Defensa de imputado en accidente fatal acusa responsabilidad de las víctimas

Era la audiencia número 22  que se llevaría a cabo en la sala 1 del Juzgado de Garantía de La Serena, sin embargo, a las nueve de la mañana los intervinientes ya estaban en las dependencias del edificio de justicia. 

La expectación era grande, y se entiende. El procedimiento a realizarse era la esperada preparación de juicio oral correspondiente al caso del fatal accidente del Puente Zorrilla ocurrido la madrugada del día sábado 27 de abril del 2019, a las 05:00 horas, cuando una camioneta conducida por un individuo en estado de ebriedad impactó el vehículo donde se trasladaba la familia Garrido Traipe, quienes iban desde Las Compañías a Coquimbo. 

Los resultados fueron terribles. El padre de familia, Miguel Garrido, chofer de la línea 39 de colectivos, murió instantáneamente, mientras que los dos menores, Mery Danae (8) y Jean Pierre (13) salieron eyectados por el parabrisas, quedando gravemente heridos. Horas más tarde, el adolescente de 13 años no resistiría, falleciendo en el hospital San Pablo de Coquimbo. 

Mery Danae, por su parte, tras pasar meses internada al borde de la muerte, continúa luchando por su vida, aunque se mantiene en estado vegetal y con un incierto futuro. Ha sido la madre, Joselyn Traipe, la única ocupante del automóvil que logró salvar con lesiones de menor consideración, quien ha tenido que sobre llevar este proceso, debiendo cuidar a la pequeña y, además, luchar para que se haga justicia por su hijo mayor y su esposo. 

La hora clave

Joselyn también llegó a los tribunales en este día clave, y lo hizo acompañada de amigos y familiares, junto a quienes esperó cerca de dos horas antes de que le tocara su turno de entrar a la sala. Prefirieron no hablar con la prensa antes de que se llevara a cabo el proceso. 

Por el lado del imputado, arribó al lugar una hermana quien ha estado presente en audiencias posteriores. 

Recién cerca de las 12:00 horas un funcionario de Gendarmería anunció que se revisaría el caso 22, el que todos, incluida la prensa, se encontraban esperando. 

El juez de Garantía Rodolfo Maldonado procedió a individualizar a los intervinientes. Por la defensa del imputado compareció la defensora privada María Francisca González, quien tomó lugar al lado de su cliente quien ingresó esposado a la sala. 

En tanto, por la parte acusadora intervino el fiscal Germán Calquín y el abogado querellante particular, Raúl Castillo. En calidad de víctima, también tomó lugar al lado de los intervinientes Joselyn Traipe. Finalmente había llegado la hora. 

Acusación y defensa

El primero en tomar la palaba fue el fiscal quien, en resumidas cuentas, solicitó una pena de 15 años para el imputado, por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, en dos casos, y además, por haberse dado a la fuga sin prestar auxilio o socorro a las víctimas. 

Castillo, en tanto, el abogado querellante solicitó una pena única de 20 años por dos delitos de manejo en estado de ebriedad causando la muerte, otro delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y otro de manejo en estado de ebriedad con lesiones graves gravísimas, sumado al ilícito de no prestar auxilio o socorro tras el accidente. 

La defensora María Francisca González no hizo alusión a las penas exigidas, y pese a que en la previa se especulaba que presentaría algún recurso para no llegar al juicio oral, asumió que el proceso era inevitable, sin embargo manifestó explícitamente que durante los alegatos cuestionarán la legalidad del proceso de obtención de pruebas, ya que, según su tesis, los primeros testimonios fueron tomados por Carabineros a familiares del imputado sin manifestarles que podían guardar silencio debido al parentesco.

Por otra parte, también defenderán el hecho de que el individuo no podría asumir la responsabilidad total en las muertes y los daños provocados en las víctimas, ya que también habría influido el hecho  de que no se tomaran las medidas de seguridad adecuadas dentro el vehículo impactado. Supuestamente, los ocupantes no llevaban puestos los cinturones de seguridad ni las sillas para niños o alzadores. 

Definiendo pruebas

Tras los primeros planteamientos de las partes, vino el proceso de validación de las pruebas que se presentarán durante el juicio. En esta parte, la defensa solicitó que se excluyeran ciertos elementos relacionados con documentación, lo que no fue acogido por el tribunal.

Luego objetó el material recopilado por los peritos del Ministerio Público, aduciendo que los profesionales que habían realizado los estudios no acreditaron su idoneidad oportunamente por lo que no se tenía certeza de la calidad de la prueba obtenida. Junto con ello, presentó una segunda solicitud particular de un solo peritaje (en caso de que no se acogiera su primer requerimiento), el que dice relación con el análisis del lugar de los hechos ya que no estaban firmados. 

Tanto la  Fiscalía como el querellante particular refutaron lo planteado por la defensa. En primer término señalaron que no se requería certificar la idoneidad de los peritos en este caso, puesto que se trataba de funcionarios públicos cuya idoneidad ya estaba acreditada y era conocida por el tribunal al desempeñarse en entidades como la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal y Carabineros. 

Respecto a la falta de las firmas en algunos documentos, los acusadores precisaron que sí se encontraban. 

El juez nuevamente rechazó el requerimiento de la defensa del imputado, validando la argumentación de la parte querellante y precisando que además debía ser el tribunal oral el que le otorgara la valoración respectiva a los peritajes llamando a estrado a los peritos y constatando su idoneidad. En relación a las firmas, efectivamente se encontraban en la documentación entregada. 

"Ligereza de peritajes"

Cuando llegó el turno de la parte acusadora de plantear sus requerimientos en relación a las pruebas de la defensa, el abogado querellante Raúl Castillo efectuó una dura argumentación respecto de los peritajes y videos elaborados por los representantes del imputado. 

Castillo acusó “ligereza” ya que el informe pericial de su contraparte, según él, era “poco serio”. Pero, ¿en qué consiste este informe que constituye la principal prueba para atenuar la culpa del imputado? Según lo explicitado durante la audiencia, se trata de un análisis elaborado por un perito ingeniero en Prevención de Riesgos quien básicamente explicaría cómo, con mayores medidas de seguridad en el automóvil, las consecuencias hubiesen sido menos graves. Esto, acompañado de videos donde se simulan accidentes de tránsito. 

Para Castillo, aquello no podía presentarse como una prueba válida, ya que el perito ni siquiera tuvo la oportunidad de analizar el vehículo involucrado, sino que “se simula una situación ideal” con teorizaciones que no corresponden a la realidad. En esa línea, los videos tampoco serían admisibles debido a que también corresponderían a “situaciones ficticias” y, de acuerdo a lo planteado por el querellante, serían sacados de Youtube estando incluso en otro idioma.

La defensora González contraargumentó de inmediato y precisó que no se había utilizado el vehículo original debido a que en su momento ni el Ministerio Público ni la parte querellante supieron informar dónde se encontraba el automóvil. “Aquí hubo una negligencia que no fue nuestra”, señaló. 

En ese sentido, los videos serían fundamentales para acompañar los peritajes, ya que le darían el sustento y ejemplificarían las situaciones planteadas. 

Sigue a la espera

Precisamente en este punto de la audiencia, el juez determinó que debería reanudarse hoy, a las 12:30 horas, donde comunicará si acoge o no la solicitud de la parte querellante y la defensa puede o no ir con estos peritajes al juicio oral. 

Reacciones

A la salida del tribunal, el abogado Castillo reiteró lo planteado en la sala. “Si se pretende presentar un informe pericial, éste antecedente probatorio debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Aquí no se cumple ningún requisito. Lo que hizo el perito fue ver videos en internet, leer alguna literatura, pero jamás tuvo a la vista ni pudo examinar un vehículo de similares características al del accidente. Esto demuestra una ligereza absoluta”, expresó. 

La abogada María Francisca González, insistió en que aquí hubo una “exposición imprudente de las víctimas al riesgo, por el no uso de cinturones de seguridad para los niños sobretodo, y eso puede reconducir a que el resultado muerte, o resultado de lesiones graves gravísimas no obedezcan solamente a la conducción en estado de ebriedad de mi defendido sino que un obrar que fue propio de las víctimas”, expresó a la salida del tribunal, agregando que “esperamos que los hechos se recalifiquen a una conducción en estado de ebriedad simple y que en definitiva, el resultado de muerte o de lesiones será lo controvertido”, expresó. 

Admitió que de no poder presentar los peritajes, sería un gran problema para ellos, ya que es la principal prueba con la que pretenden demostrar que, “los resultados hubiesen sido muy distintos”. De todas formas, precisaron que cuentan aún “con los recursos procesales para poder invocar en su momento la nulidad del juicio”, puntualizó. 

La víctima

Joselyn Traipe, la afectada quien perdió a su esposo y a su hijo, y que hoy debe cuidar a su hija menor postrada, también entregó su apreciación respecto de lo que plantea la defensa y la pareció terrible.

“No me parece lo que ha pasado aquí. Qué hablen del cinturón de seguridad, o que se las quieran sacar por ese lado me parece que es de una maldad increíble. Las pruebas están visibles, hay personas fallecidas y mi hija está muy mal. Qué más tiene que pasar para que se condene a esta persona, y qué más pueden inventar para poder justificarlo”, expresó Traipe, a la espera de la resolución del juzgado de Garantía el día de hoy, y de la fecha definitiva para dar curso al juicio oral.