Tribunal rechaza reformalización de cargos en contra de imputados en Caso Carabineros

Un traspié vivió la mañana de este jueves el Ministerio Público en el Caso Carabineros. Esto, luego que en el juzgado de Garantía de Coquimbo el juez Diego Rubí Araya no acogiera la reformalización de cargos solicitada por la Fiscalía, tras la objeción efectuada por la de la defensa de los imputados.

FUERA DEL LIBRETO

Fue a eso de las 08:30 de la mañana cuando los representantes de ambas partes comenzaron a llegar al tribunal, todos en silencio. Claro, había algo de tensión debido a que nadie sabía lo que ocurriría y en el lugar también había algunos familiares de los imputados.

09:00 horas y todo estaba dispuesto. Fiscalía, defensa, prensa y familiares en la sala. Además, pese a que se pensaba que no estarían, se hicieron presentes los seis individuos formalizados por robo con homicidio, quienes a la fecha se mantienen en internación provisoria (los cuatro menores de edad) y en prisión preventiva (los dos mayores).

Se trataba de la audiencia de reformalización solicitada por la Fiscalía, y, por lo tanto, serían ellos los que partirían argumentando.

Según lo que habían declarado con anterioridad a los medios de comunicación, las razones por las cuales pedían esta acción judicial era “precisar” la procedencia de las armas que portaban los sujetos durante la persecución que terminó con la muerte de dos uniformados el pasado 11 de noviembre del 2016. Y es que se había determinado que tanto la pistola a fogueo y la escopeta a postones fueron robadas la noche anterior, antecedente que no fue puesto en conocimiento durante la primera formalización.

Sin embargo, el libreto no se siguió de acuerdo a lo estipulado. Resulta que de entrada, la defensoría objetó el trámite, argumentando que a estas alturas, a un día de que se cierre el plazo de investigación, según ellos, la reformalización no era factible ya que no daba tiempo a la defensa para contrarrestar el nuevo delito de receptación que se agregaría, lo cual, de acuerdo a lo aducido por el defensor penal Washington Fernández, “atentaba contra el derecho a la defensa de los imputados, puesto que se pasa a llevar el debido proceso”.

Otro de los argumentos de la defensa que terminaron por convencer el juez fue el hecho de que hubiese menores de edad involucrados. Es que según la legislación y ciñéndose a tratados internacionales cuando los involucrados tienen menos de 18 años, la investigación no se puede extender por más de seis meses teniendo a los individuos privados de libertad, y en caso de que el juez aceptara la reformalización el plazo debía extenderse muy probablemente sobrepasando este tiempo estipulado por ley.

MINISTERIO PÚBLICO

La fiscalía respondió.  Fue el propio persecutor jefe de Coquimbo Claudio Correa quien explicó que la reformalización tenía por objetivo sólo “precisar” algunos hechos y no “recalificarlos”, e incluso enfatizó en que esto era beneficioso para los imputados y también para la defensa ya que estarían en conocimiento de todos los detalles de las imputaciones.

Y con respecto a excederse de los seis meses, Correa manifestó que en caso de pedir más plazo para la investigación éste no excedería los 20 días, con lo cual no se transgredirían los tiempos legales y junto con ello manifestó que la defensoría tenía conocimiento de que la fiscalía efectuaría esta solicitud desde el día 28 de marzo, por lo que sí habrían tenido tiempo para hacerse cargo de nuevas imputaciones.

LA RESOLUCIÓN

Tras una hora de alegatos –menos tiempo del que se esperaba-, el juez Diego Rubí Araya tomó la decisión: No habría reformalización y todo quedaría tal cual. Enfatizó en que efectivamente la investigación, la cual ya había sido ampliada por dos meses, no podía seguir extendiéndose por haber menores de edad involucrados, y, además, explicó que de autorizar una reformalización se podría producir que comenzaran a pedirse nuevamente y el caso continuara dilatándose.

REACCIONES

Para Washington Fernández, defensor, la resolución del magistrado fue un verdadero triunfo. “Estamos muy contentos porque creemos que el juez ha ejecutado muy bien la doctrina. Aquí no se podía seguir comunicando cargos porque se hace de manera muy tardía. Queda un día de plazo investigativo y cuando a uno le comunican cargo nuevos tiene al menos el derecho a preguntar cuál es la prueba que me incrimina y qué otro antecedente hay que me pueda desvirtuar de la imputación. No era prudente presentar esta reformalización porque se pierde el derecho a la defensa”, indicó.

Por su parte el Fiscal jefe de Coquimbo Claudio Correa insistió en que este trámite inclusive beneficiaría a los imputados ya que precisaba detalles. “Sólo queríamos precisar algunos detalles que habían surgido de la propia investigación, para que los imputados conocieran estos antecedentes y tuvieran derecho a defensa, por eso habíamos solicitado una ampliación de un plazo breve de 20 días, pero el tribunal no lo acogió. Entonces lo que nosotros pretendemos es con la gran cantidad de antecedentes que se han reunido durante la investigación, presentar la acusación y solicitar las condenas por robo con homicidio a los imputados”, concluyó.