en la muerte de dos funcionarios policiales podrían cambiar, en lo concreto es que en algún momento deberán responder penalmente por sus actos, y, según asumen las autoridades, el desafío está en lograr que una vez que paguen, logren reinsertarse en una sociedad que, generalmente, los rechaza.