Crédito fotografía: 
Leo Fritis
Un fallido comienzo tuvo el proceso penal por el caso de venta de loteos brujos en el que se acusa a tres personas por los delitos de estafa, comercialización irregular de terrenos, y asociación ilícita, que habría afectado a más de 200 víctimas por un monto de alrededor de $2.500 millones. En una audiencia a la que llegó un centenar de personas entre querellantes y víctimas, las magistradas detectaron una serie de errores en el documento de Auto de Apertura señalando que “no era confiable”. Durante la individualización, además, Ximena Burdiles, principal imputada, rechazó la representación del Defensor Penal Público lo que obligó a suspender el inicio del juicio que debiese efectuarse hoy.

Se suponía que todo estaría listo y dispuesto, pero el procedimiento no pudo comenzar. Eran las 08:00 de la mañana de ayer martes y ya comenzaba el movimiento en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena. Allí, en la Sala Número 1 estaba fijada para las 08:30 la primera audiencia del juicio oral por el caso de los “loteos Brujos” y estafa en el que se encuentran imputados como autores Ximena Burdiles y Juan Miranda, y en calidad de cómplice el abogado Flavio Gómez. 

Había expectación, sobre todo por la cantidad de víctimas y testigos que participarían del proceso, 67 y 200 respectivamente, quienes en su mayoría estuvieron presentes en el tribunal. 

Al principio reinaba el hermetismo, y pese a la insistencia de los medios de comunicación, los querellantes preferían no hablar. Más tarde sí lo harían. 

Cuando llegó la hora señalada, los intervinientes ingresaron al salón y acto seguido lo hicieron quienes testificarían. Afuera, esperaban las presuntas víctimas quienes podían observar lo que estaba pasando gracias a la transmisión en directo que se realizó a través del canal del Poder Judicial y que estaba siendo reproducido en las pantallas instaladas en el edificio.  

En sala

Estaban todos -al menos eso creíamos- y sólo faltaban los magistrados que deliberarían en el caso, que tiene una duración estimada de dos meses. “De pie”, dijo el asistente de la sala, e hicieron ingreso las juezas Paola Cortés, María Inés Devoto (presidenta de la sala) y Victoria Gallardo. Ahora sí, no faltaba nadie. Finalmente y luego de un largo camino que comenzó el 2016 con las primeras denuncias contra la empresa Parcons Propiedades llegaba el momento de “hacer justicia”. 

Pero de entrada vinieron los inconvenientes. Cuando los abogados querellantes comenzaron a identificarse, María Inés Devoto de inmediato se percató de ciertas inconsistencias e incongruencias que existían entre el Auto de Apertura dictado por un juez de garantía el pasado 15 de enero en la audiencia de preparación del juicio oral, y lo que le estaban diciendo en ese momento los acusadores y el Ministerio Público. 

Existían una serie de errores respecto al número de querellantes representado por cada profesional, renuncias de patrocinios de poder no informadas debidamente, nombres incorrectos, e incluso el estado civil de la imputada Burdiles era inexacto, ya que figuraba como viuda, siendo casada. La jueza perdía la paciencia poco a poco, y en varias oportunidades recriminó a los intervinientes por su falta de prolijidad, ya que todos debían haber leído el documento previamente y dar aviso de encontrar cualquier error, lo que a todas luces no ocurrió. 

Defensores y renuncia inesperada

Cuando terminó la individualización de la parte querellante, la presidenta de la sala había expresado que el documento de auto de apertura “no le daba ninguna confianza”, por lo que comenzaron a surgir las primeras voces respecto a una posible suspensión, pero nadie daba crédito, aunque el ambiente estaba enrarecido. 

En este escenario, comenzaron a individualizarse los defensores y rápidamente el abogado de Ximena Burdiles, Rodrigo Barrera, defensor penal público, dio pistas de que, además de las dificultades que podrían generarse con un auto de apertura lleno de imprecisiones, podría existir un segundo elemento que eventualmente propiciara una postergación. 

Cuando se presentó, Barrera solicitó a la jueza que le diera la palabra a su representada quien alcanzó a decir que renunciaba a su defensa, antes de que María Inés Devoto le indicara que cualquier solicitud debía realizarla posterior a la individualización de todos los intervinientes. La duda se instaló nuevamente. 

Para la defensa de Juan Miranda se presentaron las defensoras Pía Bustos y María Verónica Castro, de la Defensoría Penal Pública. Y por el imputado Flavio Gómez, Daniel Bertola, abogado particular. 

Ahí vino el momento de las solicitudes y Flavio Gómez pidió tener la oportunidad de ejercer una autodefensa, ya que él también es abogado, lo que fue concedido en primera instancia. Por su parte, Pía Bustos pidió a las magistrados, en atención a la duración del juicio, la posibilidad de una reposición en caso de que una de las dos representantes se ausentase, es decir, poder incorporarse nuevamente al proceso, lo cual está restringido. La solicitud fue denegada por dos votos contra uno y si algún interviniente falta a una audiencia no podrá retomar su función. 

Momento decisivo

Cuando la imputada Ximena Burdiles volvió a tomar la palabra pudo realizar la solicitud formal: por falta de confianza renunció a la defensa de Rodrigo Barrera y expresó que asumirían su representación dos abogados privados que ya habían visto su causa con anterioridad.

¿El problema? Los profesionales se encontraban en Santiago y la jueza Devoto, para poder dar curso a la petición, debía contar con un escrito de patrocinio de poder. Estaba imposibilitada de iniciar el juicio sin que la imputada tuviese una defensa, por ello, ordenó un receso de 20 minutos para subsanar este inconveniente, y de no poder contactar a sus abogados en este lapso, debería asumir la representación de Burdiles otro profesional de la Defensoría. 

Nadie lo quería verbalizar en ese momento, pero pasara lo que pasara, el juicio ya no comenzaría tras el receso. Esto, porque de conseguir comunicarse con los abogados, éstos tardarían al menos un día en llegar a la zona, y de no ser así, la otra opción era recurrir a un nuevo defensor penal público designado por la jefatura regional de la entidad luego de ser oficiados por el tribunal, lo que tampoco es instantáneo. 

Un día más

La información oficial llegaría media hora más tarde. Luego del receso, la magistrado Devoto consultó a Ximena Burdiles si habían logrado contactarse con los eventuales nuevos representantes, y ante la ambigüedad de la respuesta, decretó la suspensión del juicio hasta hoy miércoles, a las 08:30 de la mañana. 

Ofició a la defensoría para que le designaran a otro representante, de no llegar a tiempo los abogados privados de la imputada. 

Indignación

Tras la decisión del tribunal, las víctimas, que se encontraban en gran número en el lugar atribuyeron la postergación a “una estrategia” de la imputada para seguir dilatando el proceso. “Esta señora siempre hace lo mismo. Siempre tiene una excusa para alargar esto.

Nos tiene a todos nerviosos y nos deja en la incertidumbre porque a estas alturas no sabemos qué pasará”, indicó Sara Alvarado. En la misma línea, se expresó Ana Hinojosa. “Esta persona se las sabe por libro. Creo que la jueza debió haber iniciado el juicio de todas formas, porque mañana (hoy) va a buscar otra excusa”, aseguró la también afectada. 

¿Esperable?

Consultada respecto a la postergación, la defensora de Juan Miranda, Pía Bustos, aseguró que no se trataba de una situación normal y que no se lo esperaba. “No es algo que esperáramos, pero el imputado tiene el derecho de solicitar la presencia de un abogado que sea de su confianza, por tanto hay que esperar”, sostuvo. 

Agregó que el proceso en general no debiese verse afectado por un día de postergación. “Al menos al resto de los intervinientes no le debiese afectar en nada respecto a sus pretensiones, salvo la pérdida de un día de audiencia”. 

Respecto a los errores en el auto de apertura, el abogado querellante Ramiro Moya, desligó de culpa a los intervinientes y aseguró que era normal que ocurriera en un juicio de esta magnitud. “El juez que hizo el auto de apertura fue un juez que no había tomado conocimiento de esto, y por lo tanto se produjeron muchos errores, y que no fueron subsanados por las partes, pero son cosas que pasan en un juicio tan voluminoso. Es normal que haya errores”, expresó. 

Explicación

En un juicio que había sido ampliamente difundido por el Poder Judicial en la previa, la jueza Presidenta del Tribunal, quien además es redactora en este caso, Paola Cortés, habló con la prensa explicando los alcances de lo ocurrido.

“La razón trascendental que impidió la realización del juicio fue el que una de las imputadas señaló no tener confianza en el abogado que la representaba. En esas circunstancias la ley la faculta para contar con una defensa de su confianza, pero esta debe estar en el mismo día asumiendo el juicio (…) El tribunal le dio el tiempo de poder contactar a sus abogados, lo que no pudo hacer, por lo que se procedió a oficiar a la defensoría para asignar un nuevo defensor lo que conlleva todo un proceso administrativo, pero mañana (hoy) por la mañana debería estar esa defensa”, sostuvo. 

Respecto a la posibilidad de que vuelva a retrasarse el proceso, admitió que podría llegar a pasar, por lo mismo, hay que esperar a lo que pase el día de hoy. “La ley le entrega el derecho a que la defensa esté preparada. En este caso, no sabemos si la persona que llegue desde la defensoría conocerá la causa o bien pida un tiempo para conocerla. Eso complicaría el inicio del juicio. Pero también es posible que llegue con sus defensores privados los que sí conocerían el proceso de investigación porque estuvieron presentes en otras etapas en este caso. Por eso, insisto tenemos que esperar”, expresó. 

Los hechos

Cabe señalar que este caso corresponde a las presuntas estafas y venta irregular de terrenos cometidos por la empresa Parcons Propiedades, cuyos dueños eran Ximena Burdiles y Juan Miranda. Esta sociedad operó en la zona entre los años 2013 y 2016 y habrían engañado a más de 200 personas por un monto que bordearía los 2.500 millones de pesos. 

El modus operandi era apelar al desconocimiento de los compradores y venderles inmuebles o terrenos correspondientes a “loteos brujos”. Es decir, sectores agrícolas adquiridos legalmente, pero que fueron subdivididos y vendidos de manera irregular, ya que a los hoy querellantes se les dijo que podían construir sus casas en el lugar, algo prohibido por ley. De esta forma, las personas pensaban que estaban comprando un título de dominio pero sólo estaban adquiriendo derechos, algo de lo que se enteraban sólo al momento de ir a realizar la inscripción de la propiedad. 

El exfiscal Peña

Uno de los abogados que llegaría para asumir la defensa de Burdiles sería el mediático ex fiscal Alejandro Peña, quien se hizo conocido en 2010, cuando se desempeñaba como fiscal regional metropolitano sur, y lideró la investigación en contra de 14 supuestos implicados en una serie de bombazos en la Región Metropolitana. Tras una extensa investigación del caso y meses de prisión preventiva, todos los acusados terminaron absueltos y el Estado tuvo que pagar las costas del juicio.

Posteriormente Peña trabajó como asesor de la División de Seguridad de Interior, bajo el mando del ex ministro Rodrigo Hinzpeter. En la actualidad, se desempeña de manera particular. 

 

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