Defensa de condenado en caso monjas estudia reapertura

El pasado jueves se cumplieron 18 años de uno de los hechos policiales que más ha marcado a la Región de Coquimbo. Se trata del Caso Monjas ocurrido el 17 de octubre del 2001 cuando un individuo ingresó al colegio Óscar Aldunate Abott de Las Compañías atacando a golpes e hiriendo con un corvo a las religiosas Lita Castillo y Natalia Acosta para luego huir del lugar y al rato volver con un bidón de combustible, incendiando la habitación donde se encontraba la hermana Lita.

El resultado fue trágico. Al cabo de un mes, producto de las quemaduras, la religiosa Castillo de nacionalidad peruana falleció, mientras que Natalia quedó con graves lesiones en su cuerpo las que sólo pudieron sanar con el paso de los meses.

Dos individuos fueron condenados por estos hechos: Carlos Vivanco y Armando Tapia. El primero pasó 15 años en un recinto psiquiátrico en Putaendo y a la fecha se encuentra como hombre libre internado en un establecimiento mental ya que la esquizofrenia que sufría le ha provocado un evidente deterioro en su salud.

Tapia, en tano, pasó siete años en la cárcel y ahora vive con su hermana y su cuñado en su casa de Las Compañías, desde donde su familia, en conversación con Diario El Día insiste en su inocencia.

Acciones concretas

Fue en el mismo reportaje en el que resurgieron las voces a favor del sujeto que para muchos, sólo estaba en el lugar incorrecto, en el momento menos indicado. Tanto su abogado defensor Raúl Castillo, como el sacerdote Manuel Hervia, quienes estuvieron de su lado públicamente durante el juicio llevado a cabo en el 2003 y también durante la investigación previa, deslizaron que había existido un montaje alrededor de la condena de Armando Tapia, quien padece de un retraso mental moderado.

Consultado nuevamente, Castillo da un paso más allá y  anuncia que tras 18 años estudiará el caso para ver la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema para reparar el mal causado tanto a la familia como al propio condenado.

El abogado precisa que existe la posibilidad, y que eventualmente harán uso de ella. “De acuerdo al artículo 473 del Código Procesal Penal se puede revisar la sentencia condenatoria respecto de una persona que ha sufrido o que está sufriendo una condena”, precisa. Esto significa que el máximo tribunal puede reabrir los fallos incluso cuando se encuentren a firmes, si se reúnen determinadas características. “Aquí recurriríamos a la letra B de este artículo, que dice que cuando ocurriere algún hecho o apareciera algún documento desconocido durante el proceso que fuera de tal naturaleza que bastare para establecer la inocencia del condenado’ se puede presentar el recurso”, expresa Castillo.

¿Qué nuevo podría aparecer? 

Más allá de las “irregularidades” que, según dice el abogado, existieron en el proceso que  condenó a su defendido, el argumento para solicitar una revisión y posterior reapertura del caso se basa en un testimonio que  nunca pudieron obtener y que hubiese sido lo suficientemente revelador para que la suerte de Armando Tapia fuese distinta. “Siempre uno está atento a algún antecedente nuevo, y son muchos los que pueden servir, pero lo más concreto es el que existió el caso de una religiosa que la sacaron del país poco antes del juicio, ella hubiese estado dispuesta a declarar en favor de Armando Tapia en relación a que existió un solo individuo, pero la enviaron a otro lado antes de que pudiese prestar declaración, su testimonio hubiese sido clave y no nos explicamos por qué se la llevaron justo antes del juicio”, precisó Castillo, agregando que estudiarán todas las posibilidades jurídicas a la mano para poder “hacer justicia”, aunque hayan pasado 18 años.

Una percepción generalizada

El sacerdote Manuel Hervia entregó datos que está dispuesto a aportar en una eventual nueva investigación y que, cree, ahora sí podrían ser tomados en cuenta. “Yo me entrevisté con Carlos Vivanco y él me confesó que no conocía a Armando Tapia, que él había actuado solo (…) La hermana Lita también me lo dijo. Entonces, lo que yo creo es que aquí esto se debiese reabrir y esta familia recibir algún tipo de compensación por parte del Estado”, indicó ex párroco de Las Compañías.

Los periodistas que estuvieron presentes y que reportearon durante todo el proceso el caso monjas, tuvieron la misma percepción que Hervia y el abogado. Mientras el caso más avanzaba, más se convencían de que Tapia no había cometido ningún delito.

El profesional Óscar Rosales cubrió para Diario El Día el hecho policial y cuenta que vio situaciones que no se adecuaban a la norma que estaba entrando en vigencia, como lo era la Reforma Procesal Penal. “Un ejemplo es la detención de Tapia, que hoy en día los tribunales la rechazarían de inmediato. Carabineros fue a su casa y le dijeron que lo andaban buscando porque necesitaban que les hicieran ‘una peguita’, es decir, salió engañado de su domicilio, lo llevaron al retén y ahí lo detuvieron. Si eso ocurriera el día de hoy, el juez lo dejaría en libertad de inmediato, porque es un procedimiento que está mal hecho”, enfatizó, agregando que “no se ahondó mucho en este procedimiento, por la presión que existía. La Reforma Procesal Penal estaba partiendo y necesitaba un caso de esta categoría. Se estaba compitiendo con Temuco, donde también se estaba se implementando la reforma, y todo eso significó que apresaran rápidamente a una persona sin las pruebas suficientes”.

Rosales también revela un episodio desconocido que da cuenta del nivel de presión que ejerció la Iglesia Católica en ese momento para que se condenara a Tapia. Durante una audiencia, dice el periodista, el arzobispo de La Serena, Manuel Donoso, quien estaba como público en el juicio simplemente pidió la palabra y se la dieron. “El arzobispo subió a hablar como testigo simplemente pidiendo la palabra, algo que no estaba dentro de la legalidad. Eso yo lo consigné en una de mis notas y eso debe haberle molestado mucho a él. Ahora, como la reforma estaba partiendo los jueces en ese momento y también los fiscales deben haberse descolocado con la acción de monseñor. Eso pasaba en aquel tiempo, porque si hoy en día el presidente de la República levanta la mano para hablar en un juicio no se lo van a aceptar”, expresó el periodista quien confiesa que hasta el día de hoy mantiene la convicción de que se condenó a un inocente.

La también periodista Carolina Gajardo, en el 2001 se desempeñaba como reportera de Televisión Nacional de Chile Red Coquimbo y tuvo la oportunidad de seguir de cerca el caso. A ella lo que más le llamó la atención, como a la mayoría de los reporteros, fue la actitud de un acusado respecto del otro. Mientras Vivanco parecía ser un hombre totalmente normal y físicamente apto para saltar muros y llegar hasta el dormitorio de las monjas, Tapia presentaba un retraso mental evidente, era pequeño y torpe en sus movimientos, por lo que, desde el principio le pareció poco probable que hubiese actuado según lo que finalmente dictaminó la sentencia. “Todo era muy extraño respecto a esta persona. En la reconstitución de escena el tipo estaba tiritón, lo llevaban y traían de un lugar a otro, y daba pena porque él no sabía qué hacer. Estaba asustado y se veía muy vulnerable”, expresa Gajardo.

Un paso difícil

Pero más allá de las percepciones, para que ocurra lo que estudiará el abogado Castillo y se pueda presentar la revisión del caso, los antecedentes deben ser sumamente convincentes. Así lo expresa otro abogado penalista, José Miguel Riquelme quien señala que el artículo 473 del Código procesal penal es sumamente restrictivo. “El recurso de revisión es sumamente restrictivo y tiene muchas limitantes. Es decir debe ser muy específico, habitualmente se ocupa la letra B del artículo que tiene que ser por el surgimiento de nuevas pruebas. En el fondo hay que ser súper responsables cada vez que se presenta un recurso como este, y si uno ve en principio que no se va para ningún lado, no presentarlo”, concluyó.